El fenómeno migratorio en América Latina se convirtió en un negocio ideal para las bandas criminales capaces de lucrar con la desesperación de quienes necesitan huir, mientras familias quedan con el alma rota al no saber el paradero de sus seres queridos, pues durante la ruta a nuevos destinos pueden ser víctimas de desaparición.

De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), “la desaparición es un delito de derecho internacional y constituye una las violaciones más atroces de los derechos humanos, a causa de la brutalidad de sus conductas constitutivas y la pluralidad de afectados”.

El deterioro de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, más el cierre de las fronteras entre ambos países en 2015, convirtió a las trochas (pasos ilegales) en los únicos senderos para llegar a suelo neogranadino si el migrante no disponía de los documentos exigidos para ingresar conforme a los parámetros legales.

Los cruces irregulares son territorios neutros, desprovistos de la presencia de autoridades responsables de resguardar la integridad de los individuos que los recorren. En estas áreas sin ley, las desapariciones son uno de los principales procedimientos usados por el crimen organizado para violentar los derechos de los migrantes.

La abogada venezolana especialista en Derechos Humanos y directora de la fundación Red Humanist, Elizabeth Melgarejo conversó con Frontera Viva respecto a la inexistencia de mecanismos de búsqueda mancomunados entre el gobierno venezolano y colombiano ante el incremento de migrantes desaparecidos en la zona fronteriza.

Personas cruzando a través de las trochas (pasos ilegales), pasando el Río Táchira desde San Antonio en Venezuela hasta la ciudad de Cúcuta en Colombia. (Foto por Luis ROBAYO / AFP)

En Norte de Santander, el tercer departamento colombiano receptor de venezolanos, permanecen desaparecidas 4.000 personas, entre ellas se encuentran 57 ciudadanos de Venezuela. “Los crímenes ocurren en el casco urbano de Cúcuta, las zonas rurales y a través de las trochas”, aseguró Melgarejo.

Según investigaciones efectuadas por la entidad, las desapariciones de venezolanos iniciaron en 2016, cuando el flujo masivo de migrantes escapó a Colombia debido a la emergencia humanitaria compleja acaecida en geografía venezolana.

Las desapariciones alcanzaron un punto crítico en 2018, un año después de las primeras filas de caminantes venezolanos observadas en Colombia, los grupos de migrantes -en tránsito hacia otras latitudes o decididos a permanecer en tierra colombiana-  más frágiles ante la desaparición.

“Los caminantes son vulnerables por las condiciones de su migración, sea interna o externa: andan las carreteras en soledad y constantemente usan cualquier tipo de transporte terrestre sin ninguna clase de control. Las particularidades de esta realidad dificultan la documentación, seguimiento y atención de los casos”, identificó Red Humanist.

A juicio de la abogada, la desaparición no era un crimen común para Venezuela, pero se convirtió en una práctica recurrente a partir de la migración de venezolanos y la clausura de la frontera compartida con Colombia, mientras el fortalecimiento de este delito pone en riesgo la garantía de la paz y la defensa de los derechos humanos.

Después de decretado el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, este era el panorama en el puente Simón Bolívar y sus trochas aledañas. (Foto por Juan Pablo COHEN / La Opinión)

La institución dirigida por la especialista venezolana determinó que la desaparición debe ser entendida como un problema trasnacional, que amerita un tratamiento de carácter binacional y depende de una respuesta jurídica, técnica y psicosocial por la cantidad de complicaciones generadas.

“La desaparición es producto del abandono estatal, pues la facilidad con la cual las mafias o redes criminales se forman e incrementan su alcance es reflejo de la debilidad judicial del Estado, cuya inacción frente al delito manifiesta que la desaparición es utilizada como método de dominio territorial y esparcimiento del terror en la frontera”, añadió Melgarejo.

Si la comisión del ilícito es sistemática y generalizada, es decir, una estrategia de sometimiento empleada por grupos de poder para crear un clima de temor e incertidumbre, la desaparición resulta en un crimen de lesa humanidad con consecuencias capaces de permear en el tejido social.

