Venezuela vive la peor crisis humanitaria que se haya enfrentado luego de la guerra federal y con alarmantes cifras de hambre y desnutrición registradas por organismos internacionales. Los venezolanos no solo luchan por sobrevivir a la pandemia del Covid-19, también contra la intolerancia y el radicalismo de algunos funcionarios públicos que ven en las necesidades de la población una manera de hacer política   

Por Rosalinda Hernández C.

La alimentación es un derecho humano fundamental; sin alimentos es imposible concebir la vida. La Declaración Universal de Derechos Humanos, menciona la alimentación como una prioridad que debe ser garantizada en momentos de emergencia por los Estados y la   Constitución venezolana, lo deja claro en el artículo 350.

En los últimos años en Venezuela, en medio de la crisis humanitaria que se vive, la alimentación ha sido tomada como bandera política y se han creado nuevos organismos e instituciones que apuestan por garantizarla, como los Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), sin lograr hasta ahora mayores resultados.

En julio del 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), actualiza la estadística referente a la subalimentación y malnutrición, en Venezuela y destaca que en el país, 6,8 millones de personas viven en estas condiciones.

La FAO, detalla en su informe que Venezuela tiene al 21% de su población en situación de hambre, porcentaje que ubica a la población nacional en tercer lugar, después de países como Yemen y Sudán del Sur.

En septiembre de 2019, las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se actualizan en el informe sobre Venezuela que presentó la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. El trabajo especifica que los venezolanos tienen un limitado acceso a los alimentos y que para costear una alimentación básica se requiere de 41 salarios mínimos.

La ONU, detalló que el 32,3% (2.3 millones de venezolanos) padece inseguridad alimentaria y demanda ayuda urgente. Y en el informe cita que se han hallado en la población: “carencias extremas en el consumo de alimentos, o la pérdida extrema de medios de vida que podría conducir a carencias en el consumo de alimentos o a algo peor”.

¿A quién alimenta el Gobierno?

La ONG Ciudadanía en Acción, que garantiza la preservación de los derechos sociales de los venezolanos, presentó durante el 2019,  una investigación sobre  la disponibilidad de alimentos en el país y la participación del Estado en la distribución de cajas CLAP y bolsas complementarias de alimentos.

El beneficio social del gobierno de Maduro, el CLAP, tuvo un alcance de apenas 19,4% durante 2019. De acuerdo al trabajo de la ONG, el CLAP, apenas llegó a 2.984.908 familias, a través de 4,65 millones de cajas mensuales, en promedio. Excluyendo a 53,43% de las familias necesitadas de apoyos socio-económicos.

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Mariela Betancourt, docente y dirigente social del municipio Junín del estado Táchira, denunció que reclamar el respeto a sus derechos ciudadanos y disentir del gobierno de Nicolás Maduro, son acciones mal vistas por quienes tienen la administración y distribución de los alimentos CLAP en la localidad fronteriza con Colombia.

Durante los meses de enero y febrero de 2020, Betancourt, protestó junto a un grupo de ciudadanos de Rubio (Junín), el cobro de las tarifas del gas doméstico en pesos colombianos. Además se pronunció ante las irregularidades que envuelven la venta del servicio público por parte del alcalde de la localidad Ángel Márquez.

Ahora Mariela Betancourt, fue excluida del beneficio social. No tiene acceso a una caja CLAP, explicó en entrevista a Frontera Viva.

“Cuando el líder de calle, notificó que se debía hacer la transferencia al banco Venezuela, la hice como siempre. Cuando esta persona va a la alcaldía con los depósitos y las listas el alcalde ángel Márquez, le anunció que yo debía comparecer ante su despacho si quería acceder al beneficio del CLAP. Me devolvieron el dinero”, narró la habitante del sector La Victoria parte baja, en Rubio.

La medida adoptada por el alcalde Márquez del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), representa una forma de amedrentamiento, dijo Betancourt.

La señalan de apoyar la guerra económica y el bloqueo en contra de Venezuela. “Me quiere obligar a ir a su despacho si quiero el CLAP. No lo haré. Mi dignidad está por encima. Esto es una forma de arrodillarnos. Nos quieren doblegar”, sentenció Betancourt.

