Sofos de Mileto

El aparato productivo de un país genera bienestar y prosperidad para sus habitantes. Cuando se integran adecuadamente empresas, industrias, organizaciones, recursos, tecnología e instrumentos financieros, el desarrollo de bienes y servicios cubre las necesidades domésticas y hasta genera excedentes para destinarlos a la exportación. El aparato productivo incide, en el marco de una relación estrecha, también en la cobertura de las necesidades sociales, apoyando el sector privado la prestación de servicios esenciales para la población. Un aparato productivo donde confluyan producción, asistencia y apoyo crediticio, dotación de tecnología, innovación y desarrollo científico, mano de obra y talento especializado y altamente capacitado, empleo formal, genera riqueza, nivel óptimo de calidad de vida satisfacciones. Vivir bien, con comodidad, con certeza de alcanzar los sueños, cubriendo desde las necesidades básicas hasta las de autorrealización, cumplir las aspiraciones propias, de la familia y colectivas, disfrutar plenamente de lo que se obtiene con trabajo, estudio, esfuerzo, disciplina, a través de las oportunidades que da un sistema económico y social abierto, no discriminatorio y de incentivos, no es ningún pecado, ni tiene por qué hacernos sentir egoístas. ¿Quién ha dicho que la prosperidad de cada uno no puede fomentar también la solidaridad, el bien común y la justicia social? Claro, esto lo dice un régimen comunista y comunal fracasado en su ideología y en el manejo de la macroeconomía, totalmente obsoleto y depredador de las libertades individuales y derechos fundamentales de los ciudadanos.

El socialismo es desgracia económica.

Un aparato productivo sólido, con una economía de libre mercado, a la que se agrega la disponibilidad de recursos naturales con los que cuenta un país, hace que el engranaje de los sectores de la economía gire permanentemente. Es cuando ese impulso se nota en la producción y refinación de hidrocarburos, en la minería, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la avicultura, en la manufactura, en el establecimiento de parques industriales, en los servicios y el comercio diversificado.

¿Y el Estado qué debe realizar? El Estado solo le corresponde ofrecer un marco regulatorio y de seguridad jurídica que permita el funcionamiento económico y promueva la competencia. El Estado debe apoyar abriendo los canales y flujos de desplazamiento de esos elementos del aparato productivo. No debe ser un Estado propietario, monopólico, extremadamente invasor del sistema. El Estado debe fijar las políticas y planes para apalancar el crecimiento y la sostenibilidad de la estructura productiva de la nación.

Entonces, es notorio que un libre intercambio en la relación oferta y demanda no debe ser controlado, intervenido, burocratizado, ni impedido por factores institucionales oficiales de un gobierno de persecución sancionatoria.

Ya bastante afectada por la insuficiencia de materias primas y bienes de capital importados,  por un inadecuado diseño de la política cambiaria, por un ultraje de los recursos mineros, por una industria petrolera totalmente colapsada en todas las esferas de su funcionamiento, desde la extracción hasta la exportación, la capacidad para ofrecer bienes y servicios del sector productivo de la economía venezolana ha sido sensiblemente lastimada por la asfixia regulatoria y la propensión confiscatoria de medios de producción asociadas al proyecto socialista de esta falsa y perversa Revolución Bolivariana. La forma como se ha establecido una relación con el sector privado está basada en un discurso desafiante, en el recurso arbitrario y el “decretismo”. Por otra parte, el capital nacional percibe al régimen no solo como insensible a las necesidades del sector productivo nacional, sino además como promotor de una agenda de reformas muy amenazantes a la propiedad, a la seguridad jurídica y a la rentabilidad esperada de la iniciativa privada. Solo para hacer mención a un sector de la economía, los pésimos resultados obtenidos en materia de producción agrícola se explican por la baja rentabilidad, la escasez de insumos a precios subsidiados o regulados, las menores inversiones debido a la incertidumbre, los controles, la inseguridad jurídica y personal y el poco respeto por los derechos de propiedad privada como política populista.

La economía de Venezuela vive un contexto de indetenible hiperinflación, y ahogada por los compromisos externos, con precios e ingresos petroleros que no logran cubrir las mínimas necesidades internas, sin reservas y aislada financieramente de los mercados internacionales.

El régimen cierra la producción.

