Por Sofos de Mileto

El régimen asegura el Estado Comunal Comunista

El Estado Comunal que viene implantando el régimen desde el 2006, con la primera Ley de los Consejos Comunales, e identificándolo de manera subyacente con la democracia directa, lo conforma una serie de instancias de agregación comunal. Allí figuran los propios Consejos Comunales, la Comuna, la Ciudad Comunal y el Parlamento Comunal. A los dos primeros el régimen les ha pretendido dar un piso jurídico con sus respectivas leyes especiales y con la Ley Orgánica del Poder Popular. Para los dos últimos el propio Maduro le ha pedido a la nueva e ilegítima Asamblea Nacional electa que legisle sobre esas instancias, y así concretar la base legal del Estado Comunal Comunista.

Para todas estas instancias comunales el régimen en sus leyes asegura que con ellas se da el “ejercicio pleno de la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable.”

Sin embargo, todo este andamiaje de estructura de una presunta base para que el pueblo supuestamente sea su propio actor del ejercicio del poder -un Poder Popular que no está definido en ninguna parte de la Constitución y que mayoritariamente fue rechazado en la pretendida Reforma Constitucional del 2007-, es una fachada. Se trata de un disfraz para esconder el verdadero fin de mantener contentos y adeptos a los incautos que aún se dejan hipnotizar con esos cantos de sirenas rojas, mientras el régimen va consolidando un poder centralizado, omnímodo y de férreo control comunista, desde todas las esferas y órganos del Poder Público que han sido asaltados, secuestrados e ilegítimamente usurpados.

Es de hacer notar que el régimen al ir destruyendo progresivamente el Estado Constitucional Republicano, ha venido ejecutando y aplicando todo lo que ha anunciado para implantar de hecho y con una legislación espuria el Estado Comunal Comunista. Es un plan que lo ha venido desarrollando al pie de la letra.

¿Qué hacer con los Consejos Comunales?

Por otra parte, siendo una realidad la conformación de los Consejos Comunales, habría que analizar qué hacer con ellos, en el camino hacia el rescate de la República y del sistema democrático. Al respecto, sin que en estas líneas estemos asumiendo esa tesis, pero no la ignoramos en el estudio, existe una propuesta interesante que ha hecho la Dra. Isabel Pereira Pizani, Doctora en Sociología del Desarrollo de la Universidad Paris I, Panteón-Sorbona, en un  trabajo titulado “La conversión de los Consejos Comunales en activo de Capital Social para la reconstrucción de Venezuela.”, publicado en la obra colectiva “La Venezuela que queremos: ¿dónde estamos y a dónde queremos llegar?, recientemente publicado por el Capítulo Venezolano del Club de Roma. En él la Dra. Pereira Pizani señala que con la creación de 46.434 Consejos Comunales el régimen de Hugo Chávez realizó el mayor experimento social nunca efectuado en Venezuela, no alcanzado por ningún partido político. Ahora bien, agrega la autora que “es menester reconocer que los Consejos Comunales, en muchos casos, optaron por servir a los intereses políticos del gobierno en detrimento de las aspiraciones ciudadanas y, en especial, a atender sólo aquellos reclamos provenientes de los militantes del partido único de gobierno. Este hecho si bien es importante reconocerlo, no obscurece la significación que representa, mirando hacia adelante, el poder contar con esa red de cobertura territorial total para las tareas de reconstrucción del país.” Libre de prejuicios, lo importante es aceptar que los Consejos Comunales existen, están ahí y pudieran convertirse en grandes aliados para la reconstrucción nacional.

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Además, afirma la Dra. Pereira Pizani, a la par de la proliferación de Consejos Comunales en todo el territorio nacional, también ha ido creciendo la conflictividad social, la cual se ha multiplicado en todo el país hasta alcanzar cifras récord en cuanto a la contabilidad del número de protestas. En este sentido, el régimen crea los Consejos Comunales, los que conjuntamente con el partido de gobierno, habrían de ser la representación de su base política, pero, en la práctica, lo que tiene es un país encendido por olas de protestas de las comunidades que buscan defender sus derechos y reclamar la ineficiencia de la gestión gubernamental; acciones éstas que, sin duda, están motivadas y lideradas por los Consejos Comunales en su carácter de representación solitaria de las comunidades venezolanas, en uso de una libertad de la cual carecían las unidades políticas del partido de gobierno.

Según la investigadora, las razones cada vez más evidentes y claras que determinan el alejamiento de los Consejos Comunales de su mandato original se asocian a la constatación directa de fracaso total en la implantación del socialismo, evidenciado por la magnitud de la crisis económica, en la que existen la caída del PIB, la hiperinflación, el crecimiento exponencial de pobreza extrema con sus secuelas de hambre, desnutrición y enfermedad,  y el éxodo masivo de millones de venezolanos hacia países vecinos.

