Sofos de Mileto

Según la mitología griega, Eros, jovenzuelo portador de arcos y flechas, nació de la oscuridad de la Noche y del abismo del Caos. Andaba con su antorcha encendiendo corazones. Era una fuerza fundamental del universo, opuesto en todo caso al desorden y a las tinieblas. Su propósito era ser un impulso generador y constructivo. Eros fue el fruto de la relación de dos distintas pasiones. Venus, Diosa romana de la naturaleza, que simboliza la vitalidad y la alegría de la creación natural. Ella quedó atrapada en un apasionado romance con Marte, el Dios de la guerra, de la discordia y del odio. Entonces, en dos caras de la misma moneda quedaron enlazados para siempre dos profundos sentimientos en el ser humano.

Amor y odio son sentimientos sobre los que han dado su parecer e interpretación multiplicidad de clérigos, filósofos, poetas, cortesanos, escritores. Resulta que en Venezuela hay unos “genios”, dícese constituyentes, que legislando indebidamente, creen que amor y odio son susceptibles de ser regulados, de ser limitados, de ser impuestos o castigados. Estos constituyentes son un fenómeno al pretender normar el profundo impregnar de estos dos sentimientos y hasta de interpretar cuando se está actuando con amor o con odio en una determinada acción humana. Hablemos, en particular, del odio. Es un sentimiento profundo de aversión, de antipatía, de repulsión y, en cierta forma, de enemistad. Se puede sentir sobre personas, instituciones e ideologías. Pero esa animadversión está en el fuero interno. Como lo señalaba Descartes, se ubica en el plano de la conciencia, incluso se ha llevado a nivel del inconsciente. Aristóteles lo interpreta como un deseo de aniquilación de un objeto. Y David Hume lo ve como un sentimiento irreductible que no es definible en absoluto. La Psicología define al odio como un sentimiento profundo y duradero, intensa expresión de animosidad, ira y hostilidad hacia una persona, grupo u objeto. Todo hace ver que el odio es una pasión fanática, muchas veces ilusa que, mientras no se exterioriza, al único a quien hace daño es a quien lo siente, causándole una destrucción en su equilibrio emocional.

Ahora bien el odio, al igual que el amor, siendo un profundo sentimiento, es imposible de ser regulado jurídicamente como tal. El derecho, cuyo fin es reglar conductas y comportamientos humanos, realizados en sociedad, no puede imponer una forma determinada de manejar esos sentimientos, menos el odio en ese plano intrínseco. Lo que el derecho disciplina son hechos y acciones. Y, además, cuando esos hechos toman una forma, una manera, una expresión, unas características, se establece una relación de causalidad entre el resultado de esa acción y la intención. Sólo así, con esa conexión, se puede determinar si el objetivo de causar un daño con ese resultado, por el agente, fue doloso o culposo, es decir, lo realizó con intención, hasta con alevosía y premeditación, o fue el producto de una falta de conocimiento, de destreza, de habilidad, de negligencia, de impericia o de una gran torpeza en el seguimiento de ciertas previsiones. Lo importante, para el Derecho Penal es ver si existen los elementos constitutivos del delito, para que el odio sea punible, es decir, sometido a un castigo. Sólo si el odio causa una limitación, un daño, una lesión a quien se dirige, puede ser objeto de una regulación jurídica y se le puede determinar una condena por la norma penal.

Ausencia de acción penal en el odio

En la concepción causal la acción es la conducta humana dominada por la voluntad que produce en el mundo exterior un cambio determinado. Para la concepción finalista, la acción es una conducta humana dirigida por la voluntad hacia un determinado resultado. Para la concepción social la acción es la realización voluntaria de consecuencias relevantes para el mundo social y voluntariamente realizadas por un ser humano.

