Las autoridades de Estados Unidos pidieron a Argentina incautar el avión venezolano que permanece retenido a las afueras de Buenos Aires.

El departamento de Justicia estadounidense formuló la solicitud después que un tribunal de Washington hiciera pública una orden de confiscación de la aeronave, el 19 de julio.

“El departamento de Justicia no va a tolerar transacciones que violen nuestras sanciones y nuestras leyes de exportación”, dijo Matthew Olsen, un fiscal del área de seguridad nacional.

En su pedido de confiscación, la corte federal de Washington alega que el Boing 747-300M ha violado las leyes de control de las exportaciones relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air -una línea aérea iraní afiliada con un grupo que aparece entre las organizaciones a las que Estados Unidos considera terrorista-, y Emtrasur que es una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

Desde 2008, el departamento de Comercio de EEUU ha emitido una orden temporal que prohíbe a Mahan Air realizar cualquier tipo de transacción desde EEUU que esté relacionada con bienes o materias primas sujetos a regulaciones estipuladas en la ley de administración de exportaciones.

La orden judicial alega que alrededor de octubre de 2021, Mahan Air violó esas leyes cuando transfirió la custodia del avión a Emtrasur, sin autorización del gobierno estadounidense. Posteriormente habría también transgredido las normativas al volver a exportar la aeronave a Caracas, Teherán y Moscú, sin autorización de Washington.

Asimismo, Conviasa está en una lista de compañías sancionadas por EEUU desde 2020, y su flota fue bloqueada en 2019.

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En una resolución firmada el lunes por la noche, el juez federal Federico Villena dispuso que quedarán retenidos los documentos de los iraníes Gholamreza Ghasemi -piloto de la aeronave-, Abdolbaset Mohammadim, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh y de los venezolanos Mario Arraga, Víctor Pérez Gómez y José García Contreras, tripulantes del Boeing de la estatal venezolana Emtrasur que arribó el 6 de junio a Buenos Aires despertando sospechas.

La justicia argentina busca determinar si los ocupantes del vuelo -que están en libertad y alojados en las afueras de la capital- arribaron al país con fines comerciales o por su presunta conexión con el terrorismo internacional.

“Lo que se investiga es si bajo apariencia de realizar una actividad lícita están financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, dijo el magistrado al respecto.

Acotó que el régimen de Venezuela no está bajo investigación y tampoco la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su fuerza de élite Quds, dado que Argentina no las considera terroristas.

Con información de Diario Las Américas 

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