Escape hacía lo desconocido

La gravedad de la crisis multidimensional en Venezuela impulsó la mayor movilización humana de la historia reciente de la región. Hasta el momento, 7 millones 100 mil personas han escapado del hambre y la pobreza, registró la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

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Sin reparar en el número de kilómetros a transitar, emprenden caminos saturados de amenazas, en tanto, la mayoría de los migrantes no disponen de los recursos para acceder a medios de transporte regulares.

Tampoco poseen la capacidad económica para costear el trámite o actualización de documentos legales, que también permitirían un proceso migratorio seguro. El pasaporte, por ejemplo, tiene un costo de 215 dólares: más de 10 salarios mínimos.

De cara a este panorama, los venezolanos no miden distancias ni riesgos cuando se trata de correr lejos del colapso. Durante la búsqueda por la salida toman medidas desesperadas capaces de dejarlos a merced de negocios ilícitos.

Uno de los caminos más peligrosos atravesado por los venezolanos es la selva del Darién, conocida como la ruta del infierno que separa a Colombia y Panamá, usada por los migrantes para llegar a Estados Unidos (Foto de El País)

“La masividad de la migración venezolana ha sido clave en el incremento de las desapariciones; un caldo de cultivo para el secuestro, la trata de personas y el homicidio”, sentenció Melgarejo.

Red Humanist registró un par de desapariciones y ningún asesinato de venezolanos en Colombia previo al comienzo de la ola migratoria. No obstante, las cifras cambiaron después del cierre de las fronteras, la huida de venezolanos a la nación vecina y la “imperante” ilegalidad en las trochas, desde Arauca hasta la Guajira.

El éxodo sin precedentes ha generado una enorme presión en los países receptores, especialmente en materia de salud, educación y empleo. Por lo tanto, los gobiernos han reaccionado a los nuevos retos con controles de ingreso más rigurosos.

La severidad de los requisitos de entrada a los migrantes y refugiados de Venezuela, diseminados en Latinoamérica o en tránsito por América Central, no detienen el flujo, pero sí su regularización.

La evasión de los parámetros legales activa las maniobras de los traficantes de personas. Se trata de un mecanismo entramado por el beneplácito de las autoridades fronterizas, el traslado a través de los pasos informales y la cooptación (reclutamiento) de migrantes.

Luego de entrevistar a víctimas de desaparición, la organización advirtió que las redes de trata usan a familiares, amigos o conocidos de los “objetivos” para convencerlos de participar en supuestos trabajos, los cuales constan de “innumerables beneficios”.

“Les dicen que obtendrán una ‘muy buena remuneración y el empleo incluye estadía y transporte al sitio laboral’. Manipulados con artimañas, porque la desaparición y la trata de personas son engaños, salen de Venezuela. Llevados por la necesidad no cuestionan la oferta. Una vez allí, se topan con la cruda verdad”, explicó la especialista.

La ruta del desaparecido

¿Cómo fue la desaparición? ¿Cuándo hablaron por última vez con la víctima? ¿Dónde lo vieron antes del suceso? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Fue un familiar o un allegado quien se comunicó con la persona dada por desaparecida? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué tanto saben sus seres queridos?

Las respuestas a esas preguntas marcan el punto de partida de la búsqueda, pero localizar al desaparecido es un proceso minado de obstáculos, afirma Red Humanist. Al acompañar y asesorar a las familias en el seguimiento de los casos descubrieron que pueden estar tan perdidos como la persona desaparecida.

No poseen los recursos económicos, no tienen información suficiente, emigraron, estaban de tránsito por Colombia o fueron amenazados si denunciaban lo sucedido y -por tal razón- decidieron huir; fuera del alcance de la organización, obtener indicios se torna imposible.

“Cuando queremos llevar a cabo una acción específica, la gente se ha ido para otras ciudades colombianas, emprendió la travesía a un nuevo país o retornó a Venezuela; situaciones que dificultan el avance de la investigación”, apuntó Melgarejo.

