El Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, indicó que las autoridades municipales y departamentales no pueden ejercer presión en los migrantes para que abandonen las ciudades durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

De propiciar estas acciones contra la población vulnerable, el funcionario explicó que dichas instituciones públicas “estarían violando el principio de no devolución que es fundamental en el Derecho Internacional”.

En las últimas semanas, las alcaldías de Medellín, Ipiales, Cali, Bucaramanga, Girardot, Chía y Bogotá han promovido el regreso voluntario con la activación de rutas de transporte para ayudar a los extranjeros que desean volver a su país.

Sin embargo, estos traslados aumentan el éxodo hacia la frontera, convirtiéndolo en un territorio de alto riesgo para el contagio masivo de la COVID-19. Al respecto, Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, sostuvo que hay una coordinación nacional que regula y controla estas salidas desde varias ciudades de Colombia, pero es una excepción, porque no hay una política para promocionar que los venezolanos salgan del país.

En los casos de retorno, el Defensor mencionó que estos deben ser voluntarios y, que mientras estos ciudadanos permanezcan dentro de su jurisdicción, hay que garantizarles sus derechos como cualquier otro ciudadano.

Con información de La Opinión

Prensa Frontera Viva

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