Photo by Ezequiel BECERRA / AFP

La Fundación Arias para la Paz, del Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica Óscar Arias, instaló este martes un Tribunal de Conciencia al que le fueron presentados peritajes que responsabilizan al gobierno nicaragüense de cometer delitos sexuales y torturas contra manifestantes.

Por su parte, la exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Soraya Long, presentó un peritaje basado en 18 testimonios de personas que fueron detenidas a partir de abril de 2018 durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, de las que surgió una violenta crisis sociopolítica.

Estas personas relataron haber sufrido diversas formas de violencia sexual y torturas. De ellas, 10 mujeres y 2 hombres afirman haber sido violados, y una mujer tuvo un aborto espontáneo a raíz de los actos de violencia de los que fue víctima.

“La violación sexual como tortura constituyó en Nicaragua un delito de lesa humanidad porque fue perpetrado por agentes estatales como parte de un plan o una estrategia preestablecida, es decir, con intencionalidad y conocimiento. Además, fue practicada de manera generalizada y sistemática y en contra de la población civil”, declaró Long.

En vehículos y centros de detención

En los relatos, las víctimas detallaron penetraciones anales y vaginales, mordiscos y golpes en partes íntimas, amenazas y otras formas de violencia. Estos hechos habrían ocurrido en vehículos y centros de detención.

“En el caso particular de las mujeres, sus cuerpos fueron instrumentalizados para enviar un mensaje de poder, para humillar, amedrentar, amenazar y conseguir información”, aseveró Long.

Según la experta, “la tortura sexual, particularmente la violación sexual, ha sido parte de un plan sistemático de autoridades nicaragüenses, acompañado de la promoción de la impunidad en materia de violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

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Presos, muertos y desaparecidos

El estallido social ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles en el exilio, tras la represión del gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha contado 328 muertos en el marco de la crisis, pero organizaciones locales suman hasta 684 víctimas.

El gobierno admite 200 fallecidos y ha dicho que se defendía de un intento de golpe de Estado.

Con información de El Nacional

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