Prensa Frontera Viva

En el marco del día Internacional del Derecho a la Salud, la organización “Defiende Venezuela” llevó a cabo un foro web sobre las restricciones de este derecho que se viven en el país: la emergencia humanitaria compleja que tiene lugar en el territorio ha provocado el colapso de las instalaciones y el sistema sanitario. 

Soledad García Muñoz, relatora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que América se encuentra en estado de alerta respecto al acceso a un servicio de salud óptimo.

En Venezuela el 79% de pobreza extrema existente dificulta aún más el goce y ejercicio del derecho a la salud, en tanto, el desabastecimiento de recursos y fármacos, junto al déficit de la infraestructura hospitalaria socavan y exponen la vida de los ciudadanos.

García Muñoz, destacó que a través de la comisión SACROI Covid-19, se ha logrado evaluar cómo la pandemia por coronavirus puso en jaque distintos derechos humanos, pues las consecuencias del virus evidenciaron las desigualdades y discriminación que sufren distintos sectores sociales para recibir atención médica, abastecerse de medicamentos y costear gastos fúnebres.

Grupos específicos como los migrantes, indígenas, mujeres y personas de bajos recursos se encuentran en riesgo frente a dicho panorama, además su situación particular podría interferir con el suministro de vacunas. La relatora, afirma que “uno de los principales retos en el 2021 es lograr la administración de las inyecciones sin ningún tipo de distinción”.

Un derecho fundamental

La salud se ha convertido en un derecho central en la agenda estratégica de la relatoría: con medidas cautelares, informes y resoluciones busca que la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, los cuatro pilares del derecho a la salud, sean garantizados por los gobiernos. “Labor ardua en el caso de Venezuela por la falta de políticas democráticas sólidas capaces de mantener la prevalencia del derecho a la salud”, dijo Muñoz.

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Por su parte, Rafael Gordon, miembro de “Defiende Venezuela” y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), consideró que una vez el régimen asumió la administración de la salud pública en el país, el pleno ejercicio del derecho a la salud terminó limitado. “Tal labor debería regresar a manos de organizaciones y empresas privadas”.

El defensor de los derechos ciudadanos, cuya responsabilidad ha sido dirigir medidas cautelares de pacientes con esclerosis múltiple a la Organización Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que estas medidas legales representan una ventana con vistas a la crisis sanitaria en Venezuela: “son métodos empleados para evidenciar el riesgo social y la injerencia indispensable del Estado para tratarlo”.

Son los mecanismos de protección que Venezuela ha suscrito con las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los que “Defiende Venezuela” busca activar para proteger a personas con deficiencias como la esclerosis múltiple, entre otras enfermedades.

El acceso a la justicia es decisivo en este contexto porque sobre las demandas en materia de salud pública, el “sistema judicial deber ser expedito”, subrayó Gordon, pues mientras se dan largas a resolver los incumplimientos del derecho a la salud, es el tiempo de vida de los enfermos el que corre peligro.

El también profesor de la Universidad Católica Andrés Bellos (UCAB), exhortó a no cesar los reclamos a pesar de la censura y las represiones, a fin de alcanzar impacto internacional que permita conseguir acceso físico a los centros hospitalarios, infraestructura acorde a las necesidades de los pacientes, tratamientos adecuados y atención oportuna: “solo así se cumple el derecho a la salud”.

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