En Perú, hacen vida 1.043.460 migrantes venezolanos, según datos registrados por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Sin embargo, sólo 477 mil (19%) cuenta con un permiso de residencia.

Otros 496.095 se encuentran en Perú en calidad de solicitantes de refugio y un sinnúmero presenta situación irregular, por no haber realizado el debido control migratorio o tener vencido el plazo de permanencia. De manera que no sabe con exactitud cuántos venezolanos están en el país ni cuáles son sus necesidades reales para que el Estado pueda atenderlas. De ahí que muchas voces venían abogando por nuevas medidas y, finalmente, el gobierno de Martín Vizcarra aprobó un decreto que abre las puertas a la regularización.

El decreto, publicado el 22 de octubre de 2020, aprueba procedimientos especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de los extranjeros con estatus irregular. La medida concede un plazo de 180 días, a partir de su publicación, para que aquellas personas con el plazo de permanencia vencido o que hayan ingresado sin pasar por los controles fronterizos puedan optar a un carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), con vigencia de un año.

Esta orden sólo acoge a los venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional para la fecha de publicación del decreto, quienes deberán presentar a las autoridades de Migraciones copia del pasaporte o documento de identidad vigente; declaración jurada de no poseer antecedentes penales, policiales y judiciales; no tener impedimento de ingreso al país y un compromiso de pago de la deuda por la multa de exceso de permanencia.

Vacíos del decreto

Por su parte, Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), considera que este decreto de regularización constituye una buena señal, porque, luego de que en octubre de 2018 se eliminó el Permiso de Temporal de Permanencia (PTP), no se había establecido otro mecanismo para que los venezolanos que están dentro del país pudieran optar a una calidad migratoria.

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Aparte, resalta el hecho de que esta norma permite por primera vez que quienes hayan entrado a Perú de manera irregular puedan solventar su situación migratoria. No obstante, Blouin denota ciertas contradicciones en la norma que en la práctica hará cuesta arriba la regularización de los migrantes venezolanos.

Por un lado, el decreto menciona entre los requisitos la presentación del pasaporte vigente, lo cual constituye un problema porque muchos tienen el documento vencido y renovarlo a través del consulado de Venezuela en Perú tomaba más de tres meses en tiempos prepandemia. Ello sin contar que el trámite tiene un costo de entre 180 y 280 dólares, dependiendo de si es una prórroga o emisión de uno nuevo.

La investigadora destaca que el pago de la multa también supone un obstáculo para quienes quieran optar a la regularización, porque las medidas de confinamiento golpearon la economía del país y muchos migrantes perdieron su trabajo. La caída de los ingresos ha sido tal, que su efecto se vio reflejado en las remesas que se envían a Venezuela. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos Equilibrium, 67% de los consultados dejó de enviar dinero por la crisis que originó el Covid-19.

Con información de Proyecto Migración Venezuela

Prensa Frontera Viva

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