Por Tomás Páez @tomaspaez @vozdeladiasporavene
Podemos situar en la década de los 80 el indetenible aumento del número de países, más de un centenar, que reconocen a sus diásporas el derecho a ejercer el voto y, aunque en menor número pero también creciente, el derecho a ser elegidos. Hay quienes ubican en el siglo XIX, en el Estado de Wisconsin, este reconocimiento, al admitir el derecho de sus soldados a votar en el exterior. En la actualidad, tales derechos están amparados en marcos legales específicos de muchos países y en diversos acuerdos y pactos internacionales. Por ejemplo, el pacto de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, el cual expresa: “los trabajadores tienen derecho a votar y ser elegidos en su Estado de origen”.
Los países que promueven la participación e inclusión de sus diásporas a través del voto, son conscientes de que ello aporta legitimidad y confianza a sus procesos electorales. Solo unos pocos se atreverán a poner en entredicho los resultados electorales que emergen de una amplia consulta. La mayor participación y transparencia electoral fortalece la democracia y es un llamado a evitar atajos, que en política pueden ser peligrosos y sus resultados nefastos.
Las próximas elecciones regionales en España son una buena muestra de inclusión de su diáspora en ese proceso electoral. A principios de siglo, México hizo lo mismo con la suya, facilitó su participación a través del voto por correo. Colombia, más recientemente, estableció circunscripciones especiales en las que se contempla un representante de sus migrantes.
La Constitución venezolana consagra el derecho al voto de sus ciudadanos residentes en la nueva geografía, margina a quienes se encuentren en situación “irregular” y niega la posibilidad de que puedan ser elegidos. Esto último es una materia pendiente de la agenda política e institucional del país, para atender la realidad de una nueva geografía. Las decisiones de la institucionalidad del Estado impactan a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.
Los gobiernos que amparan los derechos de sus diásporas comprenden que no existe un “dentro” y un “fuera”. Asumen la existencia de la “circulación del capital humano”, que se manifiesta en inversiones, intercambio de ideas, desarrollo de proyectos, envío de remesas, atención a familiares y creación de complejas redes transnacionales en todos los ámbitos, formadas por ciudadanos de múltiples nacionalidades y con varias residencias.
Estos principios, miradas y enfoques, fundamentan la estrategia de gobernanza e inclusión de las diásporas e impulsan el estudio de las migraciones en el terreno de sus derechos políticos. Animados con ese propósito, países e instituciones han realizado análisis de distintas experiencias de participación electoral, sus logros y carencias, formulado recomendaciones y propuestas y construido manuales que recogen las mejores prácticas en esta esfera particular de los derechos humanos.
En Venezuela se avecinan importantes procesos electorales, las elecciones presidenciales en 2024 y las legislativas en 2025. Ambos han estimulado la movilización de muchos actores, candidatos y partidos y convocado un proceso de primarias para elegir un candidato unitario. Hay, además, un enorme interés de los países democráticos en garantizar un proceso electoral transparente que permita superar la profunda crisis venezolana. En este debate ha ocupado un lugar singular la diáspora, y no es para menos. De acuerdo con el “Observatorio de la Diáspora Venezolana” (ODV), el éxodo ronda los 8 millones de ciudadanos, más de 23% de la población.
Celebramos la incorporación de la diáspora a la agenda política, una manera de subsanar su total ausencia en las recientes elecciones locales y regionales. Diversas propuestas de partidos y precandidatos resaltan el derecho de los migrantes a votar, poco o nada del derecho a ser elegido, mientras otros con su silencio desconocen la existencia de estos derechos. Quienes por omisión o disimulo privan a la diáspora de sus derechos políticos, le hacen un flaco servicio a la legalidad y uno enorme a la arbitrariedad.
Los argumentos utilizados en la defensa del derecho a votar de quienes residen en otras fronteras, son muy variables y las discrepancias entre ellos pueden resultar insalvables. Algunas son tan extraordinarias como inviables y en política las propuestas irrealizables son un engaño y potencian la desconfianza. Conviene no fundamentar las iniciativas en cálculos políticos estrechos, ya que son un récipe para el fracaso y el desencuentro.
La sola defensa de los principios contenidos en los derechos cívicos y políticos resulta insuficiente, si al mismo tiempo no abordamos la complejidad administrativa, logística y presupuestaria asociada a su protección. Los desafíos no son pocos y omitirlos podría conducir a propuestas engañosas e imposibles.
Atender la heterogeneidad de la diáspora venezolana, dispersa en cerca de un centenar de países y varios centenares de ciudades, agrega complejidad cuya atención requiere algo más que buenas campañas y estrategias de comunicación.
En la defensa de los derechos nuestro énfasis se coloca en el reconocimiento de los derechos de identidad, registro y actualización de los datos de residencia, el derecho a votar y a ser elegido. La defensa la hacemos a sabiendas de que el incremento en el número de inscritos en el registro electoral no se traduce, necesariamente, en mayor participación, tal y como lo evidencia la experiencia internacional. De hecho, ha ocurrido lo contrario: la ampliación de los derechos electorales ha estado acompañada de un descenso en la participación. Esta tiende a ser más elevada cuando se trata de las elecciones presidenciales.
