Las familias que viven en la frontera colombo-venezolana enfrentan no sólo la amenaza de la pandemia y las restricciones oficiales, sino las nuevas maniobras de las FARC, ELN y el narcotráfico para reclutar a sus hijos.

La Procuraduría General de Colombia denunció formalmente ante la Fiscalía, las fiestas clandestinas que las organizaciones criminales de la guerrilla y el narcotráfico han hecho para el reclutamiento de niños. El órgano de control también detalló que entre las nuevas tácticas de reclutamiento están las amenazas a las familias para “entregar” a sus nietos o hijos a la guerra y el uso de las redes sociales para invitar abiertamente a los menores a unirse a sus filas.

“Además de delitos que tienen que ver con el reclutamiento ilícito de menores, la desaparición forzada, la utilización y el uso de menores en la comisión de delitos, hay actos de tortura y terrorismo contra estas poblaciones. Es una monstruosidad que requiere priorizar inmediatamente las investigaciones”, dijo el procurador general Fernando Carrillo.

La denuncia está argumentada con información documentada por varias organizaciones, entre las que destaca la Coalición contra la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) y las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras.

La incorporación ilegal de menores en estas organizaciones criminales es una problemática historia en Colombia. Se estima que existen 6.798 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados entre 1999 y 2020. Luego del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las FARC, las cifras de menores reclutados han disminuido, según el documento que llegó a la Fiscalía.

Los nuevos grupos que se disputan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, el ELN; las disidencias de las antiguas FARC; los Caparrapos; el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); los Rastrojos; los Urabeños; las Águilas Negras; Los Paisas; el grupo E-40 y otras organizaciones armadas, denominadas por el gobierno de Iván Duque como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), se han encargado de sembrar el terror con distintas estrategias, todas, de cualquier manera, violentas.

“Una de las estrategias documentadas es el uso de redes sociales para organizar fiestas de adolescentes donde son reclutados”, explica un experto que conoce los casos denunciados. Así lo confirma el documento que deberá analizar la Fiscalía. En Tibú, norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, “se habrían llevado a cabo fiestas y celebraciones convocadas por miembros de grupos armados por WhatsApp, con el propósito de enganchar a jóvenes y adolescentes a esas estructuras”. Bajo esa misma lógica de “seducción”, les ofrecen dinero prestado a los adolescentes para vincularlos a sus filas, reza parte de la nota de El País.

En la mayoría de las zonas rurales con mayor conflicto en Colombia, las escuelas funcionan muchas veces como escudos protectores para evitar el reclutamiento de menores. En muchos casos los propios maestros, a pesar del riesgo, suelen aconsejar a los niños, niñas y adolescentes sobre el peligro que conlleva pertenecer a estos grupos irregulares. No obstante, el cierre de los institutos educativos por motivo de la pandemia, ha dado pie a los grupos criminales que hacen vida en Colombia a comenzar la cacería de nuevas víctimas, a través de conversaciones con menores a través de sus celulares. Al sur del país, en el departamento de Nariño, el ELN ha obligado a los mayores de 14 años a hacer retenes que sirvan como cordón sanitario contra la COVID-19 y eviten el acceso de personas extrañas a las zonas.

Otros con han corrido con mejor suerte. Han escapado de ser reclutados. El pasado 18 de marzo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo informaron de la liberación de un menor de edad en Arauca, zona fronteriza con Venezuela. El jovencito estaba en manos del ELN.

En Antioquia, Chocó y Córdoba, al nororiente del país, las fuerzas armadas colombianas informaron que solo en abril recuperaron 29 adolescentes que estaban a punto de ser reclutados. Según los reportes de la misma Fuerza Pública, uno de los grupos armados que más recluta a menores de edad (en esas zonas) es el Clan del Golfo, al que se le han arrebatado 21 menores; le siguen las disidencias de las antiguas FARC-EP, con cinco menores; el ELN, con dos, y Los Caparros, con un menor de edad”, dice la denuncia.

Otra grave situación se presentó tras el asesinato de al menos 49 líderes sociales entre enero y abril de este año. Y es que los hijos de las victimas también fueron asesinados. “Al menos en tres casos han sido asesinados los hijos de defensores de derechos humanos. Han llegado a matarlos a las casas, donde cumplen la cuarentena, y han asesinado también a los menores de edad”, cuenta uno de los investigadores que recopiló los casos en todo el país, junto a organizaciones comunitarias que han denunciado la crítica situación en sus poblados.

A esto se suma el riesgo que tienen de morir en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas militares y alguno de estos grupos armados o entre las distintas organizaciones ilegales que buscan controlar el territorio, tal como ocurrió en el departamento del Cauca, donde murió un adolescente de 14 años al recibir un disparo cuando estaba en el patio de su casa. Recibió una bala de los combates entre el Ejército y la columna móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC. “El crimen organizado no se ha ido de cuarentena en los territorios de Colombia y está atentando severamente contra las poblaciones más vulnerables”, ha dicho el procurador Fernando Carrillo quien, en la denuncia, le pide a la Fiscalía que curse una investigación que priorice la vida de los menores.

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