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Presos políticos en riesgo. Roberto Marrero, exjefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, es asmático crónico. Sus días los pasa en una celda de 2×2 completamente aislado, un método de tortura psicológica como ha establecido la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El dirigente de Voluntad Popular está privado de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, en condiciones insalubres y sin suministro de agua continuo, denunció el defensor Joel García.

La sequía, advierte el abogado, pone en riesgo de contagio de COVID-19 a Marrero y a los presos políticos que se encuentran en este centro de reclusión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que una de las medidas de prevención más efectiva es lavarse las manos frecuentemente y con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón para matar el virus.

“Marrero se encuentra aislado en una celda de 2×2 sin ventilación, eso produce humedad y le va a afectar indudablemente. Los expertos dicen que debe ser expuesto al sol. Acudimos a la Corte de Apelaciones y ejercimos una acción de amparo porque el tribunal que lleva su causa, que es el tercero en funciones de juicio en materia de terrorismo, no tiene juez asignado”, explicó el abogado.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que había en el país 320 presos políticos hasta el 9 de marzo de este año. Ramo Verde y El Helicoide son las cárceles con mayor número de presos por motivos políticos.

Requesens tiene infección respiratoria

En El Helicoide también está el diputado Juan Requesens, a quien los médicos del Sebin le diagnosticaron una infección respiratoria y recomendaron su traslado a la sede de la policía política en Plaza Venezuela, una medida que no ha sido materializada.

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García afirmó que solicitó una medida cautelar sustitutiva de libertad, el 13 de marzo, ante el tribunal primero en función de juicio con competencia en delitos conexos al terrorismo que lleva el caso, un día después de que fue decretado el estado de alarma nacional en el país por la pandemia de coronavirus.

“Señalamos que es diputado y debe estar en resguardo, pero la jueza Hennit Carolina López no se ha pronunciado al respecto”, indicó.

La medida se fundamenta en el artículo 43 de la Constitución que protege el derecho a la vida y el 242 del Código Orgánico Procesal Penal que establece medidas cautelares sustitutivas de libertad.

En la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta Norte (municipio Sucre), también hay presos políticos y no tienen servicio de agua.

El abogado afirmó que los familiares tienen que llevar incluso el agua que los presos políticos usan para bañarse y que los funcionarios solo permiten el aseo personal dos veces por semana.

Suspensión de visitas

La abogada Ana Leonor Acosta, defensora del diputado de la Asamblea Nacional, Renzo Prieto, señala que la única medida especial conocida que han tomado en los centros de reclusión ante la pandemia es la suspensión de visitas.

Esta prohibición preocupa a los familiares de los presos políticos y comunes porque les impiden llevarles la comida, el agua y los insumos de higiene personal que no garantiza el Estado venezolano.

Acosta aseguró que este 18 de marzo intentaron llevarle alimentos y mascarillas de protección a Renzo Prieto, pero la policía impidió el paso hacia el municipio Chacao, debido a las restricciones de circulación que se adoptaron por el estado de alarma en el país.

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“Los familiares han estado muy nerviosos por la situación. En la Dgcim de Boleíta no hay agua potable. Entendemos que dijeron que se iban a encargar de dar comida, pero no sabemos si es cierto. En el Sebin de El Helicoide no hay agua. Nos preocupa que no haya medidas suficientes para atenderlos a todos”, alertó.

La abogada indicó que distintas organizaciones no gubernamentales han elevado la petición de medidas humanitarias para los presos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Caso sospechoso

La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, alertó en su cuenta de Twitter que el parlamentario Tony Geara, detenido por funcionarios del Sebin el pasado 14 de marzo, es un caso sospechoso de COVID-19, pues presenta muchos síntomas relacionados con la enfermedad y no ha sido examinado.

El presidente encargado de Venezuela y de la AN, Juan Guaidó, adelantó que pedirá apoyo a la Cruz Roja Internacional para la atención de los presos políticos en estas circunstancias.

Casos confirmados

Por su parte, este miércoles, el diario El Nacional confirmó la detección de cuatro casos de coronavirus en El Helicoide. Según reseñó el portal, se trata de tres mujeres y un hombre pertenecientes a la brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana; quienes fueron trasladados, con altas medidas de seguridad, a un centro de salud de Caracas.

Con información de Efecto Cocuyo

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