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Chile repatrió a 138 migrantes, entre ellos 86 venezolanos y colombianos, en un avión fleteado desde Iquique al norte del país. La medida representa la mayor expulsión administrativa llevada a cabo en 24 horas.

Entre los deportados, el miércoles 10 de enero, también se encuentran 52 peruanos y bolivianos. Los retornados llevaban pocas pertenencias dispuestas en una bolsa blanca y una vez en la aeronave militar, solo tenían un suéter y zapatos.

Agentes de la policía de Chile escoltan a los migrantes que serán expulsados del país por no cumplir con su regularización / Reuters

La expulsión responde a la entrada ilegal de los extranjeros a territorio chileno hace menos de tres meses, mientras 11 de ellos tienen procesos judiciales, entre los cuales destacan delitos relacionados con narcotráfico.

El procedimiento fue ejecutado luego que el presidente Sebastián Piñera firmara el decreto 265, que otorga permiso a la Fuerzas Armadas para participar en labores de control de la migración irregular.

Rodrigo Delgado, ministro del Interior, advirtió que “con esto nosotros estamos notificando a las personas que tienen intención de llegar a Chile por pasos no habilitados y de forma clandestina que se arriesgan a un proceso de expulsión”.

La salida ocurrió días después que la localidad de Colchane y fronteriza con Bolivia, reportara un colapso general tras el arribo de miles de migrantes durante los últimos días.

La llegada masiva de extranjeros provocó desabastecimiento de bienes básicos y enfrentamientos entre inmigrantes y autoridades. Además, generó el colapso del sistema sanitario debido al COVID-19, por lo tanto, fueron instalados campamentos de forma preventiva para atender a los migrantes.

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El inicio del plan de deportación se produjo debido al fallecimiento de un caminante venezolano y otro colombiano, cuando intentaban llegar a Chile a través del paso con Bolivia de más de 3.000 metros de altura y con severas características climáticas.

La iniciativa del gobierno chileno busca disminuir el tráfico de personas a manos de los “coyotes” o empresas que promueven la movilización humana clandestina.

Caminantes en el campamento instalado en la localidad de Colchane al norte de Chile / AFP

“Se va a enfatizar que todo aquel que entre irregularmente a Chile, no va a poder optar por una regularización de su estatus y por consiguiente su situación va a ser completamente precaria”, aseguró el canciller chileno, Andrés Allamand, al diario ‘El Mercurio’.

Según autoridades chilenas, en enero ingresaron ilegalmente por la frontera norte cerca de 3.600 migrantes, es decir, una cantidad 10 veces superior a la registrada hace un año.

Estas acciones contrastan con la posición de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (CIDH) que, desde el comienzo de la pandemia y de acuerdo a la Declaración de Cartagena, exhorta a los Estados a reconocer como “refugiados” a los migrantes venezolanos.

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El organismo igualmente establece que quienes huyen de un país por violación sistemática de derechos humanos, como es el caso de Venezuela, deben ser reconocidos como refugiados y, en ese sentido, es imperativo brindarles protección internacional.

El Servicio Jesuita de Migrantes rechazó la medida y apuntó que el 72% de los caminantes que cruzan por pasos no habilitados, tras el cierre de la frontera entre Bolivia y Chile, son venezolanos.

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Waleska Ureta, representante de la organización, explicó que “el flujo de migrantes debe enfrentarse con la implementación de medidas migratorias, pero estas deben ser, ante todo, humanitarias”.

El secretario general de la entidad no gubernamental chilena, Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, sentenció que el coronavirus es “la excusa utilizada por el gobierno” para no dejar entrar al país a los migrantes.

Noriega alegó que, “si bien todos los Estados son soberanos y están en su derecho de establecer restricciones, este tema se debe manejar de otro modo”. Considera que “antes de expulsar y criminalizar, se debe regularizar”.

Estamos hablando de niños que quieren reunirse con sus familias, de mujeres desamparadas. El Estado tiene que desmilitarizar la frontera. Ellos mismos se dan cuenta de que han retenido probablemente con medios bélicos a grupos de migrantes y que la situación no es acorde con el derecho interno chileno”, dijo.

Entre las reacciones de políticos venezolanos en el exilio, destaca la respuesta de David Smolansky, representante de Juan Guaidó ante la OEA, quien manifestó a través de su cuenta de Twitter que, “las deportaciones no van a frenar el deslave humano de venezolanos. No se emigra voluntariamente, se huye forzosamente de la dictadura, son refugiados. Aquellos con antecedentes penales, que les caiga todo el peso de la ley, pero por unos pocos no pueden pagar muchos inocentes”

Los anuncios del ejecutivo chileno difieren de las decisiones efectuadas por otras naciones en la región: Colombia, a través del Estatuto Temporal, estableció la regularización de todos los venezolanos en su territorio.

Por su parte, Brasil y Ecuador han aplicado un criterio colectivo para reconocer y otorgar refugio a los connacionales. Mientras, Argentina amplió las excepciones de la Visa Mercosur hacia la población venezolana.

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