Grupos armados irregulares de origen colombiano han tomado fincas en Venezuela para usarlas en el cultivo y procesamiento de drogas así como también para la construcción de pistas clandestinas para el narcotráfico, al tiempo que desarrollan actividades de entrenamiento bélico y otros ilícitos con la complicidad de funcionarios del Estado.

Así se afirma en la investigación publicada por FundaRedes titulada:“Grupos armados irregulares se convierten en los grandes terratenientes de Venezuela” donde se presentan varios testimonios de personas que han sido despojadas de sus propiedades por parte de organizaciones criminales.

Según la organización defensora de derechos humanos, en los estados Zulia, Táchira, Bolívar, Portuguesa, Lara, Mérida, Trujillo, Barinas, Falcón, Carabobo, Aragua, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Caracas, Yaracuy, Amazonas y Apure hay evidencias de fincas tomadas por los grupos armados irregulares, y destinadas como pistas clandestinas de aterrizaje o para tener plantaciones de coca y marihuana.

El informe describe que “en algunos casos estas organizaciones criminales utilizan testaferros para invertir los recursos provenientes del narcotráfico y el contrabando en la adquisición de tierras, de allí que en los últimos años se han convertido en los grandes terratenientes de Venezuela bajo el conocimiento, e incluso en algunos casos, complicidad de las autoridades”.

FundaRedes cita a medios nacionales que reseñaron que a inicios de junio de 2019 estos grupos armados irregulares dieron un ultimátum a productores agropecuarios de los municipios José María Semprún y Catatumbo, del sur del Lago de Maracaibo en el estado Zulia, y ya a mediados de ese mes habían logrado expulsar a 15 de ellos de sus unidades de producción.

Igualmente refiere un trabajo periodístico donde se señala que “ya no queda ningún civil, productor o dueño de finca en los sectores La Motilona y Caño 14, municipio Catatumbo del estado Zulia. Todo el territorio está invadido de guerrilleros y paramilitares. Hasta la Escuela Caño 14 fue tomada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el sanguinario grupo Los Rastrojos se instaló sobre 22 fincas de las cuales han venido desalojando a sus dueños progresivamente”.

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El estudio refleja que se obtuvieron testimonios de pobladores de Caño Motilón y Caño del Medio, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, que en agosto de 2020 denunciaban que varios productores habían sido desalojados por grupos armados irregulares, quienes afirman que no se trata de expropiaciones de Derecho, sino de hecho, porque los irregulares se meten en las propiedades y sacan a sus dueños.

Esa situación también ha ocurrido en algunos municipios de la zona de montaña del estado Táchira, donde habitantes denuncian la reciente llegada de hombres armados para tomar control. Afirman los relatos en resguardo de la organización que en Colón, Michelena y Seboruco en Táchira son zonas que usan para operar y tienen batallones de 300 o 400 personas.

De acuerdo con la documentación realizada por la organización de DDHH, los grupos armados irregulares tienen distintos tipos de operaciones según la zona del país, en algunos amenazan a los propietarios de la fincas y les cobran vacuna pero conviven con ellos en el uso de las tierras, en otros extorsionan y amedrentan hasta que logran sacar a las personas de sus propiedades.

Ante esta situación FundaRedes acudió el pasado 8 de diciembre de 2020 a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Táchira y a la Fiscalía General de la República para denunciar formalmente la vulneración del derecho a la propiedad privada consagrado como precepto constitucional.

También el 26 de enero de 2021 la organización acompañó al ciudadano Marco Aurelio Becerra, habitante del municipio Córdoba del estado Táchira, a denunciar ante el Ministerio Público que en su localidad —La Blanquita, sector Santa Isabel— un grupo guerrillero no identificado invade fincas, recluta menores de edad, exige pagos y sus miembros portan armas largas.

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En estas acciones ante las instancias legales, la organización hizo un exhorto a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a quienes tienen la responsabilidad de ejercer funciones de resguardo para que cumplan su papel de proteger la integridad física de los venezolanos que son víctimas de expropiaciones y amenazas por parte de grupos armados irregulares en territorio nacional.

Prensa FundaRedes

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