Para el ex parlamentario tachirense, Walter Márquez, la impunidad y el encubrimiento es el único balance que se puede mostrar en ambos lados de la frontera cuando nos aproximamos al cuarto aniversario del cierre parcial de los pasos fronterizos entre ambos países.

El próximo 19 de agosto se cumplen 4 años desde que el gobierno de Maduro ordenó  la medida a las fuerzas militares acantonadas en las fronteras, por vía telefónica, violando acuerdos internacionales y derechos humanos destacó Márquez.

“Hay que recordar que se produjo la deportación masiva y de manera forzosa de 1450 personas que fueron detenidas por autoridades venezolanas y entregadas a autoridades colombianas sin aplicar el debido proceso”. Asegura que a  estas personas no se les ha dado respuesta en sus justas reclamaciones por parte de la justicia venezolana o colombiana a pesar de ser un crimen de lesa humanidad.

Ninguno de los países ha acordado reparación de las víctimas a pesar de que, según lo indica, los delitos de violación de derechos humanos por parte de Nicolás Maduro están plenamente demostrados.

 Además de la afectación física hubo daños patrimoniales muy serios: “De estos deportados a 200 familias les destruyeron sus viviendas en los barrios de San Antonio del Táchira”. En total 19 mil 500 personas de origen colombiano, pero algunos con doble nacionalidad, tuvieron que huir del país ante la persecución del gobierno venezolano en el 2015.

“Desde aquel momento, la situación se ha agudizado en el sentido de que se han deteriorado las relaciones comerciales, las relaciones políticas y la frontera entre ambos países, solamente se conoce por el desplazamiento forzoso masivo”. En tal sentido, ante la proximidad de la fecha, diversas organizaciones están promoviendo la realización de una actividad cívica que envíe el mensaje a la comunidad binacional e internacional de que estos hechos no serán olvidados y que se mantienen las denuncias correspondientes ante las instituciones protectoras de los derechos humanos. (Alans Peralta)

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