La organización Acceso a la Justicia presentó un informe que expone el deteriorado estado en el que se encuentran las sedes policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público como consecuencia de la corrupción y la falta de recursos.

De acuerdo al informe, “en el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias”.

Añade que, con esta estrategia, los gobiernos de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro, impusieron sus planes políticos y económicos y, además, silenciaron a quienes se oponían a ellos, en especial a los que hicieron uso de sus derechos constitucionales a la protesta, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión.

A su juicio, el sistema de justicia penal solo existe en Venezuela para castigar y reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.

“El mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución es hoy letra muerta y los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor”.

En el informe se explica además que la cooptación del Poder Judicial comenzó al entrar en vigor la carta magna de 1999, al no cumplirse cabalmente el procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia.

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Sobre ello, agrega que el TSJ nunca ha sido nombrado como lo establece la Constitución de la República, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político.

“Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transformado en legalizadores de sus actuaciones”.

Con información de El Nacional

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