La presidente de la CIDH, Esmeralda Arosemena, constató en el puente internacional Simón Bolívar, la crisis vivida por los venezolanos.
Foto: Michael Guerrero.

Los esfuerzos y riesgos para documentar al otro lado de la frontera las violaciones a los derechos humanos, no tuvieron límites. No solo implicó viajar kilómetros por vías terrestre, pasar frontera sin ningún tipo de documentos y esperar las represalias que puedan surgir a partir de los testimonios ofrecidos, bien sea en contra del familiar que denuncia o la víctima que continúa en manos de los verdugos.

Por Rosalinda Hernández C.

Sorprendida con cada uno de los testimonios presentados, cerró el ciclo de reuniones abiertas que durante dos días (6 y 7 de febrero), sostuvo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (CIDH) presidida por Esmeralda Arosemena, con víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

La ciudad fronteriza San José de Cúcuta, Colombia, fue el lugar del encuentro de la CIDH, con organizaciones de la sociedad civil que informaron sobre casos de represión, torturas a las que están sometidos los presos políticos, arbitrariedades y la falta de un sistema de justicia que responda a los principios de legalidad.

Al final de los testimonios presentados, la también relatora para el caso Venezuela, no pudo evitar que se le quebrara la voz; el llanto sobrevino y la tristeza le marcó el rostro.

“No sé si esto se pueda comparar con los genocidios, con las tragedias de la segunda guerra mundial, donde después de ocurridos los hechos surge la pregunta: ¿qué pasó?, ¿cómo la humanidad no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo?”, dijo Arosemena.

La relatora de la CIDH para Venezuela, precisó la necesidad de atender no solo a las victimas, también a su entorno familiar

La exigencia en adelante, -precisó- será atender la situación no solo de quienes están directamente afectados, también a familiares, amigos y compañeros de las víctimas de violación a los derechos humanos.

Desgarradores testimonios

“No tengo pasaporte, ni tarjeta de movilidad fronteriza. Tuve que hablar con la policía colombiana en el puente Simón Bolívar, decirles quién era yo y por qué necesitaba ir a Cúcuta, ellos accedieron a dejarme pasar. No fue fácil pero necesitaba llegar hasta aquí”, dijo Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, Luis Bandres Figueroa, detenido el 21 de enero de 2019 en el comando de escuadrón de Cotiza, al oeste de Caracas, cuando participaba de una sublevación militar, junto a 24 guardias nacionales.

Mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo, la esposa del militar planteó que regresar a Venezuela representaba un riesgo porque se desconocen las acciones que ejercerá el gobierno al enterarse  del encuentro con la CIDH. Sin embargo, eso no le quita el sueño porque aseguró que en medio de todo lo que ha enfrentado, ya no tiene miedo.

Bates, manoplas de metal y electricidad, fueron parte de los métodos empleados para torturar a Luis Bandres en la sede de contra inteligencia militar, detalló la esposa.

“Lo obligaron a comer heces fecales, y el vómito provocado por consumirlas se lo tenía que tomar. La tortura cubriendo con bolsas plásticas el rostro, representa otro de los métodos usados. Cuando no soportaba se desmayaba y lo despertaban lanzando agua en el cuerpo, luego le ponían corriente para despertar y seguir con la tortura”, relató.

El militar actualmente está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, donde ha sido confinado a la celda de castigo “el tigrito”, dónde la tortura pasó a ser psicológica y con restricciones de alimentos hasta por ocho días.

Disparos a los ojos

El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ha venido documentando en los últimos años un patrón de violencia sistemática y recurrente, practicado por los organismos de seguridad venezolanos: los disparos en los ojos de los manifestantes.

Ya son 30 jóvenes que han perdido la vista como consecuencia de disparos a los ojos y cara, propinados por parte de la Guardia Nacional, Policía Nacional o regionales, detalló la directora del Observatorio, Mayda Hocevacar.

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Manuel Guillén, es una de las tantas víctimas de ataques certeros a los ojos. 

Manuel Guillén, (27 años) es una de las tantas víctimas de ataques certeros a los ojos. 