En el ámbito penal, la acción es una conducta voluntaria, que consiste en un movimiento de un organismo destinado a producir cierto cambio en el mundo exterior, vulnerando una norma prohibitiva. Debe ser voluntaria, porque de lo contrario se excluye del campo delictivo. Además, esa conducta activa debe exteriorizarse en el mundo material, porque si ocurre en el fuero interno y no llega a manifestarse la acción, también se excluye del campo delictivo. Esto quiere decir que primero hay una fase interna, dada solo en el pensamiento, en la mente y en los sentimientos. Y hay una fase externa, en donde se desarrolla la acción. Si no se exterioriza, no hay acción penal y, en consecuencia, no hay delito. Esa manifestación de la voluntad que se traduce en una conducta corporal externa, o en una actuación del agente, genera un resultado. Éste es el efecto de la acción que el Derecho Penal califica para reprimirlo y el ordenamiento jurídico tipifica para sancionarlo. Consiste en la modificación verificable introducida por la conducta en el mundo exterior. Y como si esto no bastara, cuando existe la fase externa de la acción, generándose un resultado, primordialmente en los llamados delitos materiales, ese efecto es una causal de imputabilidad. Existe así una relación de causalidad entre la conducta y el resultado.

En conclusión, para poder aplicar una sanción, el sentimiento debe manifestarse, exteriorizarse en el mundo exterior, y debe causar un resultado, en el objeto del odio, cuyo efecto o daño en la víctima esté vinculado con la forma de expresión del odio. Si uno solo de estos requisitos está ausente, no es reprensible el odio en el campo penal.

Una “ley constitucional” que no es ley

La ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, el 2 de noviembre de 2017, decretó la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Y señalamos el carácter írrito de este órgano porque no se debe olvidar que fue convocada y constituida subvirtiendo la facultad que tiene el pueblo como depositario del poder constituyente, para convocar a una entidad de esta naturaleza, preceptuado en el Artículo 347 constitucional, facultad que se arrogó Nicolás Maduro, infringiendo la universidad del voto y el principio de representación en unas bases comiciales totalmente fraudulentas. Igualmente, hay que recordar que, en el supuesto negado de ser lícita la actuación de esa Asamblea Nacional Constituyente, dentro de sus atribuciones no está la de sancionar “leyes constitucionales”. Desde el punto de vista de su procedencia formal, esa ley es un bodrio invento del régimen y de los ignorantes de los miembros de este cuerpo irregular, que no conocen nada sobre técnica legislativa, y con la cual han querido vaciar el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico válido del país. El único órgano del Poder Público que, conforme a la Carta Magna, en su condición de cuerpo legislador, tiene la competencia de dictar actos normativos en forma de ley es la Asamblea Nacional, tal cual lo dispone el Artículo 202. No hay otro tipo de conjunto de normas jurídicas que se denomine “ley constitucional”. Y tal facultad tampoco le aparece atribuida a la Asamblea Nacional Constituyente en los Artículos 347, 348 y 349 ejusdem, por lo que mal pudo haberlos utilizado ese inválido órgano, como base legal en la mencionada “ley constitucional”. Sus funciones exclusivas son la de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y, primordialmente, redactar una nueva Constitución. Al haberse dictado esta ley constitucional, desconociendo la facultad de la Asamblea Nacional de ser la única calificada para dictar leyes, esa Asamblea Nacional Constituyente ha venido incurriendo en usurpación de funciones, siendo nulas todas sus actuaciones, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 138 constitucional.

La ley contra el odio no lo castiga

Ahora bien, asimismo, es necesario dejar en evidencia que la “Ley Constitucional contra el odio”, no regula lo que pretende prescribir. Veamos.

