Se cumplen dos años desde que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar sobre las denuncias contra Nicolás Maduro y su régimen. Cabe recordar que ella misma aclaró que con dicho anuncio no se estaba iniciando investigación penal alguna, que solo era eso, un trámite previo cuyo objetivo consistía en ver si los hechos denunciados concordaban con los recaudos presentados y si estos eran válidos. Pero 730 días no le han sido suficientes a la señora Bensouda ni a su grande y costoso equipo de trabajo para concluir dicha actividad.

¿COINCIDENCIA?

Ahora, en vísperas de ese “cumpleaños”, una de las organizaciones terroristas del régimen -el FAES- se ha llevado preso al abogado Alberto Berro, litigante del estado Táchira, quien colabora con Walter Márquez en las denuncias contra Maduro ante la Corte Penal Internacional, por lo que nos estamos preguntando si tal hecho se vincula. No hay que olvidar que la fiscal de dicha Corte, Fatou Bensouda, mantiene cercana relación con Haifa el Aissami, nombrada por Maduro como su embajadora ante aquel tribunal. ¿Mandaron a detener al abogado por sus actuaciones junto a Walter Márquez denunciando la inercia de aquella fiscal respecto a los crímenes que se le han denunciado y que no investiga? ¿Es el abogado Berro el primer venezolano preso de Fatou Bensouda y Haifa el Aissami por denunciar a Maduro?

EL DERECHO PENAL ES DISUASIVO

La programación de sanciones a quienes incurran en los hechos que tipifican los tipos penales, y sobre todo de los de su derecho procesal, contiene procesos y castigos suficientes para persuadir a no involucrarse en los hechos que configuran delitos. Por ello se dice que el derecho penal, el derecho procesal penal, juega una función mas preventiva que punitiva. En sentido contrario, la falta de persecución o la persecución tardía de tales hechos delictivos constituyen un estímulo para que ocurran. Un dictador que se sabe de antemano impune por inactividad del órgano encargado de la persecución internacional no tendrá recato en sus crímenes de lesa humanidad. Tal es el caso de Nicolás Maduro, quien habilidosamente organizó una red para controlar a la fiscal de la Corte Penal Internacional y así se burla de las demandas de justicia que se amontonan en las gavetas de su oficina en La Haya.

LA BURLA DE LA FISCAL

Por cierto que uno de los funcionarios de la mencionada fiscalía, a quien le asignaron el caso de esta “preliminar”, ha dicho que están analizando el asunto del principio de complementariedad o subsidiaridad, lo cual se refiere a que la CPI solo puede actuar cuando se han agotado los trámites de la justicia del país donde ocurrieron los hechos. De este modo, la Fiscal Bensouda, antes de dar trámite a una investigación sobre los crímenes de Maduro, tiene que juzgar si en Venezuela hay un sistema de justicia imparcial e independiente con capacidad de procesar y castigar a los autores y, además, si eso ha ocurrido. Muy dificil, por no decir imposible, que tal límite sea superado, pues la mencionada Bensouda mantiene relaciones muy cordiales con las figuras estelares de la diplomacia y de los tribunales de la dictadura y jamás va a pronunciarse en el sentido de que Maikel Moreno y Haifa el Aissami solo son piezas del aparato de terror del régimen.

EL SILENCIO DE NUESTRAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS

A las decenas de denuncias que cursan por ante la Fiscal Fatou Bensouda, incluyendo el petitorio de un conjunto de países para que se abra el proceso contra la dictadura, se mantiene inactiva, nada las mueve. Allá sigue tejiendo complicidades Haifa el Aissami, insólitamente tenedora del título de embajadora de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Hemos pedido y lo ratificamos: hace falta una actividad al respecto de nuestro Parlamento y del Presidente Guaidó para poner coto a este increíble abuso.

¿QUÉ HACER?

1. Pronunciamiento específico de la AN exigiendo la destitución de la fiscal Fatou Bensouda.

2. Recaudo de apoyo efectivo para tal exigencia entre los más de 50 países que han condenado la dictadura desconociéndola como gobierno o, en su defecto, reconociendo los actos de nuestro Parlamento y al gobierno de Juan Guaidó hasta concluir con una exigencia específica ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

3. Inmediata destitución de Haifa el Aissami como embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional.

¡Manos a la obra Guaidó!

Por Carlos Ramírez López   @carlosramirezl3

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