Al cumplirse el pasado 8 de febrero de 2020 dos años del anuncio del inicio del examen preliminar referente al caso Venezuela, por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional -CPI-, sobre los crímenes de lesa humanidad que con carácter sistemático y generalizado se han cometido en los últimos años y se siguen cometiendo por parte del régimen de Nicolás Maduro, un grupo de abogados y defensores de derechos humanos exigen a este organismo Internacional una respuesta inmediata. 

El documento consignado este jueves 20 de febrero ante la CPI, fue firmado por el expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, Diego Arria;  por el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados,  Rafael Veloz; por el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez; por el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en España, William Cárdenas Rubio;  por el exembajador de Panamá en La India, Alejandro Garrido; por el exdirector General procesal de la Fiscalía General de Venezuela, Zair Mundaray; por el abogado experto en Cortes Penales Internacionales de la Universidad de Washington, Carlos Ramírez López; por el presidente emérito de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela, Omar Estacio; por el presidente de la Fundación Redes, Javier Tarazona;  por el exsenador del Congreso de Venezuela, Edgar Florez;  Anacelita Hernández, secretaria General de Fundación El Amparo; Jesús Berro,  coordinador de investigación académica del Colegio de Abogados del Táchira; Juan Manuel Guevara, director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Amparo Internacional;  por Francisco Sánchez, abogado Internacionalista del Centro de Estudios de Frontera e Integración de la Universidad de Los Andes -ULA- Táchira y por Gustavo Rodríguez, presidente de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Colombia, capítulo Norte de Santander. 

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Después de relatar las acciones emprendidas por el parlamento europeo,  el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos -OEA-, por los cancilleres de Argentina,  Chile,  Colombia, Paraguay, Perú y Canadá; por el Grupo de Lima,  por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,  entre otros,  exigiendo respuestas ante las violaciones de derechos humanos y la ejecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los firmantes realizaron seis exhortos y consideraciones, recordando que el 5 de diciembre de 2019 en su informe anual ante la Asamblea de Estados Parte, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda informó que espera finalizar el análisis sobre la situación de Venezuela a principios del año en curso. 

Las solicitudes 

El diputado jubilado del parlamento venezolano, Walter Márquez, impulsor del documento, junto con el diputado de la Asamblea Nacional Rafael Veloz, precisó que considerando que la Corte Penal Internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma,  se creó no solo para sancionar los crímenes internacionales objeto de su competencia,  sino para prevenirlos, solicitaron a los Estados parte de dicho Estatuto, especialmente a aquellos miembros de la Unión Europea y la OEA se sumen a la denuncia presentada el 26 de septiembre de 2018 por seis estados miembros ante la fiscalía de la CPI,  por crímenes de lesa humanidad a fin que se dé inicio a la investigación formal de manera inmediata. 

Por cuanto ha transcurrido un tiempo razonable para decidir,  exigen una decisión inmediata sobre el examen preliminar y el inicio inmediato de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, para evitar y prevenir más hechos que agraven la crisis,  pues hay un retraso injustificado en la iniciación, tramitación o resolución de más de 100 solicitudes de investigación ante la CPI, incurriendo en falta grave o incumplimiento grave de las funciones de la fiscal Bensouda, conforme a la regla 24 del procedimiento  prueba de la Corte. 

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Por su parte el Abogado William Cárdenas Rubio precisó que en tal sentido exigen a la fiscal Fatou Bensouda iniciar la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela o inhibirse de seguir conociendo esas causas, pues teniendo conocimiento desde el año 2004 cuando era vicefiscal, y a partir de 2012 como fiscal, han pasado más de 15 años sin decidir. 

Los firmantes del documento respaldan la denuncia realizada por Walter Márquez en contra de la Fiscal de la CPI por negligencia grave e incumplimiento de sus funciones, solicitando su separación del cargo por considerar que se ha dilatado mucho en actuar mientras la crisis humanitaria en Venezuela se agrava.  

Exhortaron a los países parte, denunciantes ante la CPI, solicitar una actuación inmediata de la fiscal, conforme al artículo 54.1.a del Estatuto de Roma, para que adopte medidas adecuadas para asegurar eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes.  Finalmente invitan a los países integrantes de la Asamblea de los Estados parte, especialmente a Colombia y Ecuador como miembros del Estatuto de Roma, para que soliciten se ejerzan mecanismos de supervisión independiente sobre la actuación de la Fiscal de la CPI.

Walter Márquez   

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