El Estado venezolano se ha convertido y consolidado como un violador de Derechos Humanos en los últimos años. Si bien, todos los ciudadanos sufren del no cumplimiento de las obligaciones de las instituciones gubernamentales encargadas de velar por la protección de estos derechos inalienables, los presos por motivos políticos son un grupo que, en particular, sufre a manos de un régimen abusivo, torturador y asesino.
De acuerdo al Foro Penal, en la actualidad, Venezuela suma 248 presos políticos, de los cuales solo 38 se encuentran condenados, mientras que 213 están a la espera de sentencias.
Durante esta espera, de años para la mayoría, sus derechos se ven transgredidos vez tras vez, hasta llevar a la muerte, pues desde 2014, diez personas detenidas por razones políticas murieron bajo custodia del Estado.
El caso del General Raúl Isaías Baduel (12 de octubre de 2021), se suma al de Rodolfo González Martínez (12 de marzo de 2015), Carlos Andrés García (17 de septiembre de 2017), Rafael Arreaza Soto (30 de noviembre de 2017), Fernando Albán (8 de octubre de 2018), Nelson Martínez (12 de diciembre de 2018), Rafael Acosta Arévalo (29 de junio de 2019), Pedro Pablo Santana Carballo (14 de agosto de 2020), Salvador Franco (3 de enero de 2021) y Gabriel Medina Díaz (29 de agosto de 2021).
A estas diez muertes, podrían sumarse muchas más, pues de acuerdo a la misma ONG venezolana, 42 presos políticos se encontraban en situación crítica de salud para el mes de septiembre de 2021, con necesidad urgente de una atención médica que es reiteradamente denegada.
“Allí no existe la posibilidad de transporte, las ambulancias no funcionan y eso es responsabilidad del Estado que debe resguardar la integridad física de los privados de libertad”, sostuvo Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.
El caso de doce indígenas de la etnia Pemón, cuyas condiciones de reclusión fueron calificadas como “peligrosas y de alto riesgo”, continúa sin resolverse, a pesar de las denuncias realizadas por activistas y familiares.
Estos se encuentran en una “situación vulnerable porque la alimentación que hay en el centro penitenciario El Rodeo II es de una sola porción de comida, el resto tiene que ser proporcionada por sus familiares, en el caso de ellos es mucho más grave porque estando a 1.200 km de distancia, de este centro penitenciario, evidentemente no pueden darle la alimentación debida. Estamos solicitando que se le haga una prueba para diagnosticar si tienen o no tuberculosis ya que ellos convivían con Salvador [Franco]”, expresó Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal.
Salvador Franco murió y temen que los doce sean los siguientes ante la inacción del Estado.
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre el caso de Venezuela, Marta Valiñas, durante una actualización oral de su informe del 2020 −donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció violaciones de Derechos Humanos constituyentes de crímenes de lesa humanidad−, confrontó a Maduro al advertir:
“Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”.
En detalle, el primer informe de la ONU relata la persecución, detención y torturas contra los presos políticos del país y cómo el Estado ha facilitado y encubierto estos crímenes.
Según explica el documento publicado en 2020, las detenciones a opositores o críticos del régimen venezolano estuvieron a cargo de personas con diferentes niveles jerárquicos entre los que se encuentran agentes institucionales del poder ejecutivo, los servicios de inteligencia y del poder judicial.
Además, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cometieron tácticas de tortura contra los presos políticos entre las que se encuentran:
- Posiciones de estrés llamadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejas) y “el pulpo” (un cinturón de metal con cadenas para inmovilizar las muñecas y los tobillos).
- Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un balde de agua, golpes con palos o con otros objetos contundentes.
- Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.
- Amenazas de muerte o amenazas de violencia adicional.
- Amenazas de violación sexual contra la víctima y sus familiares.
- Tortura psicológica, incluyendo privación sensorial, iluminación constante y frío extremo.
- Desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.
Entre los actos de tortura que fueron denunciados ante la Misión se hallan palizas, asfixias, descargas eléctricas y violencia sexual esta última incluye el testimonio de al menos una mujer detenida, en 2015, por motivos no políticos.
Los testigos describieron también que los guardias que resguardan el Sebin de El Helicoide se encontraban bajo la influencia del alcohol y sustancias psicotrópicas cuando apuntaban y amenazaban con matar y violar con sus armas a los reclusos que se encontraban en sus celdas.
Según el relato de personas detenidas entre 2014 y 2018, funcionarios del Sebin cometieron actos de tortura en presencia y supervisión de oficiales de mayor rango incluyendo al jefe de la Dirección de Investigaciones Estratégicas y otros comisionados.
Estas torturas ocurrieron en las oficinas o escaleras de El Helicoide.
Por su parte, quienes estuvieron detenidos en La Tumba denunciaron que los mantuvieron en celdas de 2×3 a 15 metros bajo tierra sin aire o ventilación natural.
En estas celdas con lechos de cemento y aire acondicionado con temperaturas muy bajas, la luz artificial se mantenía encendida las 24 horas del día mientras que las paredes estaban pintadas de blanco.
“El aislamiento. Es tan fuerte que llegas a dudar de si estás vivo. Cuando te quitan los sonidos, cuando no ves colores y te ponen con una temperatura fría que te obliga a estar con el cuerpo tenso, ¿cómo sabes que estás vivo? Yo llegaba a golpearme para sentir dolor. El dolor es una afirmación de que estás vivo.”, declaró a la Misión, el expreso político Loren Saleh.
Los funcionarios encargados de vigilar a los presos políticos lo hacían las 24 horas del día obligando a los detenidos a hacer sus necesidades, por las noches, en un recipiente de plástico o en papel periódico.
En La Tumba al menos dos personas entrevistadas intentaron suicidarse mientras que otras aseguraron haber sufrido de fiebre, problemas gastrointestinales, dolores articulares por falta de movilidad, lesiones cutáneas infectadas, ataques de pánicos y sequedad dolorosa de la piel a causa del frío.
DGCIM contra militares
En cuanto a las detenciones realizadas por funcionarios del Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Misión investigó 77 casos en los que estos funcionarios detuvieron y torturaron a oficiales militares activos y retirados, así como a civiles, mediante:
- Golpes fuertes con bastones y objetos afilados, dejando marcas visibles, huesos rotos y órganos dañados.
- Esposas excesivamente apretadas que provocan cortes en las muñecas
- Asfixia con sustancias tóxicas y en agua
- Posiciones de estrés conocidas como “el pulpo” y “las crucifixiones”.
- Condiciones de luz constante, aislamiento en cuartos oscuros durante días, prohibición del uso o el acceso a los baños, mantener el/la detenido/a con ojos vendados.
- Violencia sexual y basada en género, incluyendo desnudez forzada, amenazas de violación y violación.
- Cortes y mutilaciones incluyendo en la parte inferior de los pies y las uñas.
- Choques eléctricos en partes sensibles del cuerpo (incluyendo los genitales).
- Privación de comida y agua, comer del suelo, alimentación forzada de heces.
- Tortura psicológica, incluyendo amenazas de muerte a la víctima y a sus familiares.
Cabe destacar que todos estos actos señalados anteriormente se realizaron a militares quienes sufrieron lesiones físicas graves y permanentes las cuales incluyen la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, sangre en la orina, costillas rotas, traumas psicológicos y depresión.
Es importante mencionar que el excapitán Rafael Acosta Arévalo murió bajo custodia del DGCIM como consecuencias de las fuertes torturas recibidas.
Actualización del informe
En septiembre de 2021 la Misión Internacional publicó la actualización del informe en donde se destaca la complicidad del sistema judicial sobre los casos de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
“Las acciones y omisiones de los Jueces y Juezas que atendieron las denuncias de tortura han tenido consecuencias devastadoras para las víctimas, incluyendo la continuación de la tortura y el deterioro de su salud”, destaca la investigación.
Sin embargo, pese a las denuncias realizadas en el informe y el impacto que esto ha tenido a nivel internacional, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro continúa persiguiendo a dirigentes políticos, periodistas, activistas y personas que se han dedicado a visibilizar la compleja situación que se vive en el país y que cada día empeora.
Prensa Frontera Viva
