Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Durante la actualización del informe sobre Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el país no han cesado las intimidaciones, inhabilitaciones y ejecuciones extrajudiciales.

En tal sentido, destacó los hechos ocurridos en el mes de enero en el barrio La Vega, en Caracas, donde al menos 14 personas murieron durante un operativo de seguridad. Por lo que pidió al régimen de Maduro realizar investigaciones independientes para evitar sucesos similares y pongan fin a este tipo de prácticas.

Sin servicios básicos e inseguridad alimentaria

Asimismo, durante una breve actualización oral ante el Consejo de DDHH de la ONU, Bachelet manifestó que desde septiembre de 2020 -por efecto de la pandemia- los venezolanos se han visto más limitados al acceso al agua, el gas, los alimentos, la asistencia médica y la gasolina, que anteriormente ya escaseaba.

En consecuencia, agregó que la crisis se ha agravado y ha generado más protestas ante la falta de servicios básicos.

Señaló que el salario mínimo está por debajo de 1 dólar al mes, mientras se estima que el precio de la canasta alimentaria ha aumentado 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de venezolanos, subrayó, estaría en situación de inseguridad alimentaria.

Bachelet recordó el naufragio de al menos 28 venezolanos en diciembre de 2020, hallados muertos en las costas de Güiria, estado Sucre, un hecho que catalogó como “recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como la vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes”.

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Persecución, hostigamiento y criminalización

En el informe, la funcionaria dijo estar preocupada por la imposición de restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las organizaciones no gubernamentales, incluida la congelación de activos.

“Pido que se reanuden los proyectos suspendidos”, manifestó.

Asimismo, rechazó la criminalización de los periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales. Además de los miembros o partidarios de la oposición, incluidos diputados a la Asamblea Nacional electos en 2015 y sus familiares.

“Esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”.

Preocupantes condiciones de reclusión

En referencia a los centros de reclusión en el país, la alta comisionada de la ONU expresó preocupación por las muertes de reclusos a causa de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades.

Resalto que garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes como la del indígena pemón Salvador Franco.

Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos” dijo en medio de su alocución. Por ello, reiteró el llamado a la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente.

Prensa Frontera Viva

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