Sofos de Mileto

El régimen comunista desde Hugo Chávez y con la continuidad de Maduro, de forma alevosa, intencional e inducida, ha venido destrozando los pilares de la República. El propósito malévolo es matar la institucionalidad republicana y con un proceso de transición ir implantando el Estado Comunal. En este recorrido se ha ido afectando sustancialmente la cultura de los venezolanos, quienes disfrutábamos de una calidad de vida que nos ofrecía el sistema democrático, para someternos en estos últimos tiempos a otro modo de vida sumiso y de absoluto control de todas las esferas de nuestra actuación privada y pública.

Del pleno ejercicio de los derechos humanos, la libertad, la igualdad de oportunidades, el pensamiento plural, las libertades económicas, la propiedad privada y una sociedad interdependiente, característicos de un Estado Constitucional Descentralizado, nos han ido afincando el total abuso y vulneración de nuestros Derechos Humanos, una estatización,  un  pensamiento único de doctrina revolucionaria, con lemas huecos (tales como “Chávez vive, la patria sigue”, “independencia y patria socialista, viviremos y venceremos”, “leales siempre, traidores nunca”, “el sol de Venezuela nace en el Esequibo”), el igualitarismo, una propiedad colectiva, sin libertades económicas, y una sociedad dependiente de las migajas de las misiones y los bonos. Así se va edificando, bajo una total crisis de percepción de la oposición y de la llamada “contrarrevolución” un Estado Socialista con una doctrina político social del “hombre nuevo humanista”, un Estado centralizado, de poder concentrado en el inventado Poder Popular, un Estado con economía estatista, socialista, y un Estado militarista y represivo policial, que aplicando el miedo persigue a la disidencia que rechaza este sometimiento tiránico.

La República, régimen político donde se desarrolla el modo de vida de bienestar integral, tiene cuatro pilares fundamentales: la Soberanía Popular, la Supremacía Constitucional, la Separación de Poderes y el Estado de Derecho. Estas cuatro columnas republicanas han sido demolidas por el régimen chavista madurista, porque sabe que hay que acabar con esa estructura que le impide asentar con rigor su Estado Comunal. Veamos cómo ha sido este cañoneo.

La Soberanía Popular ultrajada

Es la suprema autoridad en la cual reside el poder político y público de un pueblo que hace vida en un territorio determinado.

Con la soberanía popular los ciudadanos son los titulares del mando y gobierno de una Nación. Reside “intransferiblemente” en el pueblo, según el Artículo 5 constitucional. Solo y siempre está y estará en el pueblo. Nadie puede asumirla, ni gobernante ni Asamblea alguna. La Soberanía Popular se ejerce a través de la democracia, como poder de dominio político en un Estado.

La democracia es una forma de régimen de gobierno en la cual el cuerpo de residentes participan y dirimen los asuntos públicos. En la democracia el pueblo es el soberano que gobierna. Tal como lo mencionaba Abraham Lincoln, es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Si bien el pueblo es su titular, la Soberanía Popular se ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, (Democracia Directa, Participativa y Protagónica) e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público (Democracia Representativa).

Pero, ¿qué ha pasado realmente con la soberanía popular? Que el régimen se ha apropiado, se ha adueñado de ella, se la ha expropiado al pueblo, al soberano. El que manda no es el pueblo, así lo repita el régimen con su falacia del Poder Popular. El que manda es un grupo de cuatreros pseudo políticos que han arrebatado la soberanía popular, para imponer su ideología revolucionaria, sin consultar al pueblo, mucho menos seguir y cumplir sus decisiones, por muy vinculantes que sean las asambleas de ciudadanos o reveladoras que sean las consultas populares. Y ni hablar de los representantes del pueblo soberano que fueron electos por una mayoría aplastante en el 2015, voceros en el parlamento de los mandatos del soberano, a quienes el régimen tirano los persiguió, les allanó su inmunidad parlamentaria, los metió presos y les anuló sus actuaciones utilizando para ello a siete magistrados vendidos de la Sala Constitucional del TSJ.

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La comuna, las ciudades comunales, los consejos comunales y otras “instancias de agregación comunal”, son un parapeto que están y estarán al servicio de la ideología socialista comunista y a sus únicos e incuestionables mandatos.

La Supremacía Constitucional: una bicha arrugada de papel

La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todos los venezolanos debemos cumplirla. La Constitución establece los principios rectores de un Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos, y desde ella se crea un orden jurídico con normas de diferentes grados para desarrollar sus postulados básicos. Los órganos jurídicos, políticos y administrativos en la solución de conflictos de intereses, primero deben recurrir a la Constitución y luego a las demás normas, dándole preeminencia a aquella. Para su protección, existen procedimientos para su modificación, sea una enmienda, una reforma o su total sustitución, pautados en el propio texto constitucional para que adquieran legitimidad. Además, para preservar la inviolabilidad e integridad de la Constitución, ella misma le confiere atribución exclusiva al Poder Judicial y, en especial, a la Sala Constitucional, para que en su labor de interpretación y aplicación de las normas de la Carta Magna, se mantenga la uniformidad de su espíritu, propósito y razón y se garantice su plena vigencia. Volvemos a preguntar: ¿Qué ha pasado realmente con la Supremacía Constitucional? Que todos los órganos del Poder Público, tomados de manera ilegítima por el régimen, se han dedicado a anular, a dejar sin efecto, eficacia y aplicación jurídica, los preceptos de la Constitución de 1999. Al perder Chávez su pretendida reforma constitucional comunista y comunal del 2007, por vía de leyes habilitantes, de decretos leyes, de los recientes adefesios de “leyes constitucionales” de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, vaciaron el contenido de la norma suprema constitucional, que de superior pasó a ser enterrada en los recuerdos de la república democrática y garantista de libertades, de la cual disfrutamos en la era pre chavista. Las hojas de la bicha fueron totalmente cremadas y de su combustión no se salvó ni la portada o la pasta roja.

