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Dos islas al noroeste de Venezuela albergan áreas de “no denuncia” donde la justicia en favor de migrantes y refugiados víctimas de violaciones depende de la suerte

Entre los seres humanos más vulnerables del mundo se encuentran los refugiados, quienes escapan de los territorios perseguidos por el terror de la guerra y la violación sistemática de sus derechos. Víctimas del conflicto, 82 millones de personas abandonaron sus hogares a la fuerza en el 2020, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Más de cinco millones de venezolanos han huido de su tierra y se encuentran dispersos por el mundo, asentándose en las fronteras cercanas ávidos de oportunidades que en Venezuela difícilmente pueden hallar. A poco menos de la mitad, la migración los ha convertido en refugiados mientras su permanencia en las naciones de acogida es un contraste entre la solidaridad y los atropellos.

A 757 km de Venezuela dos islas se alzan como uno de los principales destinos donde más de 40 mil venezolanos han fijado la ruta de fuga desde su estropeado país, pese a la predilección, aquel paraíso tropical ha resultado ser un espacio hostil con los migrantes y refugiados.

El paraje de El Caribe es Trinidad y Tobago, donde los venezolanos han padecido robos, violaciones, maltratos, ultrajes, violencia doméstica y violencia de género. Sus experiencias han sido reconfortadas por una fundación con la misión de extender su mano a los más vulnerables.

Camino a la Casita

En Arima, una ciudad de la isla, la Casita Venezuelan Cultural Heritage Centre (Casita de Arima) abre sus puertas para brindar alimento, abrigo y asesoría legal frente al trato cruel que reciben los venezolanos. La fundación está dirigida por Andreina Briceño-Brown, una venezolana cuya experiencia migratoria la impulsó a ayudar a sus compatriotas.

La fundación nace con el fin de promover el intercambio cultural entre niños venezolanos y trinitenses además de impartir el español en los menores nativos de Trinidad. La llegada significativa de venezolanos a la nación caribeña coincidió con el primer campamento desarrollado por la Casita, pues la mayoría de los participantes eran niños de la comunidad refugiada.

En palabras de Andreina, la barrera del idioma deja indefensos a los refugiados porque se convierten en blancos de abusos, explotación laboral y sexual, por tal razón insiste en la comprensión del lenguaje en tanto “cuando no hablas el idioma ni ejerces tu profesión, eres una persona sumisa e intentas mejorar tu calidad de vida, los demás pueden pensar que careces de educación y eso les permite aprovecharse de ti”.

Vencer la fragilidad de los venezolanos por no hablar inglés sería solo el comienzo de una larga lucha por el reconocimiento de sus derechos en Trinidad y Tobago. De hecho, la magnitud de la labor de Andreina provocó que la Casita comenzara a recibir más y más venezolanos, quienes se sorprendían al hallar un lugar donde narrar en su idioma nativo las historias que dejaban atrás.

Para la comunidad venezolana no ha sido tarea sencilla encontrar protección frente a los actos criminales experimentados. Si bien en sus declaraciones el ministro de Seguridad, Stuart Young, aseguró que todos los extranjeros en la isla tienen derecho a la justicia sin distinción de su condición migratoria, la disposición ha sido refutada por el primer ministro, Keith Rowly, al fomentar la xenofobia en su discurso político.

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Zonas no denunciables

Trinidad se divide en cinco municipalidades, unas en donde la justicia actúa y otras en donde es prácticamente imposible denunciar, explicó a Frontera Viva la directora de la fundación.

Policías corruptos y xenófobos se encuentran a lo largo y ancho de la isla infundiendo miedo entre los venezolanos que, si bien se han visto afectados por algún trato inhumano, temen formular la denuncia ante las autoridades, pero no todo es malo, de acuerdo a Brown, existen oficiales de seguridad cargados de humanidad y dispuestos a extender la mano a los extranjeros que lo necesiten.

“Que la denuncia sea atendida o no, depende del nivel de instrucción, la vocación de servicio del oficial y que no sufra crisis xenofóbicas. Si el funcionario no tiene la educación ni la formación para ejercer su trabajo como es debido, no comprende que el extranjero también tiene derecho a poner una denuncia”.

En el pasado, la directora de la Casita Arima, también fue víctima de xenofobia cuando una oficial trinitense no quiso recibir su denuncia con la excusa de no existir un intérprete, cuando en realidad si hay traductores dedicados a atender la situación de los venezolanos.

