Sofos de Mileto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han publicado el documento “Panorama de las Administraciones Públicas, América Latina y el Caribe, OECD (2020)”, (*Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es). En este informe se presenta en detalle aspectos claves de la gobernanza pública que permiten a los ciudadanos analizar el desempeño de los gobiernos de América Latina y el Caribe, con indicadores sobre la totalidad de la cadena de producción del gobierno, desde los insumos, pasando por los procesos, hasta los resultados. Allí se cubren las finanzas y empleos públicos, prácticas y procedimientos presupuestarios, gestión de recursos humanos, política y gobernanza regulatoria, datos abiertos gubernamentales, contratación pública, integridad púbica y resultados fundamentales de gobierno.  Los datos presentados se recogieron mediante encuestas a funcionarios de gobierno, lo que representa estadísticas oficiales.

Además, se les ha pedido a los respondientes que proporcionen evidencia adicional para validar sus respuestas que, a su vez, se han corroborado con fuentes externas que estuvieran disponibles. También se ha recurrido a datos que manejan instituciones como la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional. La información de finanzas públicas y económicas se toma también de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial y Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI. La mayoría de las fuentes de información tienen fecha de recolección de finales del 2019 y comienzos del 2020, aunque varios datos hacen comparaciones con años anteriores. Venezuela aparece en algunos indicadores, pero en varios importantes no hay datos, posiblemente por la falta de transparencia que se sabe existe en la gestión pública del nuestro país. En este Artículo nos referimos a algunos de ellos.

¿Por qué la integridad en la gobernanza pública es relevante?

Los gobiernos son actores importantes en las sociedades modernas. Los ciudadanos interactúan permanentemente con ellos desde la emisión de actas de nacimiento hasta la provisión de salud, educación y beneficios sociales. En la medida que los países alcanzan niveles de desarrollo más altos, las expectativas de servicios públicos de calidad tienden a aumentar, mientras que su prestación se vuelve más compleja. La buena gobernanza es fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental a largo plazo. La capacidad de los gobiernos para operar de manera efectiva y eficiente depende, en parte, de sus políticas y prácticas de gestión. Un gobierno abierto es clave para garantizar que existan canales adecuados para la participación y para motivar a que los ciudadanos se involucren activamente en la formulación de políticas y la prestación de servicios. También permite el escrutinio público, que controla la integridad y responsabilidad de las autoridades, gerentes y funcionarios gubernamentales.

Aunado a lo anterior, la confianza es uno de los elementos más importantes sobre los cuales, no solo se construye la legitimidad y la sostenibilidad de un sistema democrático, sino que ella es el factor de arranque cuando en un país tomado por la tiranía, el autoritarismo, la narco delincuencia y márgenes estratosféricos de corrupción en las esferas del poder público, se pretende reconstruirlo con bases sólidas y regenerativas. La confianza en el gobierno es esencial para la cohesión social y el bienestar, incluida la reducción de la desigualdad, ya que afecta la capacidad del gobierno para implementar reformas. Según la Encuesta Mundial Gallup, en promedio, los niveles de confianza en los gobiernos de ALC alcanzaron el 33,9% en 2018, 4,4 puntos porcentuales menos que en 2007, y por debajo del promedio de la OCDE de 45%. En promedio, las generaciones más jóvenes reportan una menor confianza en el gobierno que las mayores (33,1% de los que tienen entre 15 y 29 años en comparación con el 40,1% de los que tienen 50 años o más). Los estudios muestran que dicha confianza está influenciada por muchos factores, incluida la aprobación del liderazgo, la apertura del gobierno, la calidad de los servicios y la equidad percibida.

Venezuela en lo peor de gestión pública

Según el informe el nivel de confianza en el gobierno es del 24% y entre 2007 y 2018 se redujo en 39 puntos porcentuales; asimismo, en ese año 2018 las mayores diferencias en los niveles de confianza entre las cohortes de más edad y más jóvenes alcanza 21 p.p. Esto coloca a nuestro país con los índices más bajos en América Latina en esa confianza.

La idea de que todos son iguales ante la ley es una piedra angular de los sistemas democráticos. A partir de la década de 1980, la región de ALC experimentó una larga y profunda ola de democratización. Desde entonces, consolidar y fortalecer los valores democráticos ha sido uno de los principales desafíos para la región con diversos grados de éxito en los diferentes países. El estado de derecho o imperio de la ley se refiere a la idea de que las mismas reglas, procedimientos y principios se aplican a todas las personas y organizaciones, incluido al propio gobierno. En la práctica, el concepto está consagrado en leyes, códigos y procedimientos que garantizan un trato justo por parte de las instituciones y un acceso igualitario a la justicia. A su vez, su aplicación se basa en la previsibilidad, confiabilidad y rendición de cuentas esperadas del sistema jurídico. En sí mismo, el estado de derecho es un concepto multidimensional que abarca diversos elementos como los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la ausencia de corrupción y el gobierno abierto. La mayoría de estos elementos también se reconocen como componentes claves de la buena gobernanza, cruciales para mantener la paz y el orden, lograr el desarrollo económico y garantizar la provisión efectiva de bienes y servicios públicos.

