Los gobiernos de Ecuador y Colombia han propuesto a Perú que la expulsión de extranjeros en situación irregular, tras la implementación de un decreto para deportar migrantes, se realice a través de vuelos directos hacia sus países de origen.
El ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, afirmó el día de hoy en Quito que esta sugerencia surgió ante informes que advertían sobre una posible oleada masiva de venezolanos desde Perú luego de que el gobierno peruano aprobara el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) para los migrantes irregulares.
Zapata, a través de su cuenta en una red social, comunicó que participó en una reunión junto al canciller ecuatoriano Gustavo Manrique y autoridades migratorias de Perú y Colombia con el fin de comprender las medidas migratorias de Perú y sus implicaciones regionales frente a la migración de ciudadanos extranjeros desde el país vecino.
“Se acordó una nueva reunión para determinar protocolos y acciones a ejecutar en conjunto”, señaló Zapata al término del encuentro, sin especificar la fecha o el formato de la cita.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció la aprobación de un decreto que agiliza la expulsión de extranjeros en condición irregular, con el propósito de mejorar el control migratorio y regular el ingreso y salida de extranjeros en el país.
Este decreto otorga a la Policía peruana la capacidad de retener a extranjeros en situación irregular por 24 horas, seguido de un procedimiento que podría culminar en la expulsión y la prohibición de reingreso al país.
“Los migrantes irregulares deben regresar a su país, esa es la decisión tomada por el gobierno”, enfatizó Otárola.
La Superintendencia peruana de Migraciones reveló que en seis meses se recibieron 214,633 solicitudes para obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) que regulariza la situación migratoria de extranjeros. El 94% de las solicitudes son de venezolanos, seguidos por un 2,4% de colombianos, un 0,9% de cubanos, un 0,6% de ecuatorianos y un 1,8% de otros países.
Por ahora, Ecuador afirma que no registra ingresos de ciudadanos extranjeros por sus fronteras y exhorta a la población a informarse a través de canales oficiales.
