Entre declaraciones de dirigentes políticos que solicitan la renuncia del presidente, y reuniones secretas de varios partidos donde ya se discute el nombre del posible sucesor, amanece el 20 de mayo de 1993, día este en el que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, reelecto para su cargo escasos días atrás, da a conocer la decisión, con nueve votos a favor y seis salvados, de que existen pruebas sólidas suficientes para someter al presidente Carlos Andrés Pérez a un antejuicio de mérito por malversación y peculado, así como a los exministros Izaguirre y Figueredo Planchart.

Este mismo 20 de mayo, Carlos Andrés Pérez emitió al país lo que para muchos es su más famoso discurso del cual se recoge la frase que simboliza el sentimiento que le produjo aquel hecho: “[…] no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte.”

Ante el momentáneo vacío de poder, el Congreso designa a Ramón J. Velázquez como presidente temporal de la República. El 31 de agosto el mismo Congreso declara la falta absoluta del presidente Pérez, y convierte así al historiador Velázquez en el encargado de finalizar el periodo gubernamental, fallo al que se niega rotundamente Pérez al considerar que viola lo establecido en las leyes, y que denuncia como producto de una amañada interpretación de los artículos 150, 186, 187, y 188 de la Constitución, puesto que se debía esperar al desarrollo del juicio y al veredicto.

Finalmente, durante el juicio se confirma el rumor que desde hace tiempo va de boca en boca, que el dinero de la Partida Secreta para la Seguridad, adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, habría sido usado para proveer seguridad personal a Violeta Chamorro, durante su candidatura y posterior toma de posesión en 1989. En tal sentido el excomandante del Comando Especial Táctico de Apoyo de la Policía Metropolitana (CETA), Freddy Bernal, comenta la operación encomendada por Pérez, la cual consistió en proporcionar seguridad a Chamorro durante siete meses. Y la misma Chamorro, ya para entonces presidente de Nicaragua, en carácter de “perito-testigo”, confirma los hechos.

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Carlos Andrés Pérez, como ya lo había hecho previamente, volvió a alegar que era importante entender que muchas veces la seguridad del país va más allá de sus fronteras, y que lo que sucede en un país vecino puede tener repercusiones en Venezuela.

Pese a su defensa, el 30 de mayo de 1996 es condenado por la Corte a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario por el delito de “malversación agravada”, y se exige “restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios inferidos al patrimonio público.”

Así culmina prácticamente la vida política de uno de los personajes más influyentes y controversiales de la era democrática venezolana. Este segundo periodo de gobierno sigue estando sujeto a profundas discusiones que caldean los ánimos de los más calmados tertulianos. Para algunos, el juicio y la sentencia fueron correctos, y demostraron la existencia de la división de poderes del Estado, además de haber permitido salvar la democracia en vista de que una vez Pérez sale del cargo, no acontecieron nuevos golpes militares, ni violentos disturbios populares. Para otros, contrariamente, fue una gran injusticia donde se demostró que los complots políticos pueden llegar muy lejos y ser muy peligrosos, a su vez que consideran, fue el verdadero comienzo del fin del periodo democrático que quedó sellado con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998.

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