Ph.D. Tomás Páez @lavozdeladiasporaven  @tomapaez​

En materia de violación de los derechos humanos, el gobierno venezolano ostenta un deshonroso lugar de honor ganado a pulso.  Así lo confirman los informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión de Expertos Independientes, el más reciente de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y los datos del proyecto CONVITE, que muestra la precariedad de la situación de pensionados y jubilados de Venezuela. Las violaciones han sido suficientemente descritas y documentadas.

Cada informe contiene propuestas y recomendaciones con el fin de enmendar los graves errores cometidos y salvaguardar los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos. Presentan evidencias producidas por las organizaciones de la sociedad civil y por los más de 134 observadores de la Unión Europea que participaron en el reciente proceso electoral. Se trata de reportes sólidos con poco espacio para la duda y el error, que han causado escozor y han sido criticados con acritud y gestos hostiles por el régimen. Las sugerencias de cambio han sido desoídas y no parecen haber hecho mella en la piel de cocodrilo, curtida en el odio y la avaricia. 

Los citados informes certifican la violación sistemática de todos los derechos humanos de los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La violación desconoce fronteras, se extiende por toda la Nueva Geografía de Venezuela: realidad ésta que es imprescindible conocer, interpretar y atender a fin de evitar una visión FALLIDA de la POLÍTICA.

La violación es su sino. Comenzó mucho antes de llegar al gobierno. Estigmatizaron al adversario con palabras y hechos. Han sido incapaces o, quizá allí resida su única capacidad, de resguardar los derechos humanos fundamentales, entre ellos el más importante, el derecho a la vida, de garantizar la libertad de expresión y pensamiento, salvaguardar el derecho de todo niño venezolano a su nacionalidad y hasta garantizar el ingreso de los ciudadanos a su propio país. En un gesto de XENOFOBIA mayúsculo desconocen al otro y niegan la existencia de más de siete (7) millones de venezolanos integrantes de la diáspora. Prueba de ello es que no hay cifras oficiales del éxodo, o eso es lo que nos dicen.

Su xenofobia incluye a ciudadanos de otros países. Tenemos grabada con profunda tristeza en el alma la imagen de los colombianos expulsados del país y obligados a cruzar con sus enseres las piedras del río Táchira. Además, sus casas habían sido marcadas, lo que nos recordaba el nazismo en acción, un hecho que desconocía la historia de Venezuela después de 500 años de inmigración. 

La xenofobia del régimen contrasta con la actitud de los gobiernos de los países de la región, que se han ingeniado todo tipo de mecanismos ad hoc con el fin de acoger, atender, integrar y regularizar a la diáspora venezolana. Ellos incluyen y el régimen excluye a los connacionales. Veamos el ejemplo de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Impone a los ciudadanos de la diáspora el requisito para inscribirse y ejercer su derecho al voto en el extranjero (art. 124: 2009); “Sólo podrán sufragar en el exterior los electores y las electoras, que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”.

Si los gobiernos de la región adoptasen criterios semejantes a los establecidos en dicha Ley, centenares de miles de venezolanos no habrían podido hacer su vida en los países receptores. Por suerte no hay tantas mentes retorcidas y ruines en el mundo. Ese artículo se añade a su manual de xenofobia, pues los gobiernos autoritarios, con independencia de los extremos en los que se sitúen, se aferran a nociones como las de identidad y nación (Le Pen, Orbán y aquellas palabras huecas “tenemos patria”), pese a desconocer cuáles son y cómo se definen. 

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El concepto de nación, para algunos una realidad inmutable, tiene carácter étnico y rechaza a la globalización, a los organismos supranacionales y desprecia al otro, al inmigrante. En esa creencia se sustentan las políticas de barreras a la inmigración y desprecio a quien migra. Edgar Morin sostiene que los mitos tienen vida propia y a pesar de las evidencias en contra, se convierten en políticas, como en el caso venezolano. 

Hace tan solo un par de semanas los parlamentarios abordaron el tema de la diáspora, utilizando el argumento de la xenofobia, por supuesto de otros países, y en los tiempos que corren es usual utilizar ese comodín. Nos atrevemos a sugerir a los parlamentarios la necesidad de tratar este tema con seriedad, hablamos de seres humanos que migran y cuyos efectos dentro del mapa que todos conocemos y el de la Nueva Geografía que se está configurando, son extraordinariamente importantes para el diseño y ejecución de POLÍTICAS.  Esta realidad obliga a pensar la POLÍTICA en términos y dimensiones diferentes.

La migración afecta la pirámide poblacional, la planificación del presupuesto y los derechos humanos, civiles y políticos de todos.  La discusión inicial, llena de dimes y diretes, debe abrir paso a un debate sosegado y serio acerca de la agenda que plantean la diáspora y sus organizaciones en el planeta. La controversia debe servir para que gane el país y todos los ciudadanos, para identificar y superar los vacíos legales, para dar respuesta, por ejemplo, a un servicio exterior diseñado para un país de inmigrantes hoy colapsado e incapaz de dar respuesta a los volúmenes de nuevos requerimientos.

