Las aguas del río Arauca unen a Colombia y Venezuela en solo dos minutos. Al llegar, los migrantes dejan sus primeras huellas en el malecón araucano. Algunos van de paso y otros deciden quedarse a probar suerte, buscar un nuevo hogar, o al menos un empleo.

Motivados con la ilusión de un futuro mejor, la mayoría desconoce que Arauca tiene una alta tasa de desempleo, del 25 por ciento en 2018, según el Dane.

Esta situación y la falta de documentación obligan a los migrantes a buscar oportunidades en el mercado informal. Muchos optan por revender mercancía o prestar servicios en los andenes de Arauca que, además, funcionan como un albergue improvisado para cerca de 270 familias venezolanas y colombianas.

La ciudad no cuenta con refugios o espacios para acoger a esta gente, que termina en la calle.

Arauca, según datos de Migración Colombia, ha recibido a por lo menos 25.000 migrantes venezolanos. Los cálculos oficiales indican que apenas uno de cada tres cuenta con los documentos requeridos.

Este panorama poco alentador empeora al sumar la historia de un departamento que sufre por la ausencia del Estado y  la presencia del ELN en la región.

Este año, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en el departamento por los riesgos que los grupos ilegales representan para los habitantes. El reclutamiento de menores, el microtráfico y la violencia contra la mujer preocupan a las autoridades, a los lugareños y a los migrantes.

Pese a las advertencias, no hay medidas claras para proteger a la población.  “En temas migratorios, aunque hay presencia de diferentes ONG la ayuda no está articulada. Y si hablamos de reclutamiento al Gobierno le da reunionitis, ellos son expertos en levantar información pero no hay acciones concretas”, dijo a SEMANA Deison Mariño, defensor del pueblo de Arauca.

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Héctor Mora

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