Su artículo 20 tipifica el delito de promoción e incitación al odio. En este sentido, quien públicamente o mediante cualquier otro medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia a un grupo característico, entre ellos a un grupo político, le será impuesta una sanción de prisión de 10 a 20 años. En razón de lo que ya se ha analizado anteriormente, esta disposición ni siquiera sanciona la expresión, la manifestación externa en el propio agente del sentimiento de odio. Recordemos que mientras se mantenga en el fuero interno de la persona, el sentimiento no es punible, porque no hay una acción penal. Sólo cuando ese deseo, ese sentir profundo, toma una forma así sea mínima de aparición en el exterior, es que existe la acción penal. Además, recordemos que esa acción que se pudiera exteriorizar de odio debe ser voluntaria, porque de lo contrario tampoco es punible penalmente. Lo que esta norma pretende infructuosamente castigar es que una persona fomente, promueva o incite en terceros el odio. Si eso es lo que se intenta, entonces la acción penal consiste, no en exteriorizar odio, sino en producirlo en los demás. En otras palabras, cuando la norma tipifica las acciones de promoción, fomento e incitación, lo que está caracterizando como antijurídico es que se excite, se avive, se provoque, se cause, se siembre, se impulse y se haga originar odio en terceros. Entonces, según esta norma, una persona, sin sentir ni demostrar odio, lo puede inducir en los demás. Y eso, realmente, es algo ilógico y poco probable, aunque no imposible, porque el ser humano, regularmente sintiendo amor u odio, muchas veces de manera duradera, busca extenderlo hacia la gente.

Pero también hemos expuesto que otro elemento para que se configure el delito es la relación de causalidad entre la acción y el resultado, en este caso el daño que produce esa manifestación. Inexorablemente es necesaria la relación de causalidad entre la conducta corporal y el resultado, para que opere una causal de imputabilidad. Entonces, si odio es un sentimiento que se da en el fuero interno de un individuo, ¿cómo se podría probar que un agente, incluso sin sentir odio, ha provocado en dos, cinco, veinte, mil, un millón de personas el sentimiento de odio en la interioridad de todos ellos? ¿Un juez penal podrá determinar de manera precisa que supuestamente incitar un sentimiento, puede afirmarse el mismo, puede plantarse, puede fijarse en el corazón y esquema de sensibilidad de otros? Semejante absurdo sólo es el producto de mentas fanáticas, ofuscadas y posiblemente atormentadas, que sesionan indebidamente en ese esperpento que llaman la Asamblea Nacional Constituyente. Pero para no conformarse con este irracional tipo delictual, esta “ley constitucional” agregó, en su artículo 21, el agravante de si ese supuesto hecho punible es ejecutado por motivo de la pertenencia de la víctima a un determinado grupo racial, étnico, religioso o político.  En este sentido, este agravante interfiere en la frontera de los delitos de la comunicación, entre ellos la difamación y la injuria, en los cuales el objeto jurídico de protección es la dignidad u honor de una persona y en los que por causar ofensa en esos bienes intangibles, el odio que, como hemos anotado, entraña un sentimiento de antagonismo u hostilidad, pudiera confundirse con la ofensa que implica la expresión de un sentimiento peyorativo respecto a otra persona. Es que incluso esa expresión, que en principio pareciera ofensiva o difamatoria, pudiera estar excluida de responsabilidad penal, porque pudo haber sido expresada no con el ánimo de agraviar el honor, sino con el ánimo de gastar una broma, con la intención de corregir, de relatar hechos o sucesos o de informar. Lo mismo puede decirse de la ofensa a la reputación de funcionarios públicos, como el delito de ultraje que lesiona el honor, la reputación o el decoro de un miembro de un órgano público o de un funcionario público, y el delito de vilipendio político, que lesiona el honor y la dignidad de los cuerpos constituidos en poderes públicos y el particular delito de vilipendio al Presidente de la República y otros altos representantes del poder. Todos estos tipos penales, algunos reformados indebida e incompetentemente por la Sala Constitucional del TSJ en una sentencia del 2003, la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales los denominan delitos de desacato, pronunciándose en las declaraciones, pactos y convenciones de Derechos Humanos, sobre cómo ellos restringen gravemente la libertad de expresión e información. Con estos delitos se ha querido frenar, particularmente, la libertad de emitir opiniones y críticas que el discurso político tiene sobre los gobiernos y sus instituciones, así como la expresión que como derecho tienen los ciudadanos sobre el ejercicio de gobierno, sin olvidar el juicio público acerca de la actuación impune de los poderes públicos y sus representantes, reduciéndose, con estos delitos, la función fiscalizadora que se debe a sí misma la ciudadanía sobre sus gobernantes. Sin embargo, como se aprecia, el régimen insistió en seguir legislando sobre este tema, con esta “ley constitucional”.

