Sofos de Mileto

El Informe demoledor

Freedom House es una organización internacional dedicada a defender los derechos humanos y promover el cambio democrático, con un enfoque en los derechos políticos y las libertades civiles. Actúan como catalizadores de la libertad mediante una combinación de análisis, defensa y acción. Realizan frecuentes análisis, centrados en 13 aspectos centrales, respaldados por un programa de trabajo internacional, entre los cuales están alcance autoritario, democracia durante la pandemia, democracias en decadencia, integridad electoral, igualdad y derechos humanos, responsabilidad y transparencia de gobierno y libertad de expresión.

Recién han publicado el Informe denominado “Libertad en el mundo 2021. Democracia sitiada.” En este estudio Freedom House afirma que “mientras una pandemia letal, la inseguridad económica y física y el conflicto violento devastaban el mundo, los defensores de la democracia sufrieron nuevas y pesadas pérdidas en su lucha contra enemigos autoritarios, cambiando el equilibrio internacional a favor de la tiranía.” Ocurre que cuando una pandemia letal, la inseguridad económica y física y el conflicto violento devastaron el mundo en 2020, los defensores de la democracia les azotó graves pérdidas en su lucha contra autoridades con conductas autoritarias, ganando escala internacional la tiranía. Los líderes en ejercicio utilizaron cada vez más la fuerza para aplastar a los oponentes y ajustar cuentas, a veces en nombre de la salud pública, mientras que los activistas asediados, sin respaldo internacional efectivo, son sometidos a fuertes penas de cárcel, tortura o asesinato en muchos entornos.

Estos golpes fulminantes marcaron el decimoquinto año consecutivo de declive de la libertad global. Los países que experimentaron deterioro superaron en número a aquellos con mejoras, por el mayor margen registrado desde que comenzó la tendencia negativa en 2006. La larga recesión democrática se está profundizando.

El informe revela que a nivel global hay una brecha de democracia de 45 puntos negativos, que se obtienen de restar al número de países que mejoraron, el número de países que disminuyeron.

¿Y Venezuela cómo aparece en esta medición? Cómo creen.  El reporte asegura que en Venezuela, que ha experimentado una vertiginosa caída de 40 puntos en los últimos 15 años, surgió cierta esperanza en 2019 cuando el líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pareció presentar un serio desafío al gobierno del dictador Nicolás Maduro. La oposición nombró a Guaidó como presidente interino según la constitución, citando la ilegitimidad de la elección presidencial que mantuvo a Maduro en el poder, y muchos gobiernos democráticos reconocieron su estatus. Sin embargo, en 2020, mientras los opositores al régimen seguían enfrentándose a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, Maduro recuperó la ventaja. A pesar del boicot de la oposición, se llevaron a cabo elecciones de la Asamblea Nacional fuertemente controladas, creando un nuevo organismo con una mayoría del partido gobernante. Es decir, el régimen represivo de Nicolás Maduro intentó cortar la legitimidad democrática de la oposición a través de un proceso eleccionario legislativo fraudulento. Esto produjo que la vieja legislatura liderada por la oposición se mantuvo en un estado debilitado.

Venezuela aparece en el Informe con un puntaje global de 14/100, en medio del cual su valoración de derechos políticos es de 1/40 y su calificación de libertades civiles es de 13/60. Específicamente, en el análisis se reseña que las instituciones democráticas de Venezuela se han deteriorado desde 1999, pero las condiciones han empeorado drásticamente en los últimos años debido a las duras represiones contra la oposición y con un partido gobernante que se basa en elecciones ampliamente condenadas para controlar todos los poderes del gobierno. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales de disensión política, restringiendo las libertades civiles y procesando a los supuestos opositores sin tener en cuenta el debido proceso. La grave crisis humanitaria del país ha dejado a millones de personas luchando por satisfacer sus necesidades básicas e impulsado la emigración masiva.

Indicadores claves en deterioro

Los aspectos más resaltantes que afectaron a las libertades ciudadanas y a la democracia en el 2020 se describen en el Informe. Veamos.

En enero, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) intentó socavar la legitimidad de Juan Guaidó, el presidente interino respaldado por la oposición democrática, al diseñar la elección de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Las fuerzas militares impidieron que los miembros de la oposición ingresaran a la cámara para participar en la votación, y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alineado con Nicolás Maduro ratificó la elección de Parra en mayo.

Las elecciones de la Asamblea Nacional, estrictamente controladas, avanzaron en diciembre a pesar de un boicot de la oposición, lo que dio lugar a un nuevo organismo con una mayoría del partido gobernante. En respuesta, la antigua legislatura liderada por la oposición extendió su propio mandato, en un intento por mantener el control del poder legislativo. A finales de año, Venezuela tenía presidentes y legislaturas rivales, con Maduro firmemente en control y la oposición democrática severamente debilitada.

