Para la organización Transparencia Venezuela, tres cosas quedan claras en el manejo de los recursos destinados para la atención a militares y policías que atravesaron la frontera hacia Colombia atendiendo el llamado realizado por el Presidente interino de la República Juan Guaidó. En primer lugar, a pesar de su origen particular, estos recursos eran fondos públicos, por lo tanto sujetos a las normas que regulan la materia. En segundo lugar, fueron manejados de manera irregular sin cumplir con los procedimientos que permitieran vigilar la transparencia en su administración y, en tercer lugar, la responsabilidad de los señalados solo se relacionaban a la manutención de los militares y policías y no a donaciones humanitarias de gobiernos.

Así se traduce del informe preliminar presentado por esta ONG a raíz de la solicitud realizada por la Asamblea Nacional de ejercer una veeduría ciudadana como respuesta a las denuncias realizadas por el medio digital Panam Post sobre presuntos hechos de malversación vinculados a este manejo.

Como se recordará el pasado 23 de febrero de este año desertaron grupos de policías y militares venezolanos, unos mil 500 aproximadamente según Migración Colombia, en medio del operativo de traslado de ayuda humanitaria por parte del gobierno Guaidó por los pasos internacionales.

El 14 de junio aparece publicada una denuncia en el medio citado sobre la presunta malversación de recursos destinados, primordialmente, al apoyo de estos ciudadanos por parte de los entonces responsables del manejo de estos recursos: Rossana Barrera y Kevin Rojas. Al día siguiente ellos fueron separados de su cargo para facilitar las investigaciones necesarias.

Ante la Fiscalía de Colombia, por haber ocurrido los hechos en territorio de este país, el embajador Humberto Calderón Berti presentó denuncia sustentándose en un informe elaborado por el contador Carlos Vargas sobre los gastos realizados entre el 24 de febrero y el 9 de mayo.

Partiendo de esta información, entrevistas a los directamente vinculados, datos recopilados en fuentes diversas. Según Barrera y Castillo se manejaron en efectivo, 32 millones de pesos donados por particulares y ONG, destinados a la manutención de los militares y policías.

Además hubo otros recursos adicionales, no cuantificados, que fueron transferidos directamente por donantes para el pago de cuentas a hoteles y empresas privadas que prestaron los servicios de alojamiento y alimentación. Por ejemplo: una Fundación local recibió del exterior 25 mil dólares y, con instrucciones directas de Barrera, fueron hechos pagos diversos sin que los señalados manejaran esos recursos directamente.

Concluye Transparencia Venezuela, a partir de las declaraciones de Barrera y Rojas, que se determinan tres fuentes de recursos para esta operación: dinero en efectivo, transferencias de donantes a empresas y la donación de 25 mil dólares manejada la Fundación mencionada.

Hasta el 9 de marzo, ACNUR se hizo cargo de los gastos de hospedaje y alimentación de los militares y policías. Barrera manifestó que ellos se encargaban de otras necesidades como medicinas y atención de salud afirmando que esto representaba un costo diario de 10 mil dólares.

RECURSOS PÚBLICOS

Señala Transparencia Venezuela en su informe, sustentados en el artículo 5, numeral 11 de la Ley Contra la Corrupción y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Administración Financiera, que los recursos provenientes de donaciones a órganos, entes e instituciones del Poder Público Nacional, administrados por funcionarios se consideran patrimonio público “por lo tanto sometido a registro, verificación, evaluación y seguridad en las operaciones”.

Rojas y Barrera indicaron a Transparencia Venezuela, que ellos presentaban informes regulares de la administración de los recursos a Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, hasta que fue detenido el 21 de marzo.

Asegura que no se puede alegar situaciones excepcionales o de emergencia para no cumplir con la norma ya que el artículo 141 de la Constitución así lo exige. Se debe garantizar la rendición de estas cuentas.

El informe contable que soporta la denuncia del embajador Berti indica que esto no ocurrió así: algunos pagos no se soportan en facturas originales que determinen si se pagaron o no esos compromisos, para algunos gastos simplemente no existen facturas, hay facturas duplicadas, no hay foliación en el informe, entre otros aspectos que considera irregulares. No hubo la adecuada garantía de transparencia en el manejo de estos recursos por parte de sus responsables.

Indica Transparencia Venezuela en su informe que tampoco hubo una adecuada coordinación con la Embajada y otros responsables lo que atentó en contra de la transparencia en el manejo de estos recursos. Destaca el informe de esta ONG que no se conocen los criterios para la selección los señalados para ser designados administradores de estos recursos públicos, ni los criterios de selección de proveedores para la operación entre otros detalles.

Concluye Transparencia Venezuela que, a pesar de las circunstancias sobrevenidas, se deben establecer sistemas de control de la administración de estos recursos producto de donaciones particulares que garanticen la transparencia administrativa.  Reconoce el informe que no se pueden establecer mayores responsabilidades sobre presuntos hechos de malversación ya que haría falta un rastreo de los movimientos financieros de todos los involucrados, entrevistas a particulares y empresas señaladas ya que eso corresponde determinarlo a las autoridades colombianas por las restricciones a la información bancaria.

Por: Alans Peralta

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