Tras un año de los ataques que se registraron en las poblaciones indígenas de Kumarakapay, municipalidad de la Gran Sabana en el estado Bolívar, en el marco del intento de ingreso de la ayuda humanitaria, las consecuencias se reflejaron en disminución del turismo y producción de artesanías, casi mil personas desplazadas y migración hacia el área de la minería.

Las dinámicas de las comunidades cambiaron luego de que muchos de sus habitantes huyeran de la represión. Entre el 22 y 23 de febrero de 2019 hubo siete muertos y otras 57 resultaron heridas entre las localidades de Santa Elena de Uairén y Kumarakapay, zonas fronterizas con Brasil.

Desde entonces, unas 966 personas de 14 comunidades indígenas huyeron a territorio brasileño de la intervención de cuerpos de seguridad, principalmente de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Según el abogado y coordinador del Foro Penal para los pueblos indígenas, Olnar Ortiz, Kumarakapay ya no es la comunidad turística de antes, ni para viajeros ni para locales. La minería que antes era trabajada de forma artesanal por los pemones, ahora se ha convertido en su fuente de ingresos.  

 “El turismo ya no es el mismo, todas estas personas que se están regresando se enfrentan con que no encuentran trabajo. La situación y la crisis en el pueblo pemón está haciendo que entren a la minería”, dice el defensor. “Hoy en día muchos están acudiendo a las minas para tener una fuente económica y mantener a sus familiares”.

Igualmente, Ortiz explicó que no se puede determinar cuántas personas han regresado; sin embargo, muchos han vuelto por la falta de estabilidad y de alimentación mientras las mujeres e hijos se han quedado en Brasil.

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“Además casi todos los profesores de Gran Sabana se han ido a las minas, y esto ha traído como consecuencia un déficit de maestros. Muchos, en general, están estudiando en Pacaraima (Brasil), y esta misma situación ocurre en las comunidades indígenas”, sentenció

Ante la “gravedad y urgencia” de la situación del pueblo pemón, el 28 de febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó “medidas de protección” a los integrantes de la etnia, esto por considerar que su integridad y derecho a la vida estaban en peligro. Pero, según Ortiz, estas medidas no se han cumplido.

“Estas medidas no han sido respetadas y parte de ello también es la exigencia de las comunidades a que se respeten sus derechos, establecidos en la Constitución y en otras normas internacionales ratificadas por Venezuela” dijo.

Asimismo, el integrante del Foro Penal resaltó que las comunidades indígenas de Santa Elena de Uairén y Kumarakapay exigen respeto a la autonomía del gobierno de las etnias, “que se respeten sus derechos económicos, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Astrid Anselmi

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