El informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) asegura que un total de 9.633 protestas se registraron en Venezuela durante los 12 meses del año 2020.

De acuerdo al estudio, en diciembre se desarrollaron 1.484 protestas, siendo el mes con más protestas registradas durante el año.

En enero se registraron 618 manifestaciones

Régimen de Maduro intenta eliminar a la Asamblea Nacional: el primer mes del año el régimen de Maduro avanzó en su política de desplazar y eliminar a la Asamblea Nacional único organismo democrático y popularmente electo en Venezuela. Impulsó una nueva junta directiva de la AN a fin a los intereses del régimen, usurpando la dirección de la AN legítima presidida por Juan Guaidó. Adicionalmente, promoviendo y ordenando acciones represivas hacia parlamentarios, simpatizantes de oposición y trabajadores de medios de comunicación, ejecutadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e integrantes de los grupos Colectivos Paramilitares y civiles armados”.

En febrero se registraron 779 manifestaciones

Agresiones a periodistas: periodistas protestaron contra las agresiones de simpatizantes del régimen de Maduro durante la cobertura de la llegada del presidente (e) Juan Guaidó a Venezuela después de su gira internacional. Adicionalmente afectos al régimen de Maduro tomaron las calles en el marco del denominado “Febrero Rebelde” realizando concentraciones, marchas y ejercicios militares.

Salarios dignos: representantes sindicales solicitaron homologar los sueldos en bolívares a dólares americanos. Los diversos gremios de trabajadores, en compañía de jubilados y pensionados, estudiantes, sociedad civil y líderes políticos, continuaron las protestas registradas al comienzo del año contra lo que ellos denominan: “la expropiación del salario”, “la Petro estafa”, así como por la escasez de efectivo y la destrucción del poder adquisitivo del salario.

Visita in Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la administración de Maduro negó la anuencia para que el organismo internacional pudiese ingresar al país a constatar la crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria. A pesar de la imposibilidad de entrada al país, la Comisión mantuvo el desarrollo de la misma en la frontera con Colombia y en la ciudad de Bogotá, con el fin de poder recopilar testimonios de víctimas y miembros de la sociedad civil.

En marzo se registraron 580 manifestaciones: Pliego Nacional de Conflicto:

Pliego Nacional de Conflicto: se registró un repunte en las manifestaciones políticas de ambas partes. Mientras que el presidente (e) Juan Guaidó, presentó el “Pliego Nacional de Conflicto”, mediante el cual buscaba reconectarse con las protestas sociales.

Estado de alarma: el 13.03.2020 el régimen de Nicolás Maduro decretó “Estado de Alarma” y cuarentena social obligatoria a nivel nacional a los fines de mitigar el impacto del COVID-19.

Crisis por gasolina: escasez y control en la distribución de gasolina a nivel nacional, la restitución urgente de los servicios básicos, dolarización del salario  y dotación de hospitales, sobre todo para atender el Covid-19.

43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos: la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet presentó su actualización oral respecto a la situación de derechos humanos en el país. En su intervención manifestó preocupación por la continuidad de las tensiones políticas, actos de violencia por parte de organismos de seguridad, represión, detenciones arbitrarias, amenazas a ONG, restricciones a la libertad sindical, violaciones a los DESCA, entre otros.

En abril se registraron 716 manifestaciones

Control social: extendieron medidas y controles de movilización ciudadana. La cuarentena derivó en el recrudecimiento de la criminalización y ataque contra quienes defienden y exigen derechos humanos. Seis procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye los relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el derecho a la salud física y mental; y el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria para manifestaron que “la emergencia sanitaria no es excusa para seguir restringiendo los derechos humanos”.

Saqueos:  repunte de saqueos o intentos de saqueo en 9 estados del país. Con un saldo de 1 fallecido y más de 90 detenidos.

Fronteras-COVID19: descontento de los habitantes de estados fronterizos por la instalación de Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) para cumplir con el aislamiento preventivo de venezolanos retornados al país, debido al temor de una propagación del COVID-19.

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Dolarización de la gasolina: mayo cerró con el anuncio de aumento y dolarización del precio de la gasolina, y nuevo método de pago mediante el sistema carnet de la Patria, profundizando la crisis económica y los mecanismos de control social en Venezuela.

Protestas de retornados: retornados venezolanos protestaron por condiciones de insalubridad, mala alimentación y las restricciones a las que son expuestos, durante la cuarentena obligatoria cuando llegan al país.

Expertos de Naciones Unidas expresaron que Venezuela debe ofrecer medidas concretas para poner fin a la crisis humanitaria: tres procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye a los relatores especiales sobre extrema pobreza y los derechos humanos; los derechos al agua y al saneamiento; y el derecho a la educación, exigieron a Venezuela detallar sus planes para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis económica del país sobre los derechos humanos.

CIDH presenta sus observaciones y recomendaciones preliminares tras la histórica visita in loco a Venezuela para monitorear situación de derechos humanos: la Comisión Interamericana reiteró que Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos como consecuencia del prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática y la ausencia de estado de derecho.

