Lo obvio: el masivo flujo migratorio regular e irregular de venezolanos a Colombia, ha traído, entre otras consecuencias, una reorganización de la lógica, intereses y procederes de los grupos violentos al margen de la ley que operan entre los dos países.

Así lo señalan los investigadores Jorge Mantilla, del Great Cities Institute de Chicago,  y Rafael Jaimes, abogado defensor de derechos humanos con énfasis en la región del Catatumbo, quienes participaron en un foro sobre la Vinculación de grupos armados ilegales  y los flujos migratorios en la frontera Colombo-Venezolana organizado por la Universidad “Simón Bolívar” en Cúcuta.

 Recordó Mantilla que, hasta el año 2015, la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, fue el mayor corredor vial comercial de Latinoamérica. Por este atractivo se convirtió también en un centro de ilegalidad, actuaciones ilícitas y ejercicios de control  por parte de los grupos ilegales sobre sectores específicos como el contrabando, el tráfico de gasolina, trata de blancas entre otros.

“El flujo migratorio y la inédita situación de Venezuela, ha reorganizado la lógica de los grupos irregulares en la frontera entre ambos países” señala. “La lucha se concentra en el control definitivo, entre otros aspectos, no solamente del contrabando, el paso de gasolina, sino también de las trochas y pasos ilegales que se han transformado en la caja menor que permite el sostenimiento de una estructura en personal y equipamiento para mantener sus acciones en la zona”. A su juicio, hoy por hoy en la frontera, es más rentable controlar una trocha que controlar una olla, venta de droga minorista en un barrio.

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Afirmó el investigador del Great Cities Institute de Chicago,  que la renta de la trocha, la explotación sexual entre otros aspectos resignifican el control social y económico en este territorio ampliando, en el caso de los grupos paramlilitares, su acción más allá de Tibú y Cúcuta donde siempre han operado.

Asesinados y desaparecidos

Por su parte, el abogado Rafael Jaimes,  alertó sobre la existencia de un subregistro de venezolanos asesinados, capturados y desaparecidos por parte de grupos irregulares que operan desde el Tibú hasta la frontera. Guerrilla, paramilitares y otras bandas, son responsables de estos procesos.

Puso en evidencia la creciente asociación, por parte de la sociedad colombiana, de la migración con la violencia. “Se debe reconocer que este es un proceso realmente único que está transformando poblacionalmente a Colombia.  Genera muchas tensiones en el orden social, mayor conflictividad en una zona donde el desempleo, la informalidad y la marginación han sido tradicionalmente altas”.

Reconoce que existe una depauperación de la migración. “Están llegando a este territorio los más pobres de los pobres venezolanos. No es una migración: luce más a una expulsión sistemática y violenta desde su territorio”.

Estos son, a su juicio, viejos conflictos. Indicó Jaimes que se debe ubicar claramente la relación entre los grupos violentos y esta migración. “¿Responde a un conflicto nacional, en dónde grupos violentos tienen un proyecto organizado hacia la frontera con control y comando. Es una acción local o es un fraccionalismo intragrupal, en donde, a diferencia de los primeros dos, impera la violencia o la ley del más fuerte?”

Cree que la situación de violencia en la frontera se parece a la anomia y la descomposición social de la década de los 90. “La sevicia de los asesinatos recientes, en donde se corta la cabeza del oponente y se mutila, es el lenguaje que los grupos violentos han usado en otros tiempos”

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Ambos investigadores señalaron que la actuación de las organizaciones criminales y el tema migratorio venezolano es transfronteriza. Hay aliados de lado y lado de la frontera: grupos que actúan utilizando la línea divisoria de acuerdo a sus intereses para escapar de la actuación de los organismos de seguridad del Estado.

Aseguran que el contrabando florece aquí porque es más barata la extorsión criminal que la extorsión que aplican algunos agentes del Estado, de ambos lados de la frontera, en contra del comerciante o empresario.

Creen que la reapertura de la frontera y de los puentes permitiría la reactivación de la economía legal  y por ende, le restaría poder a los grupos violentos que se lucran de los negocios ilegales. Mantilla lo define así: “Es la experiencia en el mundo. Donde hay economía irregular siempre es el crimen el que termina organizando” (Alans Peralta/Xendero)

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