Además, la “honorable” Sala Constitucional, con ese poder interpretativo vinculante que le confiere el Artículo 335, se dedicó a transmutar la letra constitucional hacia las pretensiones de Maduro y su élite de delincuentes, destrozando toda la certeza jurídica del ordenamiento normativo venezolano, propio de un Estado de Derecho.

La Separación de Poderes: borregos de la voluntad cubano madurista

La Separación de Poderes radica en el fraccionamiento organizativo del aparato del Estado, según la naturaleza de las funciones a cumplir y su alcance con respecto a las competencias que posee en el ámbito político-territorial. En Venezuela hay una manifestación de la organización federal del Estado y el reconocimiento a la repartición territorial del Poder Público en tres niveles. “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional,”, dispone el Artículo 136 constitucional. Agrega esta norma una  penta división del Poder Público. El Poder Público Nacional se divide en Poder Legislativo: que legisla y controla la administración; Poder Ejecutivo: que realiza acción de gobierno; Poder Judicial: que administra justicia; Poder Ciudadano: que previene, investiga y sanciona hechos contra la ética pública y la moral administrativa; y Poder Electoral: que organiza, administra, dirige y supervisa procesos electorales y referendarios.

La pregunta es de rigor: ¿Qué ha pasado realmente con la Separación de Poderes? La primera respuesta la ofreció la tristemente célebre Luisa Estela Morales de Lamuño, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en diciembre de 2009, en una entrevista en Venezolana de Televisión, textualmente declaró: “No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”. Con esta afirmación, la independencia de las ramas del Poder Público, principio esencial de un sistema republicano y democrático, se transformó en un servilismo, en rodilla en tierra a favor del Poder Ejecutivo Nacional, fuente de los mayores desafueros y atropellos de la institucionalidad. Así se decretó la concentración de poderes, contraria al interés social. Toda actuación pública quedó supeditada en las manos de una misma persona, originándose en cada uno de esos órganos de la distribución territorial y de la división funcional del Poder Público sus ya no ocultas desviaciones, excesos y arbitrariedades.

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El Estado de Derecho: una vergüenza mundial

En un Estado de Derecho toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma jurídica. El poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente, a todo el cuerpo de normas. Ese Estado de Derecho crea un ambiente de respeto absoluto hacia el ser humano y el orden público. El Estado de Derecho asegura el imperio de la Constitución, como norma suprema, y de la ley, lo cual excluye un poder autoritario, prerrogativas abusivas y autoridades discrecionales. Todos sin distinción, ciudadanos, legisladores, gobernantes y jueces, están sujetos a la ley y a procesos legales prestablecidos. Asimismo, el Estado de Derecho comprende el Principio de legalidad, según el cual los órganos públicos están constreñidos a realizar solo aquellas actividades, funciones y competencias que le son asignadas por una norma del ordenamiento jurídico.

Surge la interrogante elemental: ¿Qué ha pasado realmente con el Estado de Derecho en Venezuela? Basta encontrar la contestación nada menos en un documento de alcance internacional.

El  World Justice Project Rule of Law Index®  es la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el Estado de Derecho. El Índice, que abarca 128 países y jurisdicciones, se basa en encuestas nacionales de más de 130.000 hogares y 4.000 abogados y expertos para medir cómo se vive y se percibe el Estado de Derecho en todo el mundo.

El World Justice Project define al Estado de Derecho como un sistema durable de leyes, instituciones, normas y compromisos comunitarios que proporcionan:

 -Rendición de cuentas: El gobierno y los actores privados rinden cuentas ante la ley.

-Leyes justas: Las leyes son claras, públicas, estables, y justas. Además, se aplican de forma equitativa, y protegen los derechos fundamentales.

-Gobierno abierto: Los procesos para promulgar, administrar y aplicar las leyes son accesibles, justos, y eficientes.

-Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas: La justicia se aplica de forma oportuna por representantes competentes, éticos, independientes, y neutrales, que son accesibles, y cuentan con recursos suficientes.

La mala noticia es que en este índice mundial la República Bolivariana de Venezuela figura en el lugar 128 de 128 países revisados, es decir, estamos en la cola, en el último lugar de adhesión a los principios del Estado de Derecho. Mientras que los países escandinavos Dinamarca, Noruega y Finlandia ocupan la vanguardia en la preservación de su ordenamiento jurídico, con puntajes de 0.90, 0.89 y 0.87, respectivamente, en la escala de 0.0 a 1.0, Venezuela se mantiene desde hace cinco años en el deshonroso último puesto, con un índice de 0,27 para el año 2020.

Según la reciente Encuesta de Hercon Consultores, el 75 % de los venezolanos rechaza la idea de la instauración del Estado Comunal. Sólo en una Republica conformada por un auténtico Estado Constitucional Descentralizado, con sus cuatro columnas fortificadas, se puede vivir en prosperidad y con un sistema de libertades que asegure el respeto y la dignidad de la verdadera fuente de poder, que es el pueblo. Si rescatamos la República, recuperamos el pleno ejercicio de nuestros derechos y la garantía del sometimiento de los representantes del Poder a la ley y al orden.

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