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El lunes 27 de febrero de 1989, se tenía como fecha fijada para firmar la “Carta de Intención” con el FMI. Los hechos que se suscitaron en varias zonas de la capital, o cercanas a esta, fueron de tal magnitud que aún en el presente, causa profundas discusiones. Aquel día la cámara de un canal de televisión nacional inició grabando un pleito acaecido entre un chofer de autobús y un pasajero. El primero estaba cobrando una nueva tarifa de pasaje, y el segundo se negaba rotundamente a pagarla. El efecto dominó de oposición del pasajero llevó a que cada vez más usuarios asumieran su decisión, y el chofer del autobús no tuvo más remedio que apagar el motor y declarar que no iba a laborar.

El episodio se repitió en varios terminales y paradas de la ciudad, y posteriormente se vio en vivo y directo imágenes de individuos cerrando con toda clase de obstáculos varias calles y avenidas. Las protestas derivaron en actos vandálicos donde se quemaron autobuses, carros particulares, se saquearon negocios, y se intentó el ingreso a residencias. Ante tal panorama, el presidente ordenó suspender las garantías constitucionales y militarizar las zonas más afectadas. Su discurso al país en la tarde del martes 28 de febrero, fue de calma y de reflexión, teniendo como lectura de la principal causa del desorden, la situación de injusticia e incertidumbre que durante mucho tiempo contuvo la sociedad, y que “un pretexto cualquiera produjo la chispa que hizo saltar la protesta popular.”

Por infortunio, la serenidad que adoptó ante las cámaras de televisión no consiguió impregnar a todos los ciudadanos, y las protestas se extendieron durante tres días, por lo que la suspensión de garantías persistió, y además se procedió a dictar el toque de queda a nivel nacional en vista de que, en ciudades como Mérida, Valencia, Barquisimeto, Maracay y Ciudad Guayana, se empezaba a reportar el mismo clima hostil. Escasamente habían transcurrido 25 días desde la toma de posesión, cuando ya Carlos Andrés Pérez era golpeado con un episodio que para muchos sigue siendo único en la historia del país.

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Ese mismo año, el 26 de julio, renuncian todos los ministros en pro de la reestructuración del gabinete, esperando que la nueva formación permita que actores políticos de otros partidos tengan mayor participación y así se logre el apoyo de las políticas preparadas.

También ocurrió que se llevaron a cabo las primeras elecciones para elegir las autoridades regionales, como parte del compromiso asumido desde hacía unos años atrás de descentralizar el poder. También fue el escenario de la apertura de investigaciones y denuncias de corrupción que señalaba directamente a altos funcionarios del gobierno anterior, como fue el caso de la denuncia contra el expresidente Lusinchi por la supuesta compra de 65 Jeep’s con dinero proveniente de la Partida Secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, para ser utilizados en campañas políticas. De manera similar, la administración dirigida por Pérez se vio inmiscuida en la denuncia del robo de 400 millones de Bolívares del Tesoro Nacional a través de los creados bonos de exportación. Estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la Fuerza Armada Nacional, y de ciertos bancos.

A nivel internacional, habría un evento con repercusiones que algunos podrían tomar como positiva para el Estado. La invasión de Irak a Kuwait trajo consigo un efímero aumento en los precios del barril de petróleo, por ende, aumentaban los ingresos a la nación, esto se tradujo rápidamente en una oportunidad para emprender algunas políticas sociales y con ello apaciguar las demandas existentes. El Programa de Ayuda Materno Infantil (PAMI) fue un claro ejemplo de eso.

Con todo esto la tensión se negó tenaz a desaparecer, en el Congreso había quienes decían que Pérez no había sabido explicar al país las medidas que se iban a tomar, que más bien fue una especie de traición que afectaba sin piedad a la clase más baja. Otros, por el contrario, defendían al mandatario y su gestión, argumentando que se estaba con responsabilidad y coraje enderezando el rumbo y transformando para mejor la vida del ciudadano, y que aquellas manifestaciones que no cesaron durante todo el año 1990 y que continuaron en 1991, eran producto de las malas actuaciones de gobiernos anteriores.

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Pero, así como las protestas se mantenían vigentes, los casos corrupción también, en esta oportunidad sería uno que afectaría directamente el corazón de las Fuerza Armada al denunciarse al general de división Herminio Fuenmayor, quien fuese el ex director de Inteligencia Militar. Se le culpaba de espionaje y narcotráfico. Por otra parte, se culpó a Orlando García y Rogelio Ugarte, de propiciar actos de corrupción a través de dinero destinado para reparar fragatas.

Aun así, el gobierno no desaceleró su programa y luego de haber reestablecido las garantías económicas, se procedió a eliminar el precio de venta al público (P.V.P), lo que significaba la liberación de ciertos precios. A su vez, el Banco Central de Venezuela colocaba en circulación el billete de 1000 Bolívares, una acción que para muchos quería decir que al presidente le había quedado grande detener la inflación, sobre todo cuando esta arrojaba porcentajes superiores a los 30 puntos, y había un dólar que se cambiaba a 60 Bolívares.

Todo este cuadro de malestar en el que los dirigentes sindicales hacían llamados a un paro nacional, y los medios de comunicación captaban las denuncias de los ciudadanos que decían ver desmejorar la calidad de los servicios públicos, contrastaba con los 62 viajes al exterior que realizó Carlos Andrés Pérez durante su estancia en Miraflores, así como las galas organizadas para recibir a otros mandatarios (en total a 143). Todo esto fue utilizado eficazmente en su contra, por lo que cada año perdía popularidad.

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