No solo se benefician del petróleo, funcionarios del régimen venezolano también se lucran de la extracción y venta ilegal del oro, mineral que le pertenece a los venezolanos y no a un grupo que usurpa el poder en Miraflores.

En el estado Bolívar integrantes del ELN, civiles armados y bandas criminales se disputan el control de las minas de oro en medio de masacres, desapariciones, amenazas y robos que se viven desde hace cinco años bajo la mirada de un régimen que se beneficia de este contrabando para mantenerse en el poder.

Masacres y desapariciones

En los últimos años La Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía recolectaron cerca de 51 denuncias de personas desaparecidas en los municipios mineros de Bolívar entre el 2012 y 2018.

En 2016 se registró unas de las peores masacres que ha sufrido el país luego de haberse reportado la desaparición de 28 mineros de los cuales 17 fueron encontrados, días después, en fosas comunes.

En 2019 la historia se repitió cuando cerca de ocho personas fueron asesinadas en Ikabarú, zona en la que se encuentra gran parte de los yacimientos de oro y diamantes del país, en medio de una disputa por parte de grupos armados que buscan adueñarse del oro venezolano.

En enero de este año, el diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia denunció que una nueva masacre en la zona minera de Bolívar se había registrado, situación que se sigue viviendo al sur de Venezuela.

El régimen trafica oro

La extracción y contrabando de oro de forma ilegal ha financiado al régimen en los últimos años. La venta de este mineral a Turquía, Emiratos Árabes y Uganda fue informado por el medio suizo Radio Televisión Suisse quien reportó que su país también se encuentran en la lista de compradores, basándose en  febrero de 2019 un avión oficial del régimen llegó a Zúrich con varios kilogramos de oro ilegal. Sin embargo, al portar un estatus diplomático el avión continuó su viaje a Abu Dhabi sin ningún tipo de problema.

Según explicó el medio suizo, algo similar ocurrió en mayo de 2019 cuando las autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde Venezuela con un cargamento de 104 kilos de oro ilegal equivalentes a 5 millones de euros que sería comprado por un ciudadano suizo.

Estas no han sido las únicas veces que el contrabando de oro ilegal quedo registrado, en diversas oportunidades el régimen ha quedado al descubierto por comercializar este mineral extraído de forma ilegal en manos de funcionarios del chavismo.

Maduro y el oro venezolano

Si bien es cierto que el régimen de Maduro utiliza los ingresos de la minería como un salvavidas para mantenerse en el poder “la falta de transparencia en la rendición de cuentas del Gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo”, según un reporte del Washington Office on Latin América (WOLA).

En las pasadas elecciones parlamentarias el oficialismo adjudicó a cada gobernación chavista una mina lo que ha permitido que estos grupos delictivos operen ilegalmente ante la mirada de los gobernadores que también se lucran de la extracción ilegal de este preciado mineral.

Los pranes toman el control de las minas

Según un reportaje publicado en 2016 por el periodista neerlandés, Bram Ebus “los pranes solo han tenido el control de las minas ilegales durante unos años: comenzaron a hacerse cargo de alrededor de 2011 después de que Venezuela nacionalizó gran parte de su industria minera, pero no estableció operaciones legales de extracción de oro. Los últimos años han visto un rápido aumento en el número de pandillas que operan en el área”.

Enla investigación, Ebus aseguró que “el ejército venezolano está clandestinamente involucrado en la industria ilegal del oro, apoyando a las pandillas a cambio de una porción de sus ganancias”.

“Los pranes se han convertido en gran medida en una autoridad indiscutible en la región, imponiendo la “justicia” por su propia medida. Los mineros pagan dinero de extorsión, conocido como “vacuna”, a los pranes a cambio de que se les permita trabajar; las madres llevan a sus hijos enfermos y les piden dinero para comprar escasos suministros médicos; y los vecinos discutiendo buscan su consejo para resolver disputas”, explicó en el reportaje.

Por su parte la periodista Sebastiana Bárraez en un trabajo publicado recientemente, también denunció que “la Fuerza Armada recurre al apoyo de civiles o irregulares armados para enfrentarlos, como ocurrió en el estado Bolívar el 26 de mayo”.

Gasolina iraní por oro venezolano

Como si fuera poco, el régimen venezolano no solo se beneficia con vender el oro a empresarios multimillonarios de distintas nacionalidades, sino que también lo intercambia por gasolina y otros productos.

De acuerdo al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, el régimen de Maduro habría pagado con nueve toneladas de oro los cinco buques petroleros que ingresaron a territorio venezolano en días pasados.

“A cambio de la ayuda de Irán, la organización criminal de Maduro saqueó nueve toneladas de oro y los envió a Teherán”, explicó Ortagus.

Sin embargo, esta no sería la primera denuncia, en abril de este mismo año el diplomático estadounidense, Elliott Abrams aseguró que “estamos viendo a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente esta semana y creemos que se les paga con oro, que los aviones que vienen de Irán que están trayendo cosas para la industria petrolera están regresando con los pagos por esas cosas: oro”.

El rechazo de la oposición

Tanto el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó como los diputados de la Asamblea Nacional legítima han rechazado y denunciado que el régimen persigue a los funcionarios que intentan proteger el oro de los venezolanos como es el caso del procurador especial y presidente de la junta ad hoc del BCV, José Ignacio Hernández quien ha sufrido atropellos por parte de Maduro.

En días pasados, un grupo de diputados miembros de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN presentaron un proyecto de Ley de Minas el cual busca dejar sin efecto la “Ley orgánica de la Megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía” que permite la explotación ilegal del oro y actividades que atentan contra el medio ambiente en el Arco Minero.

Prensa Frontera Viva

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