Sofos de Mileto

Una de las premisas esenciales para consolidar un Estado democrático de derecho es que los representantes de la soberanía popular en ejercicio del poder, sean ciertamente representativos de las sociedades, de las comunidades y de los Estados en un sistema federal. Si hay un mecanismo ligado con el propio concepto de democracia es la representación. El pueblo, titular de la autoridad suprema, elige dentro de sus integrantes, con el sufragio y mediante el voto libre, universal, directo y secreto, a un grupo de ciudadanos, para que en su nombre lo representen y actúen en funciones del Poder Público.

Ahora bien, es necesario que existan garantías para que esos representantes sean realmente los voceros, los parlantes de las aspiraciones, exigencias y demandas de sus representados. Ello debe atender, lógicamente, a que en esa escala se desarrolle el pluralismo político. Se trata del ejercicio auténtico del llamado derecho del ciudadano a la democracia, bajo el cual, con el revestimiento sólido del Estado Republicano Constitucional, el pueblo y la ciudadanía gobiernan a través de estos delegados, sometidos en todo caso a control y con la obligación de la rendición de cuentas.

Si hay un instrumento de la propia naturaleza de la democracia representativa en Venezuela es la actuación a la que están constitucionalmente obligados los diputados a la Asamblea Nacional. La Exposición de Motivos de la Constitución recalca que en el órgano legislativo del Poder Público se busca el ejercicio efectivo y eficiente de la función parlamentaria, al tiempo que la Carta Magna obliga a estos funcionarios a vincularse con las entidades federales y el pueblo. En este sentido, conforme al Artículo 197, los diputados de la Asamblea Nacional deben mantener una relación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados sobre su gestión y la de la Asamblea.  El Artículo 199 agrega que ellos solo responden ante dichos electores y el cuerpo legislativo, conforme a la Constitución y los reglamentos. Remata el Artículo 201 afirmando que los diputados son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia.

Ahora bien, toda esta institucionalidad del sistema democrático y de uno de sus elementos, como lo es la democracia representativa, ha entrado en una mega crisis. Una primera causa pudiera centrarse en la distorsión de los elementos fundamentales del sistema político venezolano, las características del Estado de facto en lo político, económico y social, y el deterioro de los principios y características de la forma política republicana. Estamos en presencia de un régimen totalmente centralizado, en el cual los actores políticos regionales y locales son meros convidados de piedra en decisiones de influencia en la sociedad. El presidencialismo representado en el peso que tiene dentro del sistema de gobierno el poder ejecutivo, fortalecido en la Constitución de 1999, es quien acapara los dictámenes que afectan la vida diaria de los venezolanos.  En estas condiciones, el Ejecutivo participa de todas las decisiones importantes no solo en materia política, sino también económica, social, cultural e institucional.

Le puede interesar.  Sin anestesia nos implantan el Estado Comunal

Pero a ello hay que sumarle la ausencia de liderazgos políticos preparados y con credibilidad a toda prueba, y el deterioro de los partidos políticos como canales de participación, lo que pudiera dirigir la responsabilidad de ello hacia el sistema político democrático.

La lesión a la democracia representativa surge como problema específico de nuestro sistema. Tiene que ver con la expresión de las demandas, la reducción de las exigencias, la manifestación de los apoyos y los mecanismos de evaluación. Los discursos de la dirigencia política se han distanciado tanto de las necesidades reales de la población, como de los mecanismos en los cuales la ciudadanía puede hacer aportes y encontrar eco en sus dirigentes políticos. Es indudable que se refleja el descontento y la indiferencia de la población hacia las instituciones.

La inestabilidad económica, la ausencia de liderazgo, la ineficiencia del sistema político, la depauperación del nivel de vida, la inseguridad colectiva, las fallas de los servicios públicos, parecen aletargar la conciencia colectiva, pero no se sabe si se está alimentando una bomba de tiempo.

