En un artículo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), se destaca que los alcances de grupos criminales en las operaciones de extracción de oro en el estado venezolano de Bolívar constituyen un peligro para la seguridad del hemisferio.

“Las amenazas emergentes a la seguridad y la desestabilización en los países vecinos, incluidos Colombia, Brasil, el Caribe holandés y Guyana, no pueden analizarse ni comprenderse sin considerar el papel de la riqueza mineral de Venezuela y su frágil entorno”, escribe Cristina Vollmer Burelli, asociada al Programa para las Américas del CSIS.

La minería ilegal en el sur de Venezuela se ha convertido en una fuente clave de ingresos para el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, explica Burelli.  Las minas, agrega, se intensifican y expanden a un ritmo alarmante.

El agravante de esta situación, es que los establecimientos para la extracción de minerales son operados en gran parte por actores ilegales.  incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La presencia de ambos grupos en la zona, añade el artículo, fue acordada con el chavismo.

Mientras tanto, la fiebre del oro destruye el medio ambiente, causa una crisis de salud y estimula violaciones de los derechos humanos.

“El sector minero se ha convertido en un esquema de crimen organizado que involucra a todos los niveles de la estructura de poder político y militar de Venezuela”, afirma Vollmer  Burelli.

Un estado fallido en Occidente

Funcionarios civiles y militares se benefician de la explotación minera descontrolada. Reciben las recompensas en un reparto de riquezas con las cuales el régimen chavista compra su lealtad.

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Un estado fallido, en el mismo hemisferio que Estados Unidos, dotado con muy cotizados recursos naturales es una presa segura para oscuros intereses lo que se convierte en legítima preocupación para la seguridad de la región.

“La velocidad a la que evoluciona esta tragedia seguramente definirá la posibilidad de una transición futura en Venezuela, la gobernabilidad de dicha transición y la estabilidad de la región”, asegura la autora.

Vollmer Burelli exhorta a los países vecinos de Venezuela, a la Unión Europea, los Estados Unidos, Noruega, y las ONG internacionales, a tomar acciones que impidan el empeoramiento de la estabilidad del Venezuela.

El colapso progresivo de la economía basada en el petróleo ha empujado al régimen de Maduro a explotar los preciosos recursos minerales que se encuentran al sur del río Orinoco.

Daño ambiental irreversible

En 2016, Maduro evitó el proceso legislativo al promulgó por decreto ejecutivo la creación del Arco Minero del Orinoco. Esa zona tiene un área del tamaño de Portugal, dedicada a la extracción de oro, diamantes, coltán y metales de tierras raras como el uranio, el níquel y el titanio.

Las actividades de extracción asociadas al Arco Minero han extralimitado la delimitación de su área geográfica afectando zonas protegidas. Entre ellas, parques nacionales vírgenes como el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad, y el hogar del salto ángel.

En Canaima, 59 asentamientos mineros ilegales han florecido en los últimos años.

Esta explotación minera tiene consecuencias sobre el medio ambiente como la deforestación, sedimentación y envenenamiento por mercurio de ríos prístinos. También se produce la desertificación de grandes extensiones de bosques amazónicos.

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Además, a medida que la minería ha proliferado, ha provocado un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, así como el envenenamiento por mercurio.

La política también ha promovido efectivamente la trata de personas, la violencia entre grupos armados, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, la prostitución y un desmantelamiento profundamente preocupante de las estructuras sociales indígenas.

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