La propuesta concreta de la Dra. Pereira Pizani va en el sentido de si la democracia se restituye en Venezuela, el mandato de contribuir a la imposición del modelo socialista y fungir como base del Estado Comunal quedaría totalmente anulado por la circunstancia histórica. Una posible reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales implicaría un deslinde anulatorio de las vinculaciones con las entidades socialistas y una nueva relación con las instancias intermedias, el gobierno estadal y los Concejos Municipales. Propone la autora que se efectúe una reforma de la ley, que anule la subordinación al objetivo político socialista. La idea sería trascender la conformación de la base sociopolítica del socialismo a una instancia anclada en el poder del ciudadano que asegure su libertad y sus derechos. Finalmente, también propone la Dra. Pereira Pizani una triangulación, que puede ser entendida como la unión, la asunción de objetivos comunes entre diversas instancias de la sociedad. Los Consejos Comunales, como representación de capital social, permitirían vincular las agendas de los distintos agentes: las empresas privadas, los entes intermedios del poder municipal y la representación ciudadana.

Un posible escenario

No hay que dejar escapar en este análisis el comportamiento de la oposición ante lo ocurrido. ¿Alguien sabe en qué se ha concretado de manera fructífera los resultados de la Consulta Popular del 12 de diciembre? Siguen los dirigentes de la oposición distraídos en los trapos rojos que le muestra el régimen, sin ver más allá de la punta de la nariz. ¿A dónde se dirige realmente la intención del régimen, con la conformación definitiva del Estado Comunal? El siguiente es un escenario que es posible y no hay que obviarlo.

En principio se podría notar que la idea de destruir la República con sus principios, como medio, tendría el propósito final -como se ha señalado- de instaurar el Estado Comunal Comunista. Pero quedarnos en este escenario, sin escudriñar los fines ocultos, más perversos y de mayor estrago, sería tanto como actuar bajo engaño, como lo hace la oposición. Es cuando se desvela eso que denominan el Capitalismo de Estado. Recordemos que se trata de un modelo que prioriza al Estado en la economía, utilizando sus sociedades estatales. ¿Por qué el régimen lucha con denuedo para recuperar a PDVSA, sus activos y los bienes y cuentas congeladas, de las garras del águila imperial? ¿Por qué no se cansa de atribuir todos los males que nos ocurren y de su incapacidad de atender satisfactoriamente las demandas sociales al bloqueo económico que lo tiene atado de manos? ¿Por qué se asocia con China, Rusia e Irán para manejar los recursos a su antojo sin intermediación de factores que puedan limitar su desenvolvimiento para apuntalarse en el poder?

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Un Capitalismo Monopólico de Estado

En el Capitalismo de Estado, el régimen, conducido por el Ejecutivo Nacional, sus instituciones secuestradas y medios de control, puede dirigir la vida económica, comercial y empresarial del país.

Quizás más razonablemente se podría avizorar un Capitalismo Monopólico de Estado, aunque de suceder, el transcurso del tiempo lo confirmaría. En este entorno el régimen comunista impondría un control de la disposición de la propiedad, de la administración de los recursos públicos sin supervisión y rendición de cuentas alguna, así como de los factores de producción.

Fachada y Realidad de la Ley Antibloqueo

¿Qué hace pensar en este posible contexto? Pues algunos elementos, por lo menos jurídicos, que ya viene enseñando el régimen. Nos referimos particularmente a la Ley Constitucional Antibloqueo. Si se hace una exégesis con lupa de su alcance, se puede destapar una fachada y una realidad ¿Cuál es la fachada? La que ella misma propugna de permitir el impulso a la inversión privada nacional e internacional y el apoyo de la pequeña y mediana industria, conforme a lo que dispone el Artículo 29 de esta ley. La pregunta sería cómo lograr esa alianza cuando la economía está en caída libre y no existen reglas seguras y nítidas para los inversionistas. A lo anterior se agregaría más del discurso revolucionario de alianzas con el Poder Popular organizado, ratificado una vez más en el Artículo 30 ejusdem.

¿Cuál sería la realidad? La protección de los derechos, intereses y patrimonio de la República, acorde a lo anunciado en el Artículo 5, numeral 2 de la ley. En todo caso, al quedar destruida la República, lo que se estaría protegiendo sería el patrimonio y los recursos del Estado Comunal Comunista. ¿Cuáles serían los medios para proteger estos activos de un régimen que actuaría bajo un Capitalismo de Estado? Los que la propia ley describe, como son: 1) inaplicar las normas de rango legal y sublegal que sean contraproducentes, según el Artículo 19 (habrase visto semejante discrecionalidad); y 2) establecer un régimen “transitorio” en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones del Poder Público, según el artículo 37, concordado por la ley con el Artículo 325 de la Constitución,  así como otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada de cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia que conozca la Administración Pública Nacional, tal como lo menciona el Artículo 39 ejusdem (el comunismo actuando bajo las sombras).

No perdamos la vista. Hay que agudizarla con más propiedad. Lo contrario va a permitir que la hiena se coma las sobras de la República y se ría de nosotros.

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