Se trata de una de las pocas alianzas duraderas de Estados Unidos en una Latinoamérica bajo constante turbulencia, una que se construyó a lo largo de décadas de combate conjunto contra los cárteles del narcotráfico de la nación sudamericana. Pero la elección de Gustavo Petro como el primer presidente izquierdista de Colombia posiblemente pondrá a prueba como nunca antes la relación especial de Estados Unidos con un importante aliado no perteneciente a la OTAN.

Durante la disputada contienda electoral, Petro, un exguerrillero, arremetió contra la erradicación forzada de los plantíos de coca y contra la extradición —partes fundamentales de la guerra contra las drogas respaldada por Washington_, así como contra un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos al que responsabiliza de empobrecer a los agricultores colombianos.

Está por verse si podrá implementar su agenda progresista con un Congreso dividido y la oposición de las influyentes élites.

Pero su simple promesa de implementar cambios radicales en una nación que desde hace tiempo ha sido bastión de estabilidad regional ha inquietado a muchos en Washington, incluso si esta es parte del resurgimiento de la izquierda en toda Latinoamérica y que fue acogida por millones de colombianos hartos de la enorme desigualdad e injusticia social.

“Nuestra labor combinada para combatir el crimen transnacional ha llegado a su fin”, dijo Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Bogotá entre 2014 y 2019. “No hay duda de que se va a hacer esto de una manera muy distinta”.

A pesar de que Whitaker tiene sus dudas sobre los motivos de Petro y sobre su efectividad como gobernante, dijo que no podría coincidir más con el punto central de su campaña: Impulsar la presencia del Estado, no sólo con fuerzas de seguridad, en la parte rural del país, la cual ha quedado en el olvido.

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“Si logra explicarle su plan a Estados Unidos, y subsanar la profunda división entre la zonas urbanas y rurales, lo cual ha sido el mayor desafío de Colombia desde hace tiempo, entonces no tiene que ser una relación conflictiva”, aseguró Whitaker.

Estados Unidos ayudó a Colombia en 1999 con la implementación del Plan Colombia para combatir al narcotráfico y a las guerrillas que financiaron sus levantamientos con el trasiego de cocaína. Desde entonces, gobiernos republicanos y demócratas de forma sucesiva han otorgado más de 13.000 millones de dólares en asistencia militar y económica a Colombia, mucho más que a cualquier otro país de Latinoamérica.

Durante su campaña, Petro, de 62 años, criticó los ejes de esta estrategia bipartidista.

Sobre la extradición, dijo que su gobierno daría prioridad a contar la verdad y compensar a las víctimas de los poderosos grupos delictivos, en lugar de enviar a sus capos a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Cada año, en virtud de una orden presidencial especial, Colombia extradita a decenas de narcotraficantes que enfrentan cargos en Estados Unidos.

También criticó la erradicación forzada de los plantíos de coca, el ingrediente base de la cocaína, por criminalizar a los campesinos honestos y por su inefectividad para combatir lo que resultó ser una cosecha sin precedentes. En su lugar, estaría a favor de expandir los programas de sustitución de cultivos que brindan créditos, capacitación y derechos sobre tierras a los agricultores.

Aunque admirables, todos los objetivos de Petro enfrentan enormes obstáculos.

En Estados Unidos, una enorme burocracia de cientos de agentes federales ha creado una estrecha cooperación que será difícil dejar de lado, asegura Whitaker.

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También es posible que Petro enfrente una firme resistencia al interior de las fuerzas armadas de Colombia, cuya influencia ha aumentado significativamente con la asistencia y entrenamiento de Estados Unidos.

Eso sin contar a los mismos criminales, que difícilmente se quedarán de brazos cruzados si sus ganancias están en riesgo. A pesar de estar plasmado en el acuerdo de paz de 2016 con los principales grupos rebeldes del país, la sustitución de cultivos representó menos del 1% de las 130.147 hectáreas de coca que se erradicaron en 2020, una muestra de lo tibia que sigue siendo la presencia del Estado fuera de los centros urbanos.

“Una reducción significativa del componente de seguridad fortalecería a los actores criminales y sería un punto de fricción con Estados Unidos”, dijo Cynthia Arnson, miembro del Wilson Center en Washington y experta en Colombia.

Con información de AP News

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