Conindustria acaba de hacer pública la Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial, correspondiente al segundo trimestre del 2020. La información se recolectó de 10 grupos de la economía, a saber: Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textil y Calzado; Madera y Papel; Químico y Farmacéutico;  Caucho y Plástico; Productores no Metálicos; Metales y Producción de Metal; Maquinarias y Equipos Eléctricos, de Informática y de Óptica; Automotor y Autopartes; y Muebles, Reparación de Maquinaria, y otras Industrias de Manufactura. Los resultados de la Encuesta no pueden ser más reveladores de la catástrofe que vive la industria, que debería ser en nuestro caso pilar fundamental de la prosperidad económica. El 93 % percibe la situación económica del país entre peor y mucho peor. Y el 79 % piensa que así va a continuar en los próximos 12 meses. Específicamente en el sector industrial, los respondientes en un 45 % aseguran que la situación económica está entre peor y mucho peor. Y respecto a los próximos 12 meses el 37 % percibe que así proseguirá. Un 66 % de los consultados piensa que la situación económica de su propia empresa fue entre peor y mucho peor con respecto al período similar en 2019. Y para los próximos meses, el 61 % cree que la situación se agravará. Si se trata de las inversiones, el 67 % afirmó que las redujeron. La falta de financiamiento y el colapso de la banca nacional impiden que las empresas adquieran créditos con los cuales expandir sus capacidades productivas. Un 78 % de las pequeñas empresas manifestó no haber realizado inversiones. El 71 % de las empresas solo registró inversiones operativas y de reposición de inventarios. El 80 % de las pequeñas empresas no invirtió en el segundo trimestre. En cuanto a inversión en innovación planificada en el futuro próximo se ha incrementado el porcentaje de empresas que no destinará recursos propios ni bajo la figura de endeudamiento para tal propósito. Aquí es notorio que el 74 % y el 81 % no invertirá ni en adquisición de tecnología, ni en actividades de investigación y desarrollo, respectivamente.

El 68 % de los encuestados respondió que la cartera de pedidos disminuyó con relación a similar período de 2019 y el 68 % indica que tiene asegurado entre cero días y dos meses de trabajo con la actual cartera de pedidos. Del 97 % de las empresas consultadas, el 61 % reportó disminución en el nivel de empleo y un 36 % manifiesta que su nivel ha sido igual. Es de destacar que el segmento “Gran Empresa” no muestra variación en ese indicador desde el primer trimestre de 2020. Además, la Pyme hace esfuerzos ingentes para mantener los empleos. En los últimos cuatro trimestres la producción industrial ha disminuido en Venezuela. Sólo una tercera parte de las grandes empresas, el 35 %, observaron un aumento en su producción durante el segundo trimestre del 2020. En los sectores empresariales no priorizados se observa que la utilización de su capacidad instalada está entre el 5 % y el 16 %. Es decir, se encuentran prácticamente trabajando al mínimo de su capacidad. En comparación con otros países de Suramérica, Venezuela presenta la utilización de su capacidad instalada de sus empresas más baja, con un 21 %, siendo Colombia (62 %), Chile (63 %) y Brasil (70 %) los países con mayor capacidad operativa. En relación al mismo trimestre de 2019, del 82 % de los respondientes, el 69 % reportan disminución de sus ventas y el 13 % lograron mantenerlas. Sólo la Gran Empresa mostró incremento en sus ventas, y ello en un 27 %. La Pyme sigue siendo el sector de mayor afectación. En cuanto a las exportaciones, solo 2 de cada 10 empresas lo hizo, considerando que cerca del 50 % de las organizaciones entrevistadas está en el segmento de las Grandes Empresas. De las empresas que exportaron, más del 67 % estiman que mantendrán iguales niveles de exportación para el resto del año.

La Venezuela madurista: vergüenza económica mundial.

El Fraser Institute de Canadá acaba de revelar que Venezuela ocupa el deshonroso último lugar en el Índice Mundial de Libertad Económica, entre 167 países consultados. El año pasado ocupó el penúltimo puesto. El índice da a nuestro país una puntuación de 3,34/10, tomando un conjunto de elementos claves para que una economía pueda operar sin coerción, como son el respeto y garantía del derecho a la propiedad, una moneda sana, facilidad para hacer negocios, tamaño de gobierno e independencia judicial.