No pretendemos desanimar a quienes hacen cálculos políticos simples, pues los datos de la experiencia global resultan controversiales. Por el contrario, invitamos a superar las posturas de corto plazo, excesivamente pragmáticas y elementales. Es preciso proteger el derecho a votar y a ser elegido, aunque ello no sea garantía de que vote o se postule en cualquier contienda electoral. Es fundamental recuperar el ejercicio de la POLÍTICA, su capacidad de convocar y articular distintos intereses, expectativas y problemas, lo cual supone un trabajo sistemático junto a los ciudadanos y sus organizaciones, una labor de atenta escucha y creación, generadora de confianza y credibilidad pues, como reza el dicho: hechos son amores y no buenas razones.
La atención se ha focalizado en la defensa del ejercicio del voto, pero poco o nada se ha dicho del derecho a ser elegido. Su inclusión en las circunstancias actuales, muy probablemente, no contribuiría a alcanzar acuerdos, de suyo difíciles. Postergarlo no supone eliminarlo de la agenda. Ciertamente hay otras prioridades: exigir el derecho a la identidad y la activación del registro electoral en el acostumbrado mapa y en la nueva geografía.
La complejidad de la que hablamos alude a la magnitud, dispersión global y la concentración de la diáspora en ciudades y países, y a la forma en que esta realidad afecta la participación electoral, los recursos necesarios, la organización, logística y cobertura de los medios para que la diáspora pueda ejercer su derecho. Por ejemplo, la diáspora dominicana en New York, aproximadamente un millón de personas, requirió más de 40 mesas para ejercer su derecho al voto.
Como lo corrobora la experiencia internacional y los resultados de investigaciones, no existe “un mejor procedimiento” para garantizar el voto de la diáspora. Con independencia de la modalidad utilizada, electrónica o postal, en sus diferentes versiones, lo realmente medular y compartido es la convicción y el compromiso de los gobiernos de esos países en desplegar estrategias, políticas y medios de salvaguarda de los derechos de sus diásporas.
Los países han recurrido al uso del correo o Internet o la mezcla de ellos, a fin de que la diáspora ejerza su derecho a votar. Cada modalidad tiene sus pros y contras. En su escogencia se consideran asuntos como la facilidad, los costos, la seguridad, la transparencia, la facilidad de participación de observadores y testigos y las suspicacias que genera cada una de ellas.
La situación actual de la institución responsable (CNE) de honrar el derecho a votar de la diáspora, con una directiva incompleta, dificulta la inscripción y actualización del Registro Electoral. Este vacío, preocupante y prolongado, ha sido denunciado por distintas organizaciones en Venezuela, al cual se suma la controversial gestión del CNE y la de sus críticos, que ha minado su confianza y credibilidad.
Para muestra un botón: mientras los estados de los países de acogida intentan la regularización e inclusión de los migrantes, el CNE discrimina a sus propios nacionales en función de la calidad migratoria en otro país. Les exige un estatus que ni el propio país de acogida reclama. Una manifestación más de lo que hemos afirmado: la xenofobia comienza con el gobierno venezolano. Asuntos como este complican el proceso de negociación y dificultan los acuerdos alrededor de la defensa del derecho de la diáspora a ejercer el voto.
La experiencia internacional lo corrobora, la defensa del derecho a votar y ser elegido, en particular el derecho a votar de los refugiados, en no poca medida, será el resultado de la presión de los individuos y las asociaciones diaspóricas. Aquellos procesos electorales que marginen a la diáspora y a los refugiados de sus derechos políticos se consideran absolutamente deficientes.
El dato de 107 mil y pocas personas de la diáspora en condiciones de ejercer el derecho a votar, da cuenta de las dimensiones de la violación de este derecho, lo denuncia el reciente informe de la Observación Electoral Europea.
Sobre la base de la información del Observatorio de la Diáspora de Venezuela (ODV) es posible estimar un número superior a los 5 millones imposibilitado de ejercer su derecho a registrarse o actualizar sus datos. Un número por encima del millón, con documento de identidad, no existe para el actual registro. Dado que el documento de identidad, requisito indispensable para ejercer el voto, solo se puede obtener en el país, excluye a los más jóvenes quienes nunca lo han adquirido. No son solo números y porcentajes, se trata de los derechos de las personas.
Organizaciones de la sociedad civil, con amplia y reconocida experiencia en la observación y análisis electoral, coinciden en la necesidad de acompañar la defensa de los derechos cívicos y políticos con las indispensables dosis de pragmatismo y selectividad.
Sin embargo, no resulta nada sencillo conciliar principios, realidad y factibilidad.
Lograr una adecuada coordinación entre los procesos en el territorio nacional y la atención a la diáspora, requiere de un minucioso proceso de planificación y administración en el que sus organizaciones participen en todas y cada una de las fases del proceso: promoción, seducción POLÍTICA, información, producción y distribución a través de los distintos medios, organización, capacitación del personal electoral y el espinoso tema de los recursos para financiar el proceso. La participación electoral de la diáspora en los venideros procesos electorales, sin duda, contribuye a fortalecer la institucionalidad y legitimar los resultados que de ellos surjan.
