El Comité de los Derechos Humanos en La Guajira, asegura que las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas wayúu y añú por las fuerzas militares y policiales, así como por las autoridades municipales, regionales y nacionales, es una realidad que ha persistido durante años.

Asimismo, denunció y repudió la represión por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad contra la Gran Nación Wayúu, que manifestaba pacíficamente el pasado 7 de octubre en el territorio ancestral de Paraguaipoa.

La ONG explicó que las comunidades decidieron alzar la voz por la falta de electricidad, de hasta dos días seguidos, así como por estar incomunicados y desinformados debido a que la estatal Movilnet tiene más de seis meses sin funcionar en la Región Guajira.

También reclamaban la falta de agua y gas doméstico, del desabastecimiento de insumos y medicinas, el incumplimiento de la entrega de la caja Clap y la imposibilidad de poder movilizarse a comedores alimentarios de las Naciones Unidas en la frontera colombiana, debido a la cuarentena por el COVID-19.

A propósito, a través de la cuenta de Twitter @MedioSurve, se dio a conocer que “La población exigía servicios públicos básicos como electricidad, agua, gas, transporte y alimentos, ante el caso omiso que hacen las autoridades municipales y regionales a las necesidades de la población indígena wayúu”.

Ante este panorama, el Comité exige al Estado:

1. La desmilitarización inmediata del territorio indígena Guajira.

2. La liberación de las personas detenidas arbitrariamente.

3. El cese de los allanamientos ilegales y las listas de perseguidos.

4. El cese del uso del decreto presidencial de estado de alarma y toque de queda.

5. Garantía y respeto a la protesta pacífica.

6. Atención urgente a la emergencia humanitaria compleja que vive la Guajira venezolana.

7. Cese del hostigamiento y la criminalización de la labor de defensores y defensoras de los derechos indígenas.

8. Que se dé inicio a una investigación.

10. Se exhorta a la Fuerza Armada que comparte el territorio indígena, para que respete y cese todo tipo de actuación violenta.

Prensa Frontera Viva

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