Opositores, periodistas, activistas, manifestantes y los percibidos como disidentes enfrentaron una represión implacable, incluidas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

Le puede interesar.  Venezuela está en el inicio de la fase exponencial de contagio de COVID-19

Imposición de la intolerancia

Sobre el pluralismo político y la participación, se hace notar en el reporte que los líderes de la oposición han sido hostigados, atacados, encarcelados durante mucho tiempo y se les ha impedido participar en procesos políticos o liderar partidos políticos en actividades pacíficas. En septiembre de 2020, una misión de investigación independiente de la ONU concluyó, después de investigar más de 200 casos desde 2014 y revisar miles más, que el gobierno venezolano había ordenado el arresto y la tortura de numerosos disidentes, y que “incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene uno de las tasas más altas de asesinatos cometidos por agentes estatales en América Latina”. Había 351 presos políticos en Venezuela a fines de 2020, según el grupo de derechos Foro Penal. En mayo de 2020, 82 personas fueron arrestadas por ser parte de un presunto plan para secuestrar a Maduro y llevarlo a Estados Unidos, donde funcionarios en marzo habían ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Diecisiete de los detenidos confesaron y entregaron información sobre líderes opositores que estaban relacionados con el complot, según la Fiscalía Nacional controlada por el oficialismo.

Apoyo tenebroso

El régimen de Maduro depende cada vez más de las fuerzas militares, paramilitares y del apoyo opaco de estados extranjeros para retener el poder político. Los líderes militares han tomado el control de numerosas oficinas y Maduro ha continuado fortaleciendo a la Milicia Bolivariana, un grupo de milicias civiles establecido por el difunto presidente Hugo Chávez Frías en 2008 para apoyar a los militares; el gobierno afirmó que el grupo tenía más de 4 millones de miembros en 2020. En enero, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley para considerar a la milicia como parte del ejército oficial de Venezuela y Maduro afirmó que todos los miembros de la milicia deberían recibir un arma.

Por otra parte, los grupos armados irregulares, afiliados al estado, conocidos como colectivos, cometen habitualmente actos de violencia contra civiles, particularmente en protestas contra el gobierno, y llevan a cabo esfuerzos de intimidación de votantes respaldados por el gobierno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos atribuyó a los colectivos una serie de muertes ocurridas durante las protestas entre enero y mayo de 2019.

El régimen de Maduro cada vez más depende de la asistencia económica, médica, militar y de otro tipo de aliados extranjeros para mantener el poder, particularmente de Rusia, Cuba, Turquía e Irán.

Antipolítica en el poder

En relación al ejercicio de las funciones de gobierno, Freedom House indica que Venezuela no funciona como una democracia representativa. La legislatura controlada por la oposición no tuvo capacidad práctica para llevar a cabo su mandato constitucional entre 2015 y 2020 y desde agosto de 2017 fue suplantada por la Asamblea Nacional Constituyente, un organismo repleto de leales al régimen que fueron elegidos en condiciones antidemocráticas. Luego de que la oposición anunciara que boicotearía las elecciones a la Asamblea Nacional de 2020, asegurando efectivamente el control de la cámara por parte del PSUV, Maduro anunció el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, la corrupción es rampante en Venezuela. Las políticas económicas del gobierno, en particular sus controles de precios y divisas, ofrecen oportunidades significativas para la actividad del mercado negro y la colusión entre los funcionarios públicos y las redes del crimen organizado. Estados Unidos, Canadá, Panamá, la UE y otros continúan sancionando a funcionarios venezolanos por corrupción y otros delitos que no se investigan en Venezuela. Por ejemplo, en marzo de 2020, el entonces fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, acusó a Maduro y a otros funcionarios de alto rango de tráfico de drogas. Por otra parre, prácticamente no hay transparencia con respecto al gasto público. Además, el régimen de Maduro ha fracasado sistemáticamente en publicar datos económicos confiables, incluidas estadísticas de inflación mensual y producto interno bruto anual.

Exigiendo mutis

El Informe hace notar, en cuanto a la libertad de expresión, que los periodistas independientes de Venezuela operan dentro de un entorno legal y regulatorio altamente restrictivo, y corren el riesgo de ser arrestados y sufrir violencia física en relación con su trabajo. La mayoría de los periódicos independientes del país han cerrado o han pasado a un formato exclusivamente digital, donde están sujetos a frecuentes bloqueos.