En mayo se registraron 646 manifestaciones

Anuncio de nuevo evento electoral: el 12.06.20 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), desconociendo la autoridad de la legítima Asamblea Nacional, y estableció que el 6 de diciembre de 2020 se realizaría un nuevo evento de votación para renovar el poder legislativo, obstaculizando la posibilidad y garantías de un proceso electoral justo y transparente.

Criminalización de personas que regresan al país: criminalización de las personas retornadas, quienes han sido calificadas por altos funcionarios de ser “armas biológicas” para contaminar al país de COVID-19.

En junio se registraron 649 manifestaciones

OACNUDH: persisten violaciones de DDHH: la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en su informe presentado el 2.07.20que las acciones tomadas por el Estado en este contexto “han resultados insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Para millones de venezolanos”, y aseveró que en Venezuela “el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado se ve afectado diariamente por los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, el precario acceso a los servicios de salud y las persistentes carencias de los servicios públicos, que se han agravado en el contexto de la COVID-19 y la escasez de combustible”.

Represión letal: julio 2 manifestantes asesinados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante protestas en rechazo a irregularidades con la venta de gasolina.

En agosto se registraron 748 manifestaciones

Protestas por gas doméstico en todo el país: la escasez del gas trascendió a redes de corrupción y discrecionalidad de quienes controlan la distribución y cobran altos precios en moneda extranjera.

En septiembre se registraron 1.193 manifestaciones

Protestas en pueblos y caseríos: 22.09.20, vecinos de Urachiche, municipio rural del estado Yaracuy, realizaron una marcha pacífica para exigir servicios básicos y salarios dignos para profesores y maestros. Estos reclamos se fueron replicando posteriormente en varios estados del país, llegando a escenificarse 701 protestas entre la semana del 22 al 30 de septiembre.

Represión y militarización: 74 manifestaciones reprimidas, obstaculizadas o impedidas en 19 estados del país. Con un saldo de una persona asesinada, 233 detenidos y 52 heridos. Adicionalmente se documentó la militarización o activación de dispositivos y operativos policiales en 20 estados del país.

45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos: la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet presentó su actualización oral respecto a la situación de derechos humanos en el país. En su intervención manifestó que su Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos. Además, observó restricciones a la libertad de expresión. Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.

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Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela: la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó su informe concluyendo que autoridades venezolanas y funcionarios cometieron violaciones y abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

En octubre se registraron 1.484 manifestaciones

Gas doméstico: octubre se perfiló como el mes con mayor número de exigencias por gas doméstico en el año. Las principales denuncias fueron fallas en la distribución y el cobro de altos precios en dólares.

Sector estudiantil

Docentes, estudiantes, padres y representantes exigieron el derecho a la educación, rechazando las directrices del Ministerio de Educación para el desarrollo de clases presenciales, sin las condiciones mínimas para enfrentar el COVID-19. También rechazaron continuar el año escolar mediante la modalidad de clases virtuales, debido a las constantes fallas o inexistencia del servicio eléctrico y conexión a internet.

Consejo de Derechos Humanos renovó mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: el Consejo de Derechos Humanos adoptó dos resoluciones relativas a Venezuela en las cuales Consejo de Derechos Humanos renueva el mandato de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto al fortalecimiento de la cooperación en derechos humanos en Venezuela y extiende el mandato a la Misión Internacional Independiente de Determinación de hechos y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar sobre la situación de derechos humanos en el país por otros dos años.

En noviembre se registraron 720 manifestaciones

Jubilados y pensionados toman las calles: por quinto mes consecutivo, jubilados y pensionados a nivel nacional mantuvieron sus jornadas de protestas para exigir pensiones dignas y suficientes. Diariamente se debaten entre alimentarse o comprar medicinas, altos costos hacen que esto sea una decisión difícil y angustiante.

Fiscal de la Corte Penal Internacional anuncia avance del examen preliminar sobre Venezuela I: tras una reunión sostenida entre la fiscal de Corte Penal Internacional (CPI) y una delegación de funcionarios de la administración de Maduro respecto a la situación de dos exámenes preliminares abiertos con respecto al país, la CPI anunció que al haber hallado una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela en torno a la investigación relativa al primer examen preliminar abierto en 2018 por hechos cometidos desde abril de 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos, este avanzaría a la tercera fase.

En diciembre se registraron 425 manifestaciones

AN fraudulenta: 6 de diciembre, régimen de Maduro realizó evento de votación para renovar la Asamblea Nacional.

Consulta popular: 12 de diciembre, partidos de oposición realizaron consulta nacional para legitimar y garantizar continuidad administrativa de la Asamblea Nacional electa popularmente en 2015.

Naufragio de migrantes venezolanos: naufragio de migrantes venezolanos en Güiria, Sucre. Más de 30 personas ahogadas al querer abandonar el país por las costas del estado Sucre hacia Trinidad y Tobago.

Expertos de la ONU: Venezuela debe parar los ataques contra la sociedad civil: cuatro procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye los relatores sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la situación de las personas defensoras de derechos humanos; y la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, expresaron que “dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra el país, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos respetando los derechos humanos”. “Su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”.

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Prensa Frontera Viva

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