A causa de las limitaciones impuestas por la ausencia física de los familiares de la víctima en el país donde fue cometido el crimen, la fundación considera indispensable disponer de un permiso otorgado por las familias que les permita diligenciar las solicitudes correspondientes ante las autoridades venezolanas y colombianas.

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La urgencia de este procedimiento se manifiesta en una de las problemáticas surgidas a partir de la desaparición de migrantes: son asesinados en el lado venezolano y sus restos abandonados en suelo colombiano. “Las familias emprenden la búsqueda en las morgues de Venezuela, pero el cuerpo en realidad está en el departamento de medicina legal de Cúcuta”, alertó la abogada.  

El propósito de Red Humanist es llegar a los familiares de los desaparecidos a fin de aclarar sus dudas y brindar luces a los casos, generar respuestas contundentes para ubicar a las víctimas y apoyar a los hogares antes que los estragos provocados por la incertidumbre sean irreversibles.

Inmersos en el limbo de la esperanza

El regreso del desaparecido puede tomar años o no vuelve jamás. El tiempo es el verdugo de quienes desconocen la localización de un ser querido. Los días transcurren en zozobra, desatando una espiral de desgaste emocional y psicológico en los familiares de la víctima.

“Hay familias venezolanas que tienen desde el 2018 buscando. Cinco años inmersos en ese martirio es una eternidad y cuántos más pasen, peor será la erosión del vínculo familiar”, comenta.

El hogar de la persona desaparecida experimenta dos etapas de incertidumbre. En la primera (fase de desaparición) surgen las dudas sobre el bienestar de las víctimas. Después, en la segunda, pasan de la aflicción a un estado de deterioro absoluto, en el que la identidad del grupo se desdibuja.

“El rol de cada miembro de la familia sufre transformaciones: si el esposo es el desaparecido, entonces la madre debe ocupar su lugar; si uno de los hijos es la víctima, serán los demás quienes tendrán la obligación de llenar el vacío”, expuso Melgarejo.

La abogada venezolana ha tratado con familias aferradas a la esperanza, que mantienen la habitación del desaparecido intacta a la espera de su llegada, pero la ilusión flaquea y deviene en un llanto desgarrador producto del desconocimiento total del paradero de la víctima.

Desde Venezuela en penumbras

Establecer contacto con las familias de los desaparecidos y tratar los casos permitiría al equipo de Red Humanist construir el patrón respecto al modus operandi detrás de las desapariciones de migrantes venezolanos.

“En Colombia existe una estructura para estudiar el fenómeno, gestionar las denuncias y comenzar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. En Venezuela persiste el vacío, carece de los mecanismos para manejar las desapariciones en la frontera”, destacó Melgarejo.

Si bien la organización cuenta con la colaboración de FundaRedes, Red Diálogo y Todos por la Educación, asimismo con la corporación colombiana Dios Nos Da Una Segunda Oportunidad y Aves Migrantes de Paso Somos Uno Solo, la intervención articulada de ambos gobiernos es componente esencial en el control del delito.

Los familiares de los desaparecidos suelen contactar primero a los medios de comunicación para iniciar la búsqueda de la víctima. Aunque su inclusión representa ayuda adicional, el seguimiento de las desapariciones demanda un accionar jurídico.

De acuerdo con la especialista, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, los Cuerpos Técnicos de Investigación y Medicina Forense son los organismos del Estado cruciales en la documentación, seguimiento y atención de los crímenes.

“Estamos en un momento decisivo para erradicar esta práctica atroz de violación de derechos humanos y lograr unirnos con el objetivo de encontrar una salida a los problemas suscitados en el eje fronterizo colombo-venezolano”.

La responsabilidad de evitar las desapariciones y averiguar el paradero de los desaparecidos es responsabilidad directa de las autoridades estatales. Ignorar la comisión del delito implica evadir el compromiso con el derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos. La omisión de los Estados desvaloriza la integridad y dignidad de las víctimas y sus familias.

Si necesita denunciar la desaparición de un ser querido o requiere ayuda jurídica, técnica y psicológica en el caso, puede contactar a la fundación Red Humanist al +57 (317) 7106560 o a través de [email protected]

Prensa Frontera Viva

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