La polémica debe girar en torno a los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de los venezolanos, ya que éstos no se reciben, tampoco se negocian y es preciso defenderlos, como la democracia y las libertades, diariamente. Las constituciones, las leyes y la política pueden crear un clima que facilite o entorpezca el ejercicio de esos derechos. Hablamos del derecho a la vida, a la propiedad, el acceso a la identidad, el de votar y ser elegido, con independencia del lugar de residencia. 

Colocar obstáculos, impedir el ejercicio de tales derechos consagrados en pactos y acuerdos globales, es una violación de los mismos o una evidencia de la incapacidad de los gobiernos por salvaguardarlos. La defensa de tales derechos, como el de la vida, no está sujeto a una negociación, tampoco el derecho a la propiedad, aunque en ocasiones hay okupas o secuestradores con los que será preciso negociar. No basta denunciar las violaciones, es preciso construir una fuerza social y POLÍTICA capaz de disuadir a los enemigos de la democracia y violadores de los derechos humanos.  

Es necesario recuperar la CONFIANZA y LA ESPERANZA. Es importante abordar la realidad con otra mirada, porque la utilizada hasta el día de hoy ha resultado inútil, no ha servido para desbancar uno de los peores, si no el peor gobierno de Venezuela. Por el contrario, ha servido para entronizar la desconfianza y la desesperanza. Una manera de lograrlo es respetando y haciendo respetar los derechos humanos, civiles y políticos.

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El informe de Observación Electoral citado y la presión de la comunidad internacional apunta a encontrar una solución electoral a la tragedia del país y a salvaguardar el derecho a elegir de todos los venezolanos. La mayoría de los partidos políticos de Venezuela participaron en las pasadas elecciones regionales y exigen el respeto de ese derecho. Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil consideran el tema electoral como una oportunidad para la defensa de los derechos civiles y políticos: acceso a documentos de identidad, derecho a registrase, derecho a votar, etc. Este último, como lo indica la voluminosa experiencia internacional, puede hacerse de diversas maneras, la más reciente de ellas a través del voto anticipado en el proceso electoral en Colombia. 

La democracia, por definición sistema abierto al cambio, no es garantía de un buen gobierno, pero facilita el reemplazo de los malos como el actual, de una forma pacífica, civilizada y por medios no de fuerza ni sangrientos como apunta K. Popper. La alternabilidad y las elecciones democráticas que la hacen posible sirven para depurar responsabilidades. Los voceros del régimen asumen que llegaron para permanecer en él eternamente. En declaraciones altisonantes lo han reiterado voceros calificados de la Fuerza Armada, negando así el principio del sistema democrático: la supervisión civil de la fuerza militar y evitar la interferencia de ésta en las decisiones de la sociedad.

La democracia no consiste en darle la palabra a los fusiles antes que a la sociedad. Uno de los más importantes legados de los sistemas democráticos es el reconocimiento y salvaguarda de los derechos del ciudadano, el establecimiento de límites al poder y la aceptación del cambio y la incertidumbre como datos de vida. Lo contrario es autoritarismo y dictadura. 

Suscribimos el principio de que la democracia no puede existir sin partidos políticos y que resulta difícil imaginar el futuro sin ellos, no obstante, también es cierto que hay partidos sin futuro y liderazgos efímeros. La sociedad civil ha sabido organizarse y desarrollar iniciativas POLÍTICAS en todas las esferas, a través de cauces institucionales. Su trabajo y sus exigencias guardan proporción con la desgracia sufrida por la sociedad venezolana, que ha padecido una de las miserias más largas y atroces de Latinoamérica y lo que es peor en medio de una extraordinaria abundancia de ingresos. 

En lugar de exclusión inclusión y cohesión social, en lugar de soberbia e imposición humildad y capacidad, en lugar de exhibición jactanciosa de privilegios, modestia y moderación para escuchar, en lugar de opacidad y gestión clandestina de los recursos, supervisión y control público, en lugar de imposición, respeto a las múltiples aspiraciones de los ciudadanos y sus organizaciones.

Una estrategia para superar la inmediatez de los “selfies” y la presión de las redes sociales, más que “me gusta”, “me encanta” o “indigna”, acción y trabajo. Una estrategia que no puede hacerse en modalidad canguro, a golpe de coyuntura, emoción o mantras pétreos, ajenos a una realidad que cambia ante sus miradas. Lo que deteriora un sistema democrático e impide desarrollar la estrategia de gobernanza de la diáspora es el inmovilismo, el bloqueo y la insistencia en el error, en no enmendar y corregir, lo cual impide ver salidas concretas y nubla las esperanzas de que la situación se pueda remediar.


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