Para el 17 de noviembre, el diputado Nelson Chitty La Roche, a la cabeza de la Comisión Permanente de la Contraloría de la Cámara de Diputados, quedaba por medio de sesión, encargado junto a nueve compañeros más, de la Subcomisión Especial que llevaría a cabo las investigaciones pertinentes en torno a la veracidad sobre la que se sustentaba la denuncia de malversación de 250 millones de Bolívares de la Partida Secreta para la Seguridad, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores. El Tribunal Superior del Salvaguarda del Patrimonio realizó las averiguaciones con total libertad y con el beneplácito del mismo presidente Carlos Andrés Pérez, quien dijo con serenidad que no se iba a interponer en ningún momento al procedimiento establecido por la ley.

El presunto delito se remontaba a un hecho acontecido el 22 de febrero de 1989 cuando la ministro de hacienda, Eglé Iturbe de Blanco, lleva al consejo de ministros la petición presidencial para corregir el presupuesto dirigido a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores, que tiene que ver con gastos no imputables de “servicios de inteligencia, seguridad del Estado y orden público”. Esto quedó asentado dos días después en Gaceta Oficial N.º 34.166, luego de haberse tramitado ante la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE). 

Los gastos fueron apuntados de la siguiente manera en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República:

Orden de Pago Especial N.º 5062 de fecha 02 de marzo de 1989

  • Gastos de personal……………………………………………..……Bs. 162.500.000
  • Gastos de protección a personalidades……………………Bs. 50.000.000
  • Gastos de movilización de

los cuerpos de seguridad del Estado…………………………….Bs. 37.500.000

  • Total……………………………………………………………………………Bs. 250.000.000

Ese mismo dos de marzo, se efectuó la solicitud ante la oficina del Régimen de Cambio Diferencial (RECADI), para llevar los 250 millones de bolívares a dólares, a una tasa de cambio preferencial de 14,50.

El periodista José Vicente Rangel dijo el 24 de noviembre de 1992, ante la Subcomisión Especial, que la decisión del presidente Pérez, de cambiar aquel dinero a una tasa preferencial los últimos días que RECADI estuvo en funciones, era una clara evidencia de su incongruencia puesto que durante toda su campaña presidencial repudió la existencia de dicha institución por considerarla un “centro de corrupción.”

Ya para el nuevo año 1993, las investigaciones habían avanzado al punto que el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, solicitó formalmente el 11 de marzo a la Corte Suprema de Justicia un ante juicio de mérito contra el Presidente, y sus exministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart. Basado en los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, se les acusaba de los delitos de “peculado y malversación”, respectivamente.

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Uno de los detonantes de la decisión del fiscal Escovar Salom, fueron las contradicciones halladas en las respuestas ofrecidas por el presidente y los ex ministros, así como lo registrado en los documentos archivados en el Banco Central, institución encargada del traspaso del dinero.

Al parecer, el primer cheque (N.º 11243329) emitido y con el cual se compraron divisas, fue efectivamente retirado por la persona autorizada por el Ministerio de Relaciones Interiores, pero el segundo cheque (N.º 11245330), destinado a la misma función del primero, y con el cual se cerraba la solicitud, fue recibido por el funcionario delegado del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.

Cronograma de entrega de los cheques:

  • El Cheque N.º 11243329 por Bs. 7.250.000,00 con los que se compraron 500.000 dólares, fue retirado el mismo día de su emisión el 08 de marzo de 1989 por Carlos Vera, Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de Relaciones Interiores.
  • El cheque N.º 11245330 por Bs. 242.720.000,00 con los que se compraron 16.741.379,31 de dólares, fue retirado el 21 de marzo de 1989 por Oscar Barreto Leiva, Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, y por Omar Jacobskind, Director de Administración del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Pero en el cheque figuraba la fecha 17 de marzo.

El mismo Carlos Andrés Pérez en cadena nacional del 10 de marzo de 1993, decía que probablemente los ministros no habían informado el cambio en el cobro del dinero para evitar demoras con los trámites burocráticos. En este sentido los ministros posteriormente corroboraron esta versión, quizás sin percatarse que dicho acto violaba el artículo 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

A su vez había un detalle que no se dejó pasar por alto, este fue que RECADI había oficialmente cerrado el 13 de marzo de 1989, según Gaceta Oficial N.º 34.177, por lo que se argumentaba que la última compra de divisas realizada con el cheque expedido por el BCV, debió hacerse con el nuevo tipo de cambio de 37,60. El hecho de que los 272.720.000 Bs. se hubiesen cambiado el 21 de marzo a tasa de 14,50 hacía que existiera una diferencia de 10.286.060,17 dólares.

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Los cuestionamientos no se hicieron esperar, para muchos el acto correspondía a un episodio más de corrupción en el que los funcionarios de más alto nivel estaban involucrados. Arturo Uslar Pietri declaraba en El Nacional (15/03/93), que la solicitud realizada al Fiscal General para la investigación del caso era “necesaria e imprescindible”. Y el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Teodoro Petkoff, así como el senador vitalicio y expresidente Rafael Caldera, recomendaban al presidente colocar su cargo a la orden para así evitar otra posible revuelta popular similar a la de 1989.

Ante este panorama de tensión e incertidumbre, donde el bullicio de la calle se había calmado para observar atento el desenlace del caso, el presidente Pérez exclama a la prensa el 14 de marzo de 1993:

“No explicaré en qué se gastaron los 250 millones de bolívares, puesto que los gastos de Seguridad y Defensa son secreto.” Y más adelante dice: “[…] si se va a desconfiar de lo que los mandatarios van a hacer con la Partida Secreta, entonces hay que eliminarla.”

Y no dejó de advertir que la denuncia le parecía más un acto de intereses políticos que cualquier otra cosa, y que quienes apoyaron de alguna manera los intentos de golpe, ahora se inventaban otro mecanismo para sacarle a la fuerza del poder, pero que con todo y ello, no iba a desconocer jamás “una decisión de alguna autoridad del país.”

En este mismo sentido el Fiscal Escovar Salom manifestaba en entrevista al diario El Nacional que: “El hecho de que sean fondos secretos, no quiere decir que no son fondos públicos y no pertenezcan al Estado. […] Creo que en un futuro habrá que reglamentar estas partidas.”

La diatriba generada y expresada en el choque de opiniones convierten al país en tema central de varios medios de comunicación internacionales, quienes conocen perfectamente la figura de Pérez puesto que el mandatario desde su primer periodo presidencial se ha afanado por figurar en primeras planas al mantener constantes reuniones con líderes políticos de renombre mundial, y al desempeñarse como intermediario para la solución pacífica de disputas, como fue el caso de la nacionalización del Canal de Panamá.

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