El dos de febrero de 1992 Carlos Andrés Pérez cumplía dos años en la presidencia de la República, se encontraba para entonces participando en el foro económico mundial de Davos, Suiza. Los repetidos anuncios de un posible golpe de Estado los descartó siempre con contundencia al afirmar que aquellos episodios eran imposibles en la Venezuela democrática y que en los cuarteles los militares le habían reiterado una y otra vez su compromiso con la constitución.

Para hombres como el empresario y periodista Marcel Granier, el presidente Pérez tuvo un exceso de confianza en las personas que lo rodearon, y se consideró siempre como intocable por la cúpula militar. El escritor Arturo Uslar Pietri fue uno de los tantos que incluso cayó en lo repetitivo al anunciar que había una situación de alerta que atender en los cuarteles.

Al aterrizar en Carcas, Pérez fue recibido por un clima más amable, atrás quedaban las frías temperaturas suizas. Se sentía nuevamente en casa, aunque desde un primer momento sus más cercanos allegados le hubiesen vuelto a contar lo que se murmuraba en las calles. A las 12 a.m. del cuatro de febrero lo imposible tomó la forma de cinco unidades de municiones, dentro de las que se encontraba un batallón de paracaidistas, que bajo consignas del libertador Simón Bolívar, procedieron al intento de deponer a fuerza de las armas al séptimo presidente elegido por sufragio nacional.

Ese día por la noche, el general de división Carlos Julio Peñaloza Zambrano, quien se había desempeñado hasta hacía unos meses atrás como comandante del Ejército, declaró en vivo para un conocido programa de televisión nacional, que él mismo había pasado informes al presidente sobre la conspiración que se estaba tejiendo dentro de los cuarteles, a manos de los miembros del denominado Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200).

La vida de Carlos Andrés Pérez, como la de su familia, estuvo en riesgo durante largas horas cuando los insurrectos abrieron fuego contra la residencia presidencial. Un país trasnochado se enteraba por los medios de comunicación que Miraflores estaba bajo asedio.

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En un acto de valentía, la primera dama, Blanca Rodríguez de Pérez, enfrentó a varios de los militares luego de que algunos miembros de la escolta presidencial cayeran muertos o heridos. Por otro lado, el ministro de la defensa, Fernando Ochoa Antich, conseguía montar en un auto al presidente y conducirlo a un canal de televisión para que diera declaraciones en cadena nacional.

Cerca de las 4:30 de la mañana, Carlos Andrés Pérez transmitía sus impresiones sobre los hechos, en su rostro, que decía más que sus palabras, se veía la impotencia, el descontento y el asombro. Horas más tarde se daban a conocer los nombres de los golpistas cuyo plan de acción bautizado como “Operación Zamora”, iba desde el Distrito Capital hasta el estado Zulia: Hugo Chávez Frías, Jesús Ortiz Contreras, Francisco Arias Cárdenas, Francisco Urdaneta Hernández, y Joel Acosta Chirinos.

El comandante del batallón de paracaidistas, Chávez Frías, asumió la responsabilidad de la insurrección y por medio de la señal televisiva solicitó a sus compañeros que depusieran las armas alegando que “por ahora” los objetivos planteados no habían sido logrados.

Múltiples fueron las declaraciones de dirigentes políticos dentro y fuera del país que respaldaron al presidente Carlos Andrés Pérez, y repudiaron los hechos violentos donde murieron 32 personas y 95 resultaron heridas, según cifras oficiales. A Pérez no le quedó más remedio que volver a suspender las garantías, era la segunda vez que lo hacía en un lapso de tres años.

En el Congreso, la sesión celebrada dejó unas cuantas intervenciones que pasaron a la historia, entre las que resaltan la del senador David Morales Bello, quien exclamó: “Mueran los golpistas”.  Y la del senador vitalicio Rafael Caldera, al decir: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer […]”.

Dirigentes políticos como José Vicente Rangel, auguraron que aquel hecho fracturaría el sistema de dominación, haciendo referencia a los partidos tradicionales que habían estado alternándose en el poder. Unos meses después esto parecía concretarse cuando Carlos Andrés Pérez, tras varias reuniones con militantes de Copei, Causo R, e incluso su mismo partido AD, no lograba hacerse con apoyos suficientes que le ayudasen a repuntar en la popularidad.

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Ante tal panorama, decidió hacer nuevamente cambios en su gabinete y apostar por la creación de un Consejo Consultivo, el cual tendría como objetivo hacer una exhaustiva revisión de la situación nacional en aras de formular propuestas de cambio que permitiesen mantener y reforzar el sistema democrático, político y económico del país. Esto último no resultó del todo positivo para Pérez puesto que, entre los planteamientos que recibió se encontraba su renuncia y el llamado a una asamblea constituyente, las cuales rehusó a atender. Más sin embrago, el 10 de marzo consiguió un convenio con Copei para la conformación de un gabinete ministerial que se denominó Acuerdo Nacional.

Muy probablemente, este compromiso adquirido con Copei, y el cacerolazo del 10 de marzo, conllevaron al presidente a decidirse por detener los aumentos fijados en los diferentes bienes y servicios, a crear el Megaproyecto Social con presupuesto de 4 mil millones de dólares para atender las denominadas áreas prioritarias (salud, agua y educación), y a hacer un ajuste al alza en las tasas de impuestos que además supuso la creación de otros nuevos.

La petición de renuncia a Pérez empezó a sonar cada vez con mayor intensidad y frecuencia, al punto que individuos como el ex presidente y senador vitalicio Rafael Caldera, la respaldaron. Otro episodio oscuro y controversial de aquel trascendental año 1992, y que no puede pasar desapercibido, fue la denuncia emitida los días seis y siete de febrero por parte de diversos dueños de medios de comunicación como El Nacional, El Diario de Caracas, o las revistas Élite y Zeta, quienes decían que a sus instalaciones habían irrumpido de manera arbitraria funcionarios policiales y militares para inspeccionar lo que se iba a publicar, con la intensión de impedir que se dieran espacios importantes a los golpistas.

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