La pandemia de covid-19 paralizó económicamente al mundo en 2020, pero en Venezuela, un país con años consecutivos en caída libre, sus efectos han sido más alarmantes.

El desplome de la producción petrolera, una dilatada escasez de gasolina, falla en el acceso de los servicios básicos y públicos y el flagelo de la hiperinflación, agudizó al virus de la emergencia humanitaria en el país.  

Desde el 16 de marzo de 2020, con el inicio de la cuarentena en Venezuela, estos efectos adversos se propagaron tan rápido como el virus pandémico detectado en Wuhan, China.

Desastre económico

Luego de que el régimen confirmara los primeros casos de contagio por coronavirus en el país, Maduro firmó un decreto de Estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria que se avecinaba. Sin embargo, las consecuencias se reflejan en el bolsillo de los venezolanos.

El cierre de empresas y comercios —salvo sectores vinculados a la venta de alimentos y medicinas— y las restricciones a la movilidad urbana fueron el eje del confinamiento estricto impuesto por el gobierno de Nicolás Maduro hasta mitad de año, una vez que se anunció el plan de flexibilizaciones parciales 7+7.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) calcula que entre 2013 y 2020, el PIB venezolano cayó más de 80%. Además, su presidente, Felipe Capozzolo, detalló que, por rubros, Venezuela perdió 75% del aporte económico del comercio, 95% de la construcción y 65% del aporte de la industria, un escenario prexistente al decreto de la cuarentena, pero que se ha agudizado.

Por su parte, Adán Celis, presidente de Coindustria, indicó que solo las empresas de sectores priorizados han podido trabajar de manera continua, pero lo hacen al 25% de su capacidad instalada. Mientras que los sectores no priorizados, que han podido laborar de manera intermitente algunas semanas al mes, con un 5% al 15% de su capacidad instalada.

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La promesa de Maduro de pagar nóminas a compañías a través del Sistema Patria resultó insuficiente para un gremio que vio reducida su actividad en 50% en comparación con 2019, en donde más de 1.200 empresas no aguantaron la paralización provocada por el covid y las medidas dictadas para prevenirlo, agregó el representante de Conindustrias.

En consecuencia, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), desde marzo hasta final de 2020 la devaluación del bolívar fue de más de 90%, mientras que el tipo de cambio creció 2.000%. Esto se traduce a salarios diluidos y nula capacidad de ahorro de la población venezolana.

Sin servicios públicos

Aunque parece una realidad contradictoria ante un escenario pandémico en donde los servicios básicos son vitales para hacer frente a la enfermedad, los constantes y largos cortes de electricidad, falta de agua potable, limitado acceso a internet, desabastecimiento de gas, gasolina y gasoil son el flagelo diario de los venezolanos.

Según indicadores de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), el 71,2% de los hogares en el país presentan déficit en los servicios públicos.  

A este escenario se le suma un problema crónico desde hace varios años, pero que se agudizó una vez se detectaron los primeros casos de covid-19.

Las dificultades para abastecer un vehículo de gasolina en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, obligaron a Maduro a imponer un plan de racionamiento que, lejos de poner fin a las colas, dio paso a un sistema dual de pago en dólares y bolívares por un combustible importado desde Irán.

Opacidad de información

Expertos afirman que las restricciones motivas por la crisis sanitaria llegaron “como anillo al dedo” para los gobiernos represivos como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“La pandemia, de una forma u otra, ha influido para que la mayoría de los gobiernos autoritarios y populistas utilicen la pandemia como una excusa para fortalecer una serie de prácticas autoritarias, el uso de la fuerza, la falta de información sanitaria, arrestos y desinformación”, indica Gerardo Berthin, director para América latina y el Caribe de Freedom House.

Este contexto no es ajeno al vivido en Venezuela. La administración de Maduro ha estado en la mira por la escasa o casi nula información que ha ofrecido sobre los recursos dispuestos para atender la crisis sanitaria, así como sobre las cifras de contagios y fallecidos por el virus chino.

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Los venezolanos desconocen cuánto se ha invertido en la adquisición de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, medicamentos, respiradores y otros insumos. Tampoco se ha rendido cuentas sobre el destino y uso de materiales donados por organismos internacionales.

Este conflicto también fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha criticado el uso de medidas de emergencia como “un arma para aplastar el disentimiento” y alertó sobre la “falta de transparencia” en las cifras proporcionadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Las persecuciones, amenazas y la censura a la prensa independiente, trabajadores de la salud, dirigentes opositores y hasta a las academias científicas que han alertado sobre el impacto real de la COVID-19, también se han multiplicado a lo largo de estos 12 meses.

Esta realidad, aunada a la falta de políticas públicas eficaces y sostenibles en el tiempo, han dejado a los venezolanos prácticamente indefensos para afrontar la pandemia.

Además, muchas de las medidas restrictivas y económicas ejecutadas por el gobierno de Maduro, a lo largo de este año, no han aliviado el devastador impacto de la crisis en el sector productivo y solo han servido para incrementar el control sobre los ciudadanos.

Con información de Transparencia Venezuela, El Pitazo y Freedom House

Prensa Frontera Viva

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