Denunciar los abusos contra los refugiados venezolanos ha puesto en riesgo la vida de Andreina, quien en una oportunidad recibió un disparo cuando un grupo de antisociales ingresaron a su casa y sometieron a su familia. Aunque aún no se sabe con exactitud el motivo del ataque, la hipótesis que se maneja es que podría guardar relación con un caso de violación sexual atendido por ella.

Huérfanos de protección

La ausencia de políticas migratorias influye en los brotes de discriminación contra los refugiados venezolanos. Tal carencia es inclusive utilizada para justificar el manejo deficiente de la situación por parte de las autoridades públicas. Al parecer la inexistencia de legislaciones en dicha materia los exime de apegarse a los convenios internacionales suscritos por el gobierno trinitense.

Desde el año 1951 la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, establecen que los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento dados a los demás extranjeros en un país. Asimismo, su piedra angular es el principio de no devolución, es decir, un refugiado no debe ser repatriado a su país de origen si enfrentan graves amenazas contra su vida o libertad.

Esta norma fue violada por Trinidad y Tobago al deportar a 29 venezolanos -entre ellos 16 niños- embarcados en dos balsas. La decisión desató una pesadilla al dejarlos a la deriva por dos días en el Caribe, expuestos a los peligros del mar y, en el caso de los menores de edad, separados de sus padres.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en consonancia con la Declaración de Cartagena, ha exhortado a los Estados a reconocer como “refugiados” a los migrantes venezolanos por huir de su territorio al enfrentar la violación sistemática de sus derechos, y en ese sentido, es obligatorio brindarles protección internacional.

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La estructura del lenguaje es también determinante al manejar la presencia de extranjeros en el territorio. El uso deliberado de palabras o frases puede despertar sentimientos enardecidos en los nativos, convirtiendo a la sociedad receptora en verdugos de los migrantes.

Tanto políticos como oficiales emplean expresiones como “invasión” e “ilegales” al referirse a los refugiados venezolanos, un acto con el potencial de sepultar cualquier oportunidad de encontrar en los locales algún trato humano o sensible.

El pico más alto de xenofobia detectado por Andreina fue durante las elecciones generales de Trinidad y Tobago en 2020, comicios con los cuales se elegirían a 41 miembros del Parlamento Nacional. Los candidatos a diputados catapultaron la discriminación como slogan de sus campañas con el propósito de despertar un gigante dormido: el rechazo.

El discurso político es capaz de edificar una sociedad inclusiva cuando el matiz es conciliatorio y sensato, pero si el color del vocabulario tiñe de odio las alocuciones de los personeros gubernamentales entonces destruye cualquier actitud de empatíacívica y aceptación, pues siembra en los ciudadanos la cultura del ataque.

Superando estigmas

A juicio de Andreina, la isla de Trinidad nunca había sido un lugar donde practicasen la xenofobia, pero el cambio ocurrió cuando los medios de comunicación igualmente decidieron inclinarse por la peligrosa tendencia de la generalización de los hechos al evadir una parte valiosa de la realidad: no todos los venezolanos emigran para hacer daño ni para cometer crímenes.

Mientras los profesionales de la información se abstengan de promover un dialogo inclusivo con la audiencia sobre los venezolanos, será fomentada la omisión de leyes migratorias y el lenguaje de las altas esferas del poder jamás evolucionará.

“Si los medios de comunicación atacan de manera desmedida a los migrantes, la población de acogida se siente agredida y no termina de aceptar a la comunidad de refugiados”, sentencia.

Otra manera de distorsionar la percepción de los trinitenses es a través de los crímenes cometidos por venezolanos en contra de sus connacionales, como el desmantelamiento de una banda delincuencial que prostituía a mujeres, siendo ilegal en Trinidad y Tobago el trabajo sexual.

“Cuando los connacionales son los cabecillas de un negocio ilícito provocan que los venezolanos reciban maltratos y sean percibidos de forma negativa por la comunidad local, empañando la necesidad de ayuda y protección de los refugiados”.

Ante el panorama descrito, la Casita de Arima procura derrotar la xenofobia – entre otras formas de discriminación – al exponer las raíces venezolanas por medio del idioma, la gastronomía, la música y los bailes típicos. “Para mí es muy importante que la gente sepa quién soy y de dónde vengo y me respeten por eso”, dice Andreina.

La misión de la fundación es sembrar el valor del respeto por el reconocimiento de la diversidad entre los extranjeros y los trinitenses, hallar en la identidad de los migrantes un punto de conciliación con los nativos de la isla para no convertir las nacionalidades en rivales.

Prensa Frontera Viva

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