El 8 de mayo de 2017, manifestaba pacíficamente, “por lo que padecemos ahorita los venezolanos: fallas en los servicios públicos, falta de alimentos, medicinas”, dijo el joven de 20 años que recibió perdigonazos en el rostro por parte de organismos de seguridad del estado Mérida.

Una intervención para vaciar el globo ocular derecho y poner una prótesis fue practicada al venezolano en el Hospital Universitario de Los Andes (HULA). Desde entonces su vida cambio por completo. No pudo seguir estudiando y en lo laboral, el desempeño no es el mismo porque ahora tiene un solo ojo.

Responsabilizó al gobierno de Venezuela de su situación y espera que la CIDH, conozca cada caso de violaciones a los derechos humanos para que salgan a la luz y se pueda lograr algo.

El derecho a la salud

Estrella Uzcátegui es médico cirujano del Hospital Universitario de los Andes (HULA) en Mérida, ex directora del referido centro asistencial. Su presencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue puntual: denunciar la violación sistemática del derecho a la salud de los venezolanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Estrella Uzcátegui es médico cirujano del Hospital Universitario de los Andes (HULA) en Mérida.

“En Venezuela no se les garantiza la salud a los niños, a ningún enfermo, ni a pacientes renales u oncológicos. Los niveles de desnutrición son alarmantes y estamos con cifras de cualquier país africano”, detalló Estrella en conversaciones con Frontera Viva.

El retorno de enfermedades que ya se creían erradicadas como el sarampión, rubeola, tuberculosis y paludismo están causando la muerte y alarma en la población, agregó.

“No contamos con vacunas. El HULA, era el tercer hospital donde se hacían trasplantes renales en Venezuela, ya cumplimos cuatro años sin trasplantes renales y todos los pacientes están condenados a estar conectados a una máquina porque el Estado venezolano no ofrece la oportunidad de hacerse trasplantes, ni diálisis, la mayoría deben practicarlas en centros privados o de lo contrario fallecen”.

Como representante de la salud, Uzcategui, solicitó ayuda a la CIDH, teniendo en cuenta que fue formada para salvar vidas y no para dejarlas morir como está sucediendo. La mortalidad infantil ha aumentado en más de un 40% y la materna en un 30%, explicó.

La mortalidad general –dijo- se incrementa porque quién no tenga dinero para medicinas e insumos no puede ser atendido. En el hospital universitario de los andes, 18 áreas de especialidades han cerrado porque la tecnología desapareció.

“Trabajo en un área de emergencia donde veo morir pacientes que son recuperables y es inadmisible que en un hospital universitario un paciente con una simple apendicitis fallezca porque no hay recursos para atenderlo”.

Hablan los sobrevivientes

El 8 de junio de 2019, una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegó a la estación de servicio El Llanito, ubicada en Tabay, estado Mérida. El descontento luego de siete días de espera en largas filas para surtir 40 litros de combustible, se hizo notar en la población que protestaba.

“Cierran la bomba y dicen que no hay más combustible pero nos percatamos que por la parte trasera de la estación los policías nacionales, daban acceso a carros particulares. La gente empezó a reclamar”, relató Gerardo Paredes de 46, sobreviviente de la acción policial y primo de Wilderman Paredes de 30 años, quien fue asesinado de un disparo en el pecho.

No fue posible mediar con los PNB y de acuerdo a la versión presentada a la CIDH, el sobreviviente recordó que en medio de la impotencia porque la autoridad los retira de la estación de servicio, su primo Wilderman Paredes, escupió a un PNB,  en ese instante el jefe policial da órdenes de atacar.

“Apuntan en mi rostro y descargan la escopeta primero en el brazo, otra en el rostro y mientras yo pedía que no más, me descargaron otra en el pecho. No me mataron porque se les acabaron los perdigones”, aseguró Gerardo.

“Dios me dejó vivo para venir aquí y decirle al mundo lo que está pasando en Venezuela”, dijo Gerardo Paredes.

Aparte de los perdigones, Paredes recibió un disparo en el pómulo izquierdo que le ocasionó heridas múltiples en el rostro que ameritó reconstrucción de nariz, quijada, parte de la frente y el mismo pómulo.

