De los 1,8 millones de venezolanos que comprenden la población refugiada y migrante que ha ingresado a Colombia, el 14% corresponde a niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela. Esta población está expuesta a situaciones de violencia, discriminación y a los riesgos asociados al conflicto armado.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo publicó una guía para las Alcaldías y Gobernaciones que pretende mitigar los riesgos anteriormente mencionados y sobretodo, preservar la garantía de los derechos humanos de los niños y adolescentes migrante.
Esta guía se consolidó mediante el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y pretende ser una herramienta de orientación en los procesos de gestión para los gobiernos locales y regionales.
Los nueve puntos recomendados:
- Comprender la dinámica migratoria de su territorio.
- Priorizar las poblaciones y líneas de acción en articulación interinstitucional con otras entidades del Estado.
- Combatir el reclutamiento forzado y fenómenos derivados de la explotación a niños, niñas y adolescentes.
- Reducir la situación de vida en calle de los niños.
- Desarrollar estrategias para la promoción de derechos de esta población.
- Tener en cuenta la normatividad nacional.
- Promover proyectos de desarrollo social.
- Prevenir la xenofobia.
- Socializar las recomendaciones del MinSalud en cuanto a la covid-19.
“En los próximos cuatro años tienen la oportunidad histórica de actuar e impactar de manera positiva la garantía y protección de los derechos humanos de niños, niñas, y adolescentes, refugiados, migrantes y retornados, por lo cual, los invito para que en su administración se generen acciones y destinen recursos para la garantía de sus derechos”
recomendó en la publicación el Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera.
Con información de MigraVenezuela
Prensa Frontera Viva