Se tardaron cuatro días en buscarla. La venezolana Carmen Peña, de 54 años, es una víctima colateral de la crisis sanitaria que trajo la pandemia en Ecuador. Murió en su casa el martes 31 de marzo por fallas renales y no fue sino hasta el viernes 3 de abril que Medicina Legal de Ecuador llegó al domicilio para llevarse el cuerpo. 

“Nos dijeron que esa era la despedida. Que no sabríamos más de mi mamá”. De acuerdo con Yusneiry Angulo, el funcionario que habló con ella le informó que el cuerpo sería llevado a un contenedor refrigerado y que, luego de un tiempo, sería cremada. “Nos dijo que mi mamá estaría junto a los muertos de coronavirus”, agregó Angulo.  

Según lo establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), el 14 de marzo, la cremación obligatoria en Ecuador sería para cuerpos de personas infectadas por COVID-19. Sin embargo, el mismo COE informó, el 31 de marzo que, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, no sería obligatorio la cremación: estaría permitido la inhumación y entierro de personas fallecidas con antecedentes y presunción de COVID-19.

“Nos dijeron que no podíamos hacer nada”, relató Yusneiry. A pesar de que en la Autorización Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud se indica cuál es la decisión de los deudos: ellos querían enterrar a su madre. 

Cuatro días de dolorosa espera

Carmen Peña llegó a Guayaquil hace un año procedente de La Guaira, Venezuela. Recorrió más de 3.000 kilómetros de carretera en bus hasta llegar a la ciudad donde estaban sus dos hijos y su esposo. Esperaba tener una mejor calidad de vida, tras haber padecido la escasez de alimentos, la precariedad del sistema de salud y la delincuencia. 

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En Guayaquil se dedicó a tareas domésticas. Los demás miembros del grupo familiar salían a la calle a vender almuerzos “a dólar” en el populoso mercado de La Bahía. Con esas ventas mantenían el hogar hasta el 16 de marzo, fecha cuando comenzó el estado de excepción provocado por la pandemia de COVID-19.

“Para esa fecha mi mamá empezó a sentirse mal, pero no quisimos llevarla al hospital por miedo a que se contagiara con el coronavirus. Además, en la televisión decían que estaban colapsados por la pandemia”, contó Yusneiry.

Cuando Carmen murió, los familiares llamaron al servicio de emergencia 911 para reportar el deceso, como lo establece el protocolo para el levantamiento de cadáveres del Ministerio de Salud. Esperaban que algún médico enviado por las autoridades sanitarias se acercara hasta el domicilio. Pero durante esa llamada el funcionario les dio dos opciones: “O resuelven ustedes por su lado o va Medicina Legal y se lleva el cuerpo y no vuelven a saber de él”, relató Yusneiry.

Al día siguiente hicieron otro intento, se comunicaron con el 911. Obtuvieron la misma respuesta. Preocupados se acercaron a una funeraria para saber cómo podían levantar el cuerpo. “Nos pidieron 900 dólares por el ataúd de mi mamá y por los papeles necesarios”. Los papeles referidos por Yusneiry Angulo son la planilla de la Información de la Certificación de Defunción, firmada por un médico; el Informe Estadístico de Defunción General y la Autorización Sanitaria. 

Un amigo ecuatoriano les prestó el dinero y pudieron obtener los documentos necesarios para un entierro y la urna. Pero no pudieron continuar con el procedimiento.

En la Junta de Beneficencia de Guayaquil, organización no gubernamental que administra el Cementerio General de Guayaquil, había muchas personas en la misma situación: todos buscaban enterrar a sus familiares. 

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“Le dijeron a mi hermano que debía madrugar y esperar un ticket para que en dos días lo atendieran; después le asignarían una fecha para el entierro porque diariamente solo atienden a 50 personas. Pero, además, teníamos que pagar 1.350 dólares en efectivo para los servicios del entierro”, explicó Angulo.

Como el cuerpo de descomponía rápidamente, decidieron embalarlo con plástico y guardarlo en la urna. La sensación de tener un cadáver en la casa no les dejaba dormir. “Es horrible saber que tu madre está en esas condiciones”, dijo Yusneiry. 

El 3 de abril a las 9 de la mañana, Angulo, su hermano y su padre decidieron hacer una denuncia por redes sociales. “Estamos aquí con el cuerpo de mi madre. Necesitamos ayuda. Ya han pasado 80 horas y nada”, declaraba el hermano de Yusneiry mientras señalaba la urna de su madre. Esperaba que por medio de las redes alguien les ayudara. 

El 3 de abril, Medicina Legal de Ecuador acudió al domicilio de la familia y se llevó el ataúd. No les precisaron a dónde sería enviado. Solo les dijeron que sería cremado.

“Eso no era lo que queríamos, ¿a dónde la podremos visitar?”.

Con información de Efecto Cocuyo

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