Prueba reciente de la crisis de representatividad son los resultados del hecho calificado como fraude electoral el 6 de diciembre. Ni siquiera los adeptos a la causa del régimen rojo compraron las ofertas engañosas de los candidatos, muchos de los cuales no tienen ni idea de lo que significa e implica cumplir funciones parlamentarias. Y si nos referimos a la Consulta Popular, ya se avizoraba que los resultados, por muy carácter vinculante que a empujones se le quieran dar a los mismos, no existen instrumentos de coerción que los haga cumplir y ejecutar para lograr los cambios políticos que la sociedad espera. Si el descontento es de tal magnitud, demostrado con la abstención de la dignidad el 6D, habría que preguntarse por qué en la misma proporción no se manifestó el 12D. Es decir, ni de un bando ni del otro hay en estos momentos discursos persuasivos y efectivos para atender tanto requerimiento de rescate del bienestar.

El Estado Comunal que se viene implementando pretende en la realidad seguir asumiendo tan diversas y complejas responsabilidades, que si no se cambia este eje su capacidad para procesar o satisfacer demandas continuará comprometida por la insuficiencia de recursos, en lugar de estimular la diversificación de la economía. Profundizará su intervencionismo, a pesar que se ha anunciado, como fachada, en la Ley Antibloqueo, que “El Ejecutivo Nacional podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional.” El régimen comunista proseguirá regulando el proceso económico e implementando medidas, sin considerar las políticas sociales efectivas y no populistas complementarias.

Le puede interesar.  El retorno de las mulas.

Aunado a lo anterior, la cultura de los pactos ha permitido comprometer a diversos actores políticos, logrando afectar el tejido social del país, todo lo cual se pervirtió a tal extremo que el resultado fue el de una democracia pactada, con una representación limitada a los intereses de los partidos y no de los representados, pues toda demanda debía ser canalizada a través de los dirigentes y sus intereses parcelados. Es que, en realidad, uno de los factores que inciden en la pérdida de legitimidad de los dirigentes políticos y sus partidos, tiene que ver con la modificación de las necesidades de la sociedad, que sobrepasaron la capacidad de respuesta de las organizaciones políticas, quienes no estaban acostumbradas a ser interlocutores, sino mediatizadores.

Esta incapacidad de los partidos políticos tradicionales y emergentes de canalizar el conflicto y atender a las organizaciones sociales, se ve reflejada en los niveles de representatividad en el poder legislativo, por ejemplo, donde pierden presencia en escaños, salvo el fenómeno parlamentario del 2015. Parece haber una desorientación de los dirigentes sobre la forma de establecer conexión con la población electoral, lo que refleja la poca identificación propiamente ideológica y de profundidad en la compenetración social, más allá de mover emotividades y ver en un grupo de diputados jóvenes, que surgen como élite dirigencial personalista, una esperanza del cese del sistema madurista, el cual  se muestra como fracasado, pero que en realidad es un ardid para actuar con engaño, a través de una crisis inducida, alevosa y perversa.

Son los líderes sociales quienes han salido al paso para colocarse al frente de las demandas comunitarias. Pero ellos requieren de una preparación, de una capacitación. En conocimiento de los mecanismos de conducción y gestión, es posible que sean los actores políticos del futuro.

Pero la representatividad necesariamente se traduce en un tema de confianza y credibilidad. Los medios de representación, en una democracia, son los partidos políticos y aun cuando se trate en este caso de una democracia participativa a la que se ha pretendido dar protagonismo, mientras exista la delegación en representantes para legislar, estamos frente a mecanismos apropiados de representación. La legitimidad de la función legislativa descansa en la representatividad de los legisladores y su desempeño, que debe ser sujeto de evaluación y control por parte de los electores, con garantías de su cumplimiento, en una clara alusión a la compatibilidad de la democracia representativa con la participativa.

Mientras no haya un retorno a la naturaleza propia de la democracia representativa, se podrán encontrar personas que, por ejemplo y lamentablemente, enmarcan en la afirmación de Louis Dumur, escritor, poeta, novelista y editor en jefe del Mercure de France: “La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos.”

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí