Sofos de Mileto

Un Estatuto chucuto

Nos parecen muy pobres y, en todo caso, insuficientes los fundamentos expuestos en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia aprobado recientemente por la Asamblea Nacional para declararse en continuidad constitucional el Poder Legislativo Nacional, a partir del 5 de enero de 2021. Solo se ha limitado a hacer referencia a que “el evento político celebrado el 6 de diciembre de 2020 no es una legítima elección parlamentaria” y que “todos los actos emanados de la írrita institucionalidad derivada del fraude electoral del 6 de diciembre de 2020 son nulos e ineficaces en los términos de los artículos 25 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

Aunque la necesidad de enfrentar las pretensiones perversas de este régimen comunista, destructor de la institucionalidad democrática, de atornillarse en el poder, incluso a costa de la vida de los venezolanos, no se discute, parece que la Asamblea Nacional adolece de un mejor asesoramiento en materia de Derecho Constitucional, para este Estatuto, como acto normativo, excepcional y transitorio, superior a las leyes formales, dictado por la AN en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Porque si quería darle un buen marco jurídico a la mencionada decisión, que ha sido polémica, discutida y objeto de algunos debates, podía haber recurrido a la amplia doctrina que existe en esta materia. Lo que pretende este análisis es contribuir al esclarecimiento de las bases que, desde la fuente de poder originario, le permiten a la Asamblea Nacional actuar en una situación transitoria, pero a la vez compleja, como la crisis política que se presenta al coexistir órganos legítimos del Poder Público con aquellos que carecen de tal carácter. Sólo vamos a mostrar que, si bien en nuestra Carta Magna no hay una previsión específica al respecto, existen argumentos a los cuales se pueden recurrir para no dejar en la cuerda floja semejante dictamen.

Origen de la Soberanía Popular

Desde la Revolución Francesa que acogió de manera abierta las ideas de Rousseau sobre el fundamento del Estado, se adoptó que el poder del Estado ya no estaría en manos del monarca por una decisión divina, sino por una decisión del pueblo. Durante la profundización de la revolución, la propuesta mutó a la siguiente: por una decisión del pueblo, el poder del Estado ya no estará en manos del monarca. Se operó el traslado efectivo de la soberanía como suprema potestad de mando y gobierno de una Nación, de un Monarca absoluto, al pueblo.

A partir de las revoluciones de Francia y de Norteamérica, la soberanía comenzó a residir en el pueblo; concepto que influyó directamente en el constitucionalismo latinoamericano, recogido en nuestra Constitución venezolana de 1811, al señalar que: “Una sociedad de hombres reunidos bajo unas mismas leyes, costumbres y gobiernos forman una soberanía” (Artículo 143); y en el  artículo 144 de la misma Constitución se agregó que: “La soberanía de un país, o supremo poder de regular o dirigir equitativamente los intereses de la comunidad, reside, pues, esencial y originalmente en la masa general de sus habitantes y se ejercita por medio de apoderados y representantes de éstos, nombrados y establecidos conforme a la Constitución.”

Según Pablo Marshall Barberán, en su trabajo “La Soberanía Popular como fundamento del Orden Estatal y como Principio Constitucional”, la fórmula filosófica para respaldar estas ideas estaba en el recurso al contrato social de Rousseau. Mediante este contrato social cada uno de los individuos, naturalmente libres e iguales, consiente en la enajenación total de su persona a favor de la comunidad, en tanto que se subordina, él y su voluntad, a la suprema dirección de la voluntad general, la que se convierte así en soberana. Pero, por otra parte, cada miembro es admitido por todos los demás como parte indivisible del todo y, por consiguiente, la misma voluntad general no es sino una resultante de voluntades individuales.

El pueblo es el soberano como unidad política

Ahora bien, como se aprecia, la soberanía se atribuye al pueblo, como comunidad política. Lo que caracteriza al pueblo como unidad política es el vínculo que se sostiene en la decisión común de vivir juntos y tomar parte tanto en los éxitos y beneficios, como en las responsabilidades y fracasos de la comunidad. En definitiva, significa decidir participar en la libertad y en la responsabilidad de guiar su destino como comunidad. La comunidad política, como unidad, permite dar cuenta de una voluntad general del pueblo, distinta a la voluntad de cada uno de los individuos que lo conforman y distinta también de la mera agregación de dichas voluntades. Sin embargo, la comunidad política no es algo distinto al pueblo, es el pueblo mismo en su unidad política. El pueblo no puede actuar como sujeto sino conforme a su unidad. Puede ilustrarse esto mediante una analogía: la orquesta es un conjunto de músicos. Los músicos agregados hacen un conjunto de músicos. Sólo la voluntad de los músicos de permanecer y actuar con unidad hace que pueda predicarse a su respecto que ellos conforman una orquesta.

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El Artículo 5 de nuestra Constitución, en este sentido, es más insistente cuando agrega la expresión que la soberanía reside “intransferiblemente” en el pueblo. Es decir, tal como lo anota Allan Brewer Carías en su estudio “El Principio de Soberanía Popular, el Republicanismo y el Gobierno Democrático Representativo”, la soberanía sólo y siempre reside en el pueblo y nadie puede asumirla, ni siquiera una Asamblea Constituyente la cual, por supuesto, nunca podría ser “soberana” y menos aún “soberanísima”, como tantas veces e impropiamente se calificó a la Asamblea Nacional Constituyente, ni la de 1999, ni la del 2017. En la Constitución de 1999, incluso, se señaló expresamente, al regularse la Asamblea Nacional Constituyente, que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” el cual, por tanto, no puede jamás ser transferido a Asamblea alguna.

La idea de la soberanía popular se consolidó, entonces, en los hechos.

¿Cómo se ejerce la soberanía popular?

La actuación del pueblo nunca puede ser llevada a cabo por el pueblo en su totalidad. Siempre será un sector del pueblo o algunos individuos aislados los que llevarán a cabo los actos de soberanía popular como agentes del pueblo. Es posible concluir, por tanto, que el pueblo es capaz de buscar y crear sus propias formas de manifestarse, en ejercicio de su poder soberano. Arraigado en el constitucionalismo venezolano, desde la Carta Magna de 1811, el concepto que el pueblo es el soberano, se derivó de ello la idea de representatividad republicana, la cual, por supuesto, también se recogió en la Constitución de 1811, en la cual se estableció que la soberanía se ejercitaba sólo “por medio de apoderados o representantes de éstos, nombrados y establecidos conforme a la Constitución” (Artículo 144). Por ello, agregó esa Constitución, en su Artículo 146 que “Ningún individuo, ninguna familia, ninguna porción o reunión de ciudadanos, ninguna corporación particular, ningún pueblo, ciudad o partido, puede atribuirse la soberanía de la sociedad que es imprescindible, inajenable e indivisible, en su esencia y origen, ni persona alguna podrá ejercer cualquier función pública del gobierno si no la ha obtenido por la constitución.”

En definitiva, siendo el sistema de gobierno netamente republicano y representativo, conforme a la más exacta expresión francesa de la Declaración de 1789 (Artículo 6), la propia Constitución de 1811 estableció que: “La Ley es la expresión libre de la voluntad general de la mayoría de los ciudadanos, indicada por el órgano de sus representantes legalmente constituidos.” (Artículo 149).

Pues bien, desde este antecedente y al consolidarse durante los últimos doscientos años todos los principios del republicanismo y de la representatividad democrática, basados en el principio de que la soberanía reside en el pueblo, surge el postulado, en el Estado de Derecho, de la democracia representativa, la cual se encuentra expresada en el mundo contemporáneo en todas las Constituciones, como es el caso, por ejemplo, la de Venezuela de 1999, en cuyo artículo 5, antes citado, se dispone que la soberanía el pueblo la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Entonces plantea nuestra Constitución el ejercicio mixto de la soberanía. Por un lado, la democracia directa o participativa, pero por el otro, se mantiene lo que en el mundo moderno ha sido el desarrollo del principio de la democracia representativa, en el sentido de que el pueblo, que es el titular de la soberanía, normalmente la ejerce mediante representantes. Tal como apunta el Dr. Brewer Carías en el estudio citado, soberanía popular y democracia representativa, por tanto, son principios consustanciales e indisolubles, razón por la cual es imposible consagrar el principio de la soberanía popular, en un régimen democrático, sin el principio de la democracia representativa. La representatividad, en sí misma, es de la esencia de la democracia, y los vicios de aquella lo que exigen es perfeccionarla, mas no eliminarla.

Lo anterior se complementa con el artículo 62 de la Constitución vigente, que consagra el derecho de los ciudadanos de participar libremente en los asuntos públicos “por medio de sus representantes elegidos”. Lo que no puede admitirse es que se pretenda sustituir la democracia representativa por la democracia participativa, utilizando ésta como una engañosa y clara estrategia para acabar con la propia democracia representativa como régimen político, exacerbando la desconfianza en las propias instituciones del Estado constitucional democrático de derecho.

No puede haber democracia sin representación y, en particular, sin órganos representativos como son los Congresos o Parlamentos electos mediante sufragio universal, secreto y directo. Su sustitución es esencialmente imposible si de democracia se trata, sin perjuicio de que la representatividad afortunadamente se haya venido enriqueciendo en muchos países en las últimas décadas, precisamente con la introducción de mecanismos de democracia directa que la complementan, pero que jamás podrán sustituirla.

