Este miércoles se conoció una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile que favorece la situación de los migrantes en Chile. El dictamen impide al Estado chileno continuar con los vuelos de repatriación, que tenían como condición la renuncia de los beneficiaros a la posibilidad de retornar a ese país por nueve años.

Activistas defensores de los derechos de los migrantes calificaron estos vuelos como una forma de deportación encubierta. El recurso fue interpuesto por representantes de la ONG Coordinadora Nacional de Inmigrantes. La decisión, de fecha 9 de junio, supone un paso en el inicio del litigio sobre la controversia de la aplicación del procedimiento migratorio.

“Atendido el mérito de los antecedentes acompañados, se acoge la orden de no innovar, sólo en cuanto no deberá exigirse a las personas que se acojan al plan humanitario de regreso al país de origen, el compromiso de no volver a Chile dentro de los nueve años siguientes a partir de la fecha de salida y de quedar sujeto a la prohibición de ingreso por el mismo tiempo”, decidió la corte en un dictamen a avalado por tres jueces.

El inicio

En específico, el juzgado dio la orden de “no innovar”. Así se denomina en el sistema jurídico de Chile a la prohibición de las partes involucradas en una disputa legal de realizar una actividad. Al menos hasta que haya una sentencia definitiva. Por eso, en lo que dure el proceso judicial, los vuelos de repatriación no podrán hacerse bajo esa condición. Entre las condiciones se estipulaba la “renuncia voluntaria” a la posibilidad de regularizar el estatus migratorio, una vez efectuado el traslado.

La polémica se desató al principio de esta semana, cuando Héctor Pujols, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, divulgó en sus redes sociales el formato de un documento. La planilla con membrete oficial fue diseñada por el Gobierno de Sebastián Piñera como requisito para acceder a los vuelos humanitarios. Estos traslados son, desde el pasado mes de abril, una petición incesante de migrantes de varios países del continente. Entro los solicitantes destacaban personas de Venezuela, Bolivia, Colombia y Haití. Todos adujeron que se quedaron varados o sin vivienda en medio de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.

En paralelo, Pujols presentó la querella ante el tribunal, cuya respuesta también publicó. A juicio de la organización que dirige, la forma en que se proponían los traslados, cuyos gastos y logística corren por cuenta del Estado chileno, eran una manera de ejecutar una expulsión. El amparo se introdujo a nombre de migrantes colombianos, otra población migrante que ya había accedido a la modalidad. Aunque el dictamen judicial tiene alcance para personas de todas las nacionalidades.

Rechazo inmediato

Desde su difusión, la propuesta recibió el rechazo de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Carlos Carrasco, secretario de la Asociación Venezolana en Chile, precisó a El Pitazo que, aunque la propuesta no había llegado a los más de 600 venezolanos que esperan, la habilitación de un corredor aéreo humanitario, la imposición menoscababa los derechos de la comunidad migrante. Carrasco aclaró que a los venezolanos no se les ofreció la opción, pues la administración de Piñera no ha conseguido la aprobación de Maduro para el ingreso en el espacio aéreo venezolano.

“Lamentablemente, si bien la cancillería chilena se ha movilizado para ofrecer estos vuelos de retorno humanitario, con especial énfasis para la población venezolana, Maduro no ha tenido ningún tipo de respuesta a esa solicitud. Por lo tanto, el espacio aéreo en estos momentos está bloqueado. Estos venezolanos están solicitando vuelos de repatriación desde finales del mes de abril”, puntualizó.

El activista venezolano, con más de dos años de trabajo voluntario a favor de los venezolanos en Chile, añadió que estos viajes tenían doble propósito. Es decir, además de llevar a migrantes de vuelta a su país de nacimiento, buscaban repatriar a chilenos en otras naciones. Más allá del asunto legal, Carrasco espera una pronta solución. Los más afectados son los más de 100 niños niñas adolescentes y adultos mayores, en condiciones de calle y alta vulnerabilidad. Otros aguardan en refugios instalados en escuelas públicas.

Información de El Pitazo

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