Al asecho contra las migrantes
La violencia de género es un monstruo gigantesco que aterroriza a las mujeres migrantes. Algunas huyen de él desde sus países de origen y otras se lo topan inesperadamente en el camino.
Viajar solas, transitar vías irregulares, no tener la documentación requerida y estar bajo la sombra de la inestabilidad financiera aumenta la exposición de las mujeres a sufrir violencia.
Este monstruo puede tener forma de pareja, hermano, amigo o conocido. No excluye profesión, ni clase social.
Grupos irregulares, empleadores, policías, personas en situación de poder o mismos migrantes pueden ser los victimarios de aquellas que cruzan fronteras en busca de mayor estabilidad.
Quien ejecuta la violencia no distingue fronteras, ni mide consecuencias.
El monstruo en la región
Al menos 14 países de América Latina se ubican entre los 25 países con los índices de femicidios más altos del mundo, asegura Naciones Unidas. Además, la región tiene las tasas más altas de impunidad en casos de violencia contra las mujeres y niñas.
El 31 % de casos de violencia de género en Colombia son hacia migrantes, según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo.
Este monstruo aprovechó la pandemia de covid-19 para consolidar su poder y ejercerlo contra las víctimas, pues las mujeres se vieron obligadas a pasar todo el tiempo con sus agresores durante el confinamiento.
Las venezolanas que migran a otros países de la región, como Colombia, Perú y Trinidad y Tobago, se exponen a la sextorsión, la trata de personas y prostitución forzada.
La historia de Yolanda
Una venezolana, protegida bajo el pseudónimo de Yolanda, migró a Colombia con una oferta de trabajo, pero al llegar fue amenazada para ser explotada sexualmente junto a sus hijas de 6 y 7 años.
Yolanda logró escapar del horror y puso la denuncia en la Fiscalía, pero esta fue calificada como “inducción a la prostitución” y no como “trata de personas”.
Tras la débil respuesta de la justicia, la venezolana puso una tutela pidiendo que le ampararan sus derechos al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la integridad personal, a la seguridad, a la salud y a la dignidad humana, que alegó como vulnerados.
El caso de la venezolana sirvió para que la Corte Constitucional evaluara el accionar del Estado colombiano sobre la protección de víctimas de trata.
Gracias a la denuncia de Yolanda, Colombia replantea su sistema de protección a las víctimas de trata de personas, por orden de la Corte.
La vulnerabilidad de las migrantes no son solo una consecuencia de la movilidad, también tiene su causa en los problemas estructurales de su país de origen.
Yolanda se fue de su hogar por la crisis humanitaria que afecta a los venezolanos.
El peor desenlace
A pesar de los tratados internacionales que instan a los Estados a ofrecer protección y asistencia a mujeres víctimas de violencia, las migrantes sienten desprotección por parte de las autoridades.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, firmado en el 2013 por 38 países de América Latina y el Caribe, suscribe que los Estados deben brindar asistencia y protección a las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria.
Sin embargo, tener estatus irregular impide que las migrantes víctimas de violencia de género formulen denuncias en los países de acogida, asegura la organización Dejusticia.
En algunos casos, los victimarios amenazan con acudir a las autoridades para solicitar la deportación de la víctima y, de tal manera, evitan ser procesados judicialmente.
Los instrumentos del sistema universal e interamericano de derechos humanos no han integrado de manera explícita la prevención y atención de la violencia contra las mujeres migrantes y refugiadas, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú (UNFPA).
Se debe considerar que las barreras de la justicia que desafían las migrantes, son los mismas que enfrentan las mujeres nacionales, pues se trata de un problema estructural que los Estados no han sabido solventar, sentencia la representante de Women’s Link.Q