En el mundo contemporáneo, la democracia no sólo se define como el gobierno del pueblo mediante representantes elegidos, es decir, donde se garantice el acceso al poder de acuerdo con sujeción al Estado de derecho, sino además y por sobre todo, como un gobierno sometido a controles, y no solo por parte del Poder mismo conforme al principio de la separación de los poderes del Estado, específicamente del Poder Judicial y del Juez Constitucional, sino por parte del pueblo, es decir, de los ciudadanos, individual y colectivamente considerados, configurándose en ese pueblo el denominado derecho a la democracia, para controlar el ejercicio del poder por parte de sus representantes electos.

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Asamblea Nacional: auténtica democracia representativa

La Asamblea Nacional, como órgano del Poder Público Legislativo, es la expresión por naturaleza de la democracia representativa. Sus miembros llegan a esta instancia a través del sufragio, con el voto universal, directo y secreto. Y cuando el pueblo ejerce este derecho a la democracia, está también ejerciendo su soberanía y les está confiriendo a los diputados la facultad para que en su nombre cumplan las atribuciones de legislar y de controlar, conforme se lo atribuye la propia Constitución. Tan cierto es que la Asamblea Nacional es una manifestación de la democracia representativa, que la Constitución vigente, en su Artículo 201, dispone expresamente que los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, a lo cual el Artículo 197 ejusdem agrega que los diputados cumplen sus labores en beneficio de los intereses del pueblo y están obligados a mantener una vinculación permanente con sus electores, rindiéndoles cuenta anualmente. Más clara no puede estar allí la democracia representativa.

¿La continuidad parlamentaria puede resultar de la soberanía popular?

Claro que sí. Y es aquí donde nos parece que es frágil el Estatuto de la Transición a la Democracia aprobado, al no ampliar esta interpretación. Veamos. El argumento del carácter de ilegítima y fraudulenta de la elección del 6 de diciembre es insuficiente. Aquí tuvo la Asamblea Nacional que analizar lo que significó el ejercicio de la soberanía popular en dos eventos continuos y manifestarlo en el texto del Estatuto, con algunos considerandos previos o Exposición de Motivos. Por una parte, casi el 70 % del padrón electoral (algunas encuestadoras señalan que superó el 80 %) rechazó ir a participar en ese evento de una supuesta elección parlamentaria, y con ello el pueblo, como unidad política, en ejercicio de su soberanía, expresó su desacuerdo tanto con el proceso como con los candidatos. Por la otra, a través de la Consulta Popular del 12 de diciembre, una forma de ejercicio de soberanía, en esta ocasión a través de una forma de democracia participativa, y con una participación verificada cercana a los 6 millones y medio de electores, el pueblo dio una conformidad por lo menos a las dos primeras preguntas de realizar unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables y de rechazar el evento del 6 de diciembre. En consecuencia, había suficiente razonamiento para validar la continuidad parlamentaria como producto del ejercicio de la soberanía popular, bajo la exégesis y concatenación de las motivaciones anteriormente expuestas.

La soberanía popular se preserva. Su ejercicio se desvirtúa

En Venezuela la soberanía popular, como fuente del poder originario, está preservada. No habrá ningún régimen antidemocrático que la arrebate. Es una prerrogativa que atesora el pueblo de Venezuela. Lo que ha sucedido es que su ejercicio se ha desvirtuado. Además, ese ejercicio de soberanía popular se ha tomado como bandera de engaño y de incitación al odio. Concretamente, la democracia participativa y protagónica ha sido un eje central en el proyecto bolivariano y revolucionario del chavismo, un elemento estructurante del socialismo del siglo XXI, que ha dirigido su hostilidad a los principios liberales y republicanos.

La democracia participativa parte del presupuesto de reivindicar al pueblo, como un actor político fundamental. Pero el problema de ello, en el caso venezolano, es que esta narrativa se dirigió hacia los sectores pobres, los cuales necesitaban de un enemigo para que tal democracia tuviera su razón de ser. La democracia participativa brindó plataforma simbólica para el desarrollo del Estado totalitario que instauró el proyecto revolucionario socialista, el cual aprovechaba presuntamente de darle un carácter absoluto y a la vez difuso a la soberanía popular, para penetrar en lo más profundo de la cotidianidad de los gobernados.

El chavismo, a partir de la falacia de la democracia participativa, fortaleció sus fuerzas de vigilancia y represión, para así lograr preservar, no solo la revolución, sino el poder del bloque de gobierno chavista comunista. En este escenario, la soberanía popular alimenta el odio y el resentimiento en la construcción de chivos expiatorios, el enemigo representado en la burguesía, en los empresarios a los que había que expropiar (salvo los “boliburgueses enchufados”), en la oligarquía colombiana, o en el imperialismo norteamericano.

Frente a esta malévola pretensión, nunca hay que renunciar en el rescate de La República y del ejercicio auténtico de la soberanía popular, concienciando que el poder en el pueblo es para su real bienestar, nunca para reprimirlo ni someterlo a los niveles en que lo ha convertido la plaga roja.

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