El World Justice Project (WJP) presenta uno de los enfoques más sistemáticos para conceptualizar y medir el estado de derecho en todo el mundo. Según su metodología, los sistemas que defienden el estado de derecho comprenden cuatro principios universales: 1) el gobierno y los actores privados son responsables ante la ley; 2) las leyes son claras, publicitadas, estables y justas; se aplican de manera uniforme; y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas, los derechos contractuales y de propiedad, y ciertos derechos humanos fundamentales; 3) los procesos mediante los cuales se promulgan, administran y hacen cumplir las leyes son accesibles, justos y eficientes; 4) la justicia se aplica oportunamente por representantes y entes neutrales competentes, éticos e independientes, que son accesibles, tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven. El WJP evalúa el estado de derecho a través de ocho factores que buscan medir diferentes aspectos del concepto. Aquí se presentan los resultados de dos de estos factores: restricciones a los poderes del gobierno y protección de los derechos fundamentales. Los puntajes de los factores oscilan entre 0 y 1, donde 1 significa el puntaje más alto posible y 0 el más bajo.

El factor que mide las restricciones sobre los poderes del gobierno captura hasta qué punto los que gobiernan están obligados por la ley. Comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, a través de los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes están limitados y son responsables ante la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como la prensa libre e independiente. En este índice Venezuela presenta un factor de 0,18, siendo el más bajo de la región.

En cuanto a la medida para la protección de los derechos fundamentales, incluye información sobre la aplicación efectiva de la ley y el debido proceso, así como la adhesión y el respeto a una gama de derechos humanos y laborales básicos establecidos por el derecho internacional. El puntaje más bajo lo vuelve a presentar Venezuela con 0,33.

Los proveedores de atención médica, las escuelas en diferentes niveles y los tribunales prestan servicios a los ciudadanos y, como tales, se encuentran entre las instituciones que configuran la percepción y la experiencia de los ciudadanos sobre los servicios públicos. La satisfacción con los servicios se considera un resultado clave de la actividad gubernamental influenciada por cómo los gobiernos producen y prestan servicios. Sin embargo, más allá de las métricas de satisfacción, hasta hoy no existe un método estandarizado internacionalmente para realizar encuestas de hogares sobre atributos claves (por ejemplo, acceso, capacidad de respuesta, calidad) que conforman la satisfacción con los servicios. Es así como en la satisfacción ciudadana con el sistema de salud, Venezuela con 26 % junto a Haití con 24 % presentan el índice más bajo. Estos dos países también presentan la proporción más baja de satisfacción de los ciudadanos con las escuelas y sistema educativo, reflejando Venezuela el 41 %.

Por otro lado, Venezuela presenta la confianza más baja en el poder judicial junto con Perú y Bolivia, la cual no pasa del 25 %.

Ni chavismo ni madurismo en la Venezuela de bien

En el momento en que sea una concreción la edificación de una nueva Venezuela de libertades, de democracia y de oportunidades para toda la población, no se puede aceptar que quienes han sido los protagonistas de su destrucción y miseria se involucren en el andamiaje político, social y económico de bienestar integral. Los jefes del cartel y grupo delincuencial que desde la esferas del poder ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral y desde la cúpula nauseabunda de las Fuerzas Armadas han tenido aterrorizada a una nación entera, sojuzgándola y llevándola a los niveles más humillantes de postración, no pueden participar en la construcción de algo que no le es familiar y para lo cual no tienen capacidad alguna.

Nos referimos a que personajes como Maduro, Diosdado Cabello, Mikel Moreno, Tareck El Aissami, los sinestros hermanos Rodríguez, Tarek William Saab, Padrino López y compañía de narco militares de micrófono y pantalla, no pueden ser bienvenidos a los horizontes de un verdadero bienestar material y espiritual de los ciudadanos. Por haber dilapidado y birlado la más ingente fortuna de la renta petrolera, por incurrir en actos de grave corrupción con el erario público, por haber violentado con la mayor atrocidad todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, para imponer en su asalto al poder un régimen narco corrupto comunista, no pueden quedar impunes. Hay que seguir el ejemplo de lo que aplicó el Libertador el 12 de enero de 1824, en Lima, cuando decretó la pena capital a todo funcionario público “a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba.” A los jueces que no procedieron conforme a ese decreto se les aplicó la misma pena.  No se salvaría ningún personero del régimen, pues “la clemencia con los criminales es un ataque a la virtud.” Ya se verá cómo desintoxicar a los adeptos que por migajas entregaron su alma al diablo.

Los venezolanos tenemos sed y hambre de cobertura, acceso y disfrute de alimentación, salud, trabajo formal, educación, justicia, estabilidad política y social, ejercicio pleno de derechos y seguridad, con los mismos estándares de calidad de vida que tienen   países como Dinamarca, Suiza, Finlandia, Australia, Islandia, Austria, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda y Suecia, que encabezan el ranking 2020 según Social Progress Imperative.

No debemos ceder nuestra esperanza por un futuro mejor. Ese sentido de logro, de realización y de optimismo es la fogata que nos ayudará a sobrevivir.

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