La docente, es cabeza de familia, tiene hijos menores de edad y manifestó que no solo ha quedado excluida de la compra de la caja de alimentos, también de otros servicios administrados por el alcalde Márquez.

“No voy a poder comprar ni el CLAP, ni el gas. Ninguno de los beneficios que el alcalde maneja. En medio de una pandemia como la que vivimos que no sabemos cómo será la compra de alimentos, ¿y si solo dependiéramos de ese beneficio? ¿nos morimos de hambre por capricho de ellos?”, se preguntó.

Una práctica cotidiana

Mariela Betancourt, no sería la única a quien le fue negada la compra del CLAP. Otros vecinos de la misma localidad han manifestado, similar situación.

“No solo es el alcalde también, los llamados líderes de calle, niegan este beneficio de alimentación a dirigentes de partidos de oposición. En la cara y de frente se los han dicho: “no hay CLAP para ustedes porque son de oposición”. Ellos reciben lineamientos del alcalde Ángel Márquez”, dijo Osmey Correa, representante vecinal de Rubio.

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La presidente del Consejo Municipal de Junín, Lisbeth Sandoval, manifestó días atrás que no vendería el CLAP a una vecina de la comunidad de La Victoria, porque formó parte de una protesta en contra del alcalde y el consejo municipal, recordó el opositor.

“Un dirigente del PSUV, llegó a la casa de la señora y le manifestó que no recibiría la caja de comida por orden de Lisbeth Sandoval. La sentencia era que no tendría la caja de alimentos hasta no ir al consejo y hablar con la presidente”.

El opositor, acusó a Tulio Valero, un líder social del PSUV, que prohibió a otra vecina acceder a la bolsa de alimentos porque a su juicio “no es digna ni merecedora” por ser adversaria al gobierno de Nicolás Maduro.

“Se trata de una señora que tiene dos niños pequeños, es madre soltera y esa situación la perjudica”, señaló Osmey Correa.

La política de exclusión al beneficio alimentario se ha venido manejando desde hace años, apuntó.

“Juegan con las necesidades de la gente, humillan y los someten por la necesidad de comida que existe, ahora más que antes”.

Comentó que existen personas que caen en las pretensiones de los dirigentes del partido del PSUV, porque están necesitados. “Tienen que agachar la cabeza para acceder al CLAP y cualquier otro beneficio social”.

La comida: un negocio

En una crisis como la que se vive, en medio de una cuarentena y con salarios que no alcanzan ni para un día de alimentación, “estas alimañas le cobran a la gente en pesos colombianos que no tienen. ¿De dónde van a sacar el dinero?”, dijo Osmey Correa al referirse a quienes administran los programas sociales de alimentación y distribución del gas doméstico en el municipio fronterizo.

La alcaldía de Junín, vende combos de alimentos de procedencia colombiana a los habitantes del municipio a un costo de 33.000 pesos colombianos (unos 12 dólares) por familia, detalló el dirigente vecinal.

“Han hecho de la venta de comida un negocio. El CLAP, salía hace una semana atrás en 85.000 bolívares y una semana después de haber depositado, llaman a los vecinos para que realicen un nuevo depósito por 50.000 bolívares porque ha aumentado el producto. Ahora son 140.000 bolívares”, denunció.

Los vecinos temen reclamar o decir algo que moleste a la primera autoridad del municipio porque el castigo los aleja de comprar alguno de los servicios que él administra, recalcó Osmey Correa

“Tienen miedo de decir algo, de denunciar y entonces le piden a uno que sea su vocero”.

En contra de todas las normativas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, (OMS), donde se explica que no debe existir aglomeración de personas. El alcalde Ángel Márquez, ha instalado en la calle una venta de pollos beneficiados.

“La semana pasada instalo cuatro ventas de pollo en distintos puntos de las calles de Rubio. La gente hizo colas largas durante el día para comprar un pollo, sin ninguna medida de protección (tapabocas, guantes, ni distanciamiento social. Lo peor de todo es que la Guardia Nacional, el Consejo Municipal y demás autoridades, ven esta situación y callan, convirtiéndose en cómplices del ciudadano alcalde”, puntualizó Correa.

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