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“Dios me dejó vivo para venir aquí y decirle al mundo lo que está pasando en Venezuela”, fueron las palabras de Gerardo Paredes, en entrevista con Frontera Viva.

Los policías acusados actualmente son procesados, pero Gerardo está siendo asistido por defensores públicos. En otras palabras, -precisó-  el gobierno pone abogados para que se defienda del mismo gobierno.

En el caso del asesinato de Wilderman Paredes, era el equipo legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes quienes llevaban la defensa, pero fueron retirados y no fue aceptado un defensor privado.

¿Dónde están los desaparecidos?

Jhony Romero viajó desde Coro, estado Falcón hasta Cúcuta con la intensión de visibilizar el caso de su único hijo, Johnny de Jesús Romero de 27 años, que junto a 34 personas más, partió desde las costas de la Vela de Coro con destino a Curazao y nunca llegó.

Jhony de Jesús y el resto de acompañantes de la embarcación que lo llevaría a cumplir el sueño de una mejor vida, desapareció en altamar sin dejar ningún rastro, el 7 de junio de 2019.

“No hay explicación para entender como en unas costas custodiadas por organismo de seguridad del Estado (Guardia Nacional, Guardia Costera, CICPC, Policía Nacional) hasta el mes de enero de 2020, se han registrado aproximadamente 152 personas, (incluyendo a las personas de los peñeros Ana María, Jhonaily) desaparecidas y nadie da respuestas”, comentó el padre del joven.

Jhony Romero, padre de Jhony de Jesús Romero

Luego de investigaciones adelantadas por familiares de las víctimas, se dio con el paradero de dos personas que están detenidas. Las desapariciones están relacionadas con la trata de blancas, el tráfico humano, afirmó Romero.

Los involucrados en el hecho no han sido condenados, están privados de libertad y desde hace ocho meses de la detención las audiencias han sido diferidas siete veces, denunció.

“La gente me dice que me quede tranquilo, que deje las cosas así, que pase la página,  pero no puedo dejar ir a mi hijo sin luchar. Si Johnny estuviera aquí lo abrazaría y no lo soltaría nunca más. Así como cuando él era un bebé”, dijo el padre del joven, mientras el llanto le impedía continuar con la entrevista.

Expandir el terror

Utilizar las torturas con los presos políticos como método para expandir el terror y que los venezolanos se mantengan en silencio, es la constante empleada por el gobierno de Nicolás Maduro, señaló Ana María da Costa, hermana del activista venezolano, Vasco da Costa, recluido en el hospital militar Carlos Arvelo de Caracas.

Vasco da Costa, se encontraba recluido en una celda de castigo en la cárcel de Ramo Verde. Allí fue mordido por una rata en la pierna izquierda, ocasionándole una celulitis. A lo anterior, se suma un carcinoma que afecta su ojo derecho.

El también miembro de Movimiento Nacionalista, fue detenido el 16 de abril de 2018, y lo relacionan al caso “Gedeón 2”, presunta célula que se encargaba del reclutamiento de hombres para atentar en contra de gobierno de Maduro.

La hermana de Vasco Da Costa, advirtió a la CIDH que si su familiar regresa a una cárcel estaría en riesgo de muerte. Es la octava vez que es capturado por las fuerzas del régimen.

“Con 60 años que tiene mi hermano no hay muchas fuerzas para soportar más torturas. Desde el 2004 hasta ahora ha sido capturado ocho veces. Si lo sacan del hospital militar a Ramo Verde, puede morir”.

En Venezuela hay más de 400 presos políticos y más de 16.000 personas judicializadas. El récord se superó en el año 2017 cuando la suma de presos políticos según Foro Penal fue de 1.000. De acuerdo a Ana María da Costa, en todos los estratos sociales y gremios profesionales existe un preso político.

Espera que a partir de la visita del organismo internacional se pueda informar técnicamente que, en Venezuela, “si existen presos políticos, existe tortura y que el chavismo en 20 años lo único que ha hecho es destruir a un país próspero y rico, convirtiéndolo en pobre, miserable, lleno de gente triste que lo único que hace es huir”.

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