Como un mecanismo de control sobre los medios radioeléctricos, televisión y radio, y sobre las redes sociales y medios electrónicos, el artículo 22 de esta “Ley Constitucional contra el Odio” impone la sanción de revocatoria de la concesión, de conformidad con la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y la sanción del retiro de la publicación, y en caso de negativa, las sanciones de multa y bloqueo de los portales, respectivamente. Al cerrar toda vía de expresión y opinión, así como de información libre y veraz en radio y televisión, no quiere el régimen ni siquiera dejar abierto el teclado y el toque táctil en las redes sociales y medios digitales, vías populares de reclamo, de protesta, de testimonio de conciencia, de exigencia de prestación pública por los responsables de atender las necesidades del venezolano.

Persecución y censura con odio

Numerosos han sido los casos en Venezuela en los cuales el régimen, con la herramienta sumisa de los prestadores de justicia y órganos de investigación policial, se ha dado a la tarea de perseguir, con este adefesio de “Ley Constitucional contra el Odio” a ciudadanos, políticos, opositores, estudiantes, disidentes, sindicalistas, médicos, gremialistas, entre otros, y a censurar y detener a periodistas, radiodifusores, locutores, columnistas, generadores de opinión, activistas de derechos humanos, emisoras de radio, televisoras, portales web, tuiteros y usuarios de redes sociales, por emitir críticas, opiniones y mostrar hechos de manera gráfica, acerca de la acción nefasta del régimen con la que tiene acabada toda la institucionalidad, la libertad, el ejercicio de los derechos humanos y la normalidad de la vida de los venezolanos.

La aplicación de esta ley contra el odio comenzó el 3 de enero de 2018, con los casos de Ronald Güemes y Erika Palacios, quienes fueron los primeros procesados por ella en el marco del desarrollo de una protesta vecinal contra Nicolás Maduro; ha pasado por los casos de los bomberos de Mérida, Ricardo Prieto y Carlos Varón, con su viral video del burro; y sigue con el más reciente de la médico Andreina Urdaneta, por reclamar en WhatsApp la falta de condiciones de salud e insumos para atender los pacientes del Covid-19 en el Hospital de Cabimas. El listado es largo.

Esta utilización de semejante ley para tanto esconder la verdad del entorno, como para callar las críticas del pluralismo político, en búsqueda del rescate de la auténtica democracia, demuestra en realidad la intolerancia del régimen opresor. No estaríamos lejos de acertar que el régimen sí exterioriza, con ello, ciertamente, el odio con el cual nos ultraja, nos veja, nos somete a toda la población, que nunca en su historia republicana había estado en un grado de deterioro y postración de su bienestar y calidad de  vida, como el causado por estos usurpadores del poder.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 1998, ha sostenido el mismo criterio expresado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, señalando que la libertad de expresión es el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes, respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad. El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión, inevitablemente generará discursos críticos, o incluso ofensivos, para quienes ocupan cargos públicos o para quienes están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública; por lo tanto, una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo autor de esa expresión, afecta a la esencia y al contenido de la libertad de expresión, no sólo de aquel a quien se silencia sino del conjunto de la sociedad.

Si lo que busca el régimen con estas amenazas y acciones intimidantes es que lo amemos incondicionalmente, le rindamos de manera obligada sentimientos de cariño, de simpatía, en verdad están muy lejos de lograrlo. Los venezolanos, en el amplio espectro de la vida nacional, lo que sentimos y gritamos a viva voz, por cualquier medio posible de difusión, es nuestra repulsa, nuestro rechazo, nuestra inconformidad, nuestra reprobación por una élite que se ha adueñado del poder para no solamente cometer fechorías, perseguibles hasta por la justicia internacional, sino también para ahogarnos en la mayor desventura. No hay amor para ellos, ni con persecución ni con censura.

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