La directora de la ONG Justicia Venezolana, Neida Pérez Morillo, defensora privada de los presos políticos militares, denunció que en Venezuela persisten las violaciones al debido proceso y la falta de garantías procesales para los detenidos.

Estas declaraciones las hizo a propósito de la reciente actualización del informe sobre Venezuela de la comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Además, la abogada insistió en la situación de hacinamiento en la que conviven los castrenses en las sedes de cuerpos de inteligencia o centros de detención. Aunado a esto, Morillo resaltó que se les siguen limitando las visitas familiares y obligan a sus abogados a estar acompañados por jurídicos.

Asimismo, Pérez Morillo alertó que no se cumple 100% los avances presentados por Bachelet.

“La comisionada en su reporte manifestó que su delegación en el país pudo visitar centros de detención. Todavía esperamos el seguimiento a la cárcel de Ramo Verde, donde no hay visitas familiares regulares y los abogados debemos ir acompañados de un jurídico, sin privacidad con los detenidos”, manifestó.

Ante estos hechos, la representante de Justicia Venezolana hizo público, una vez más, el planteamiento de esta organización, de que se instalen mesas técnico-jurídicas entre los representantes de la ONU y todas las ONG que hacen vida en el país con el fin de que puedan conocerse y hacerse seguimiento a todos los casos de presos políticos, civiles y militares.

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