Como si lo anterior no fuera suficiente, un estudio realizado por la agencia de noticias Bloomberg, conocido el pasado mes de Agosto, destinado a determinar a los países que peor se encuentran económicamente en el mundo, ha designado por sexta vez consecutiva a Venezuela como el -nada envidiable- país más miserable del planeta. Este “índice de miseria”, es medido en 60 naciones, y cada año permite conocer a las economías más débiles en el mundo. Cabe destacar, que la investigación toma en cuenta datos como la inflación y el desempleo, utilizando dichos indicadores para obtener una noción de la condición económica de los países. Venezuela, por su parte, ha tenido varios años seguidos con índices económicos desastrosos, con una hiperinflación descontrolada que ha llegado a niveles alarmantes, de hasta el 4.043%. Además, nuestro país también posee altas tasas de desempleo, con una población mayormente sumida en condiciones de pobreza, siendo el país más inestable de la región actualmente.

El régimen comunista, que tiene asaltado el poder, ha llevado a Venezuela al más estrepitoso fracaso económico a pesar de haber tenido en su momento la más próspera rentabilidad de la industria petrolera por décadas. Ha malbaratado y robado el erario público, regalando nuestros recursos primordiales, endeudándose internacionalmente con compromisos de pagos en condiciones totalmente desfavorables y negando la inversión y apoyo al sector privado, fuente de toda riqueza en cualquier nación desarrollada.

La comuna nos lleva de pobres a miserables.

Los usufructuarios que usurpan ilegítimamente el mando pretenden implantar en Venezuela una economía comunal y una propiedad social. El régimen se ha apoderado de los sectores productivos y destina un importante esfuerzo organizativo y político, con alto sesgo ideológico comunista, a crear circuitos comunales y organizaciones colectivizadas absolutamente disfuncionales. El Plan de la Patria ha previsto que la propiedad privada de los medios de producción determina en cualquier sociedad las relaciones de trabajo, las relaciones humanas y todos los aspectos de la vida negando, según el documento, los objetivos de una sociedad humanista, solidaria y socialista. Para ello promete proceder “paso a paso” en la creación de una nueva ética socialista, de nuevas relaciones sociales y de nuevas formas de propiedad. En ese contexto, el modelo productivo socialista es definido como un “tejido”, que debe generarse “bajo un nuevo metabolismo para la transición al socialismo”. Las “células” de dicho tejido pretenden ser las Comunas y demás sistemas comunales de agregación. En dichas células el Programa promete “impulsar nuevas formas de organización de la producción que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción”. Estas nuevas formas serían “injertos productivos” que tendrían “políticas de asociación entre sí bajo formas de conglomerados para multiplicar su escala”.

Igualmente, se ha venido imponiendo la expansión de la proliferación de empresas de propiedad social u otras organizaciones dedicadas a la producción de bienes o provisión de servicios, so excusa de formar parte del tejido socio-productivo del modelo comunal, que acaparan contrataciones sobre la base territorial (aplicación del principio de Punto y Círculo); y siguen disputando los mercados asociados con las empresas estatales, absorbiendo la contratación de bienes y servicios por parte de las formas de organización del llamado “poder popular”. El mismo tratamiento se la ha querido dar a actores del sistema financiero y a las cadenas de comercialización.

Lo cierto, indubitable y evidente es que esa “Economía de las Comunas” ha sido un total fracaso, una vía de engaño del régimen para hacer ver a incautos que son supuestos agentes prioritarios de la participación protagónica de la economía. El resultado ha sido organizaciones comunales quebradas y sin ningún tipo de respuesta efectiva y suficiente para la demanda y necesidades del país. Hay que decirlo una y otra vez: en ese pretendido Estado Comunal con propiedad social, nadie es dueño de nada, todos son unos esclavos del régimen comunista explotador y no hay incidencia significativa en algún índice de desarrollo humano, social y económico. Con el Estado Comunal el régimen busca convertirnos de pobres a ser miserables. Y ¿qué es ser miserable? Es lo mismo que representa el régimen asaltante del poder. No se trata solo de encontrarse con las carencias más absolutas. Se trata también de mantenerse en la mendicidad de pensamiento, de espíritu y de ánimo. Es considerarse a sí mismo una nulidad.  Busca que se sienta lástima por el grado de postración al que se ha llegado. Así nos quiere este régimen comunista mezquino y perverso. Pretende que –contrario al pensamiento de Bolívar- nunca lleguemos a la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad económica. Así es este miserable régimen comunista.

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