En el primer semestre de 2020, hubo al menos 12 detenciones arbitrarias de periodistas en relación con su cobertura de la pandemia COVID-19, según el Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela (IPYS). Los periodistas también fueron detenidos por otras razones durante ese período, principalmente relacionadas con la cobertura mediática de una escasez de gasolina. La organización no gubernamental Espacio Público documentó 112 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela hasta mayo, incluidas intimidación y censura, en su mayoría contra periodistas y numerosas cometidas por fuerzas de seguridad u otros agentes estatales. En agosto dos periodistas del canal de televisión Guacamaya TV fueron asesinados por miembros de las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Le puede interesar.  AT&T cierra operaciones de DirecTV América Latina en Venezuela

Adoctrinamiento por autonomía

Con respecto a la educación, la publicación destaca que la libertad académica se ha visto sometida a una presión cada vez mayor desde que el chavismo llegó al poder. Los recortes presupuestarios y otros problemas de financiación han socavado la autonomía de las universidades y provocado un éxodo de académicos del país. En 2020, las universidades públicas en muchos casos recibieron tan solo el 10 por ciento de los fondos solicitados para varios programas durante todo el año.

En agosto de 2019, el TSJ al servicio del régimen de Nicolás Maduro ordenó suspender temporalmente de su cargo a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, la universidad más grande y mejor clasificada del país, cambió las reglas de votación para la elección de autoridades universitarias y estableció que en ocho universidades del país se debían realizar elecciones de sus autoridades en los siguientes seis meses. Particularmente el fallo dictaminó autorizar al Consejo Nacional de Universidades, dominado en su mayoría por el régimen, que estableciera un cronograma de elecciones de autoridades, violentando con ello la autonomía universitaria. Sin embargo, luego de una serie de protestas estudiantiles, el TSJ en febrero de 2020 permitió más tiempo para celebrar las elecciones, pero la sentencia contenía dispositivos ordenando a las casas de estudios superiores iniciar un proceso eleccionario que pusiera en práctica el principio de universalidad y sectorización de la comunidad universitaria, lo que los líderes universitarios caracterizaron como confuso y que, según los defensores de los derechos, podría dañar aún más la autonomía de las universidades.

Las clases se han suspendido prácticamente desde marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, y las universidades en gran parte abandonadas han sido posteriormente blanco de vandalismo. La ONG Aula Abierta contabilizó 112 incidentes de seguridad en universidades durante el año.

Estado sin Derecho

Se refiere Freedom House también al Estado de Derecho. En este sentido, en los últimos años, el TSJ ha emitido numerosas decisiones que han reforzado el poder de Maduro. En 2020, se anuló la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, se cambió el liderazgo de los principales partidos políticos de oposición y el tribunal elige a los nuevos miembros del CNE sin la intervención legalmente requerida de la Asamblea Nacional liderada por la oposición.

Un informe de la ONU de 2020 sobre los derechos en Venezuela señaló que la falta de independencia judicial contribuye a la incapacidad de las autoridades para proteger los derechos humanos.

Agrega el documento, en relación al debido proceso en materia penal y civil, que en septiembre de 2020, un informe de la ONU afirmó que Maduro y su gobierno cometieron al menos 223 violaciones de derechos humanos desde 2014, incluidas torturas y ejecuciones extrajudiciales. El informe identificó a tres cuerpos policiales y de inteligencia como los principales responsables: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); y FAES. En 2019 la ONU había pedido al gobierno de Venezuela que disolviera FAES, pero el organismo sigue funcionando. En los últimos años, el SEBIN ha desempeñado cada vez más funciones policiales y ha detenido a políticos y periodistas de la oposición sin informar al Ministerio Público ni presentar cargos oficiales.

Finalmente, se reseña que los venezolanos continuaron huyendo del país en cantidades masivas debido a las actuales crisis sociales y económicas del país. En agosto de 2020, el FMI informó que la emigración venezolana podría llegar a 10 millones de personas para fines de 2023.

El verdadero confinamiento

El Informe de Freedom House, así presentado, lleva a la más lapidaria conclusión. La democracia y la libertad son categorías o nociones totalmente ausentes del esquema de vida del venezolano. No existe ningún indicador que evidencie la fuente del poder originario, de la autoridad de gobierno en el pueblo, y menos aún que el venezolano sea reconocido en su dignidad humana con el más elemental de los derechos que es su autonomía, su libre albedrío, su voluntaria elección de su destino.  La generación joven, menor de 20 años, jamás ha conocido el goce de estos elementales derechos humanos. Además, frente al orbe entero, en las narices de los pueblos y países que conforman el “orden mundial”, se está cometiendo la más depredadora y genocida extinción de una nación, sin conflicto bélico de por medio. Esta devastación inmisericorde la hace un régimen aplicando un plan macabro, inducido, intencional, programado. Con esta metodología, de un sistema político republicano, donde debería estar contenido un Estado Constitucional, y de pleno reconocimiento y garantía de derechos, se ha pasado a un Estado de sitio a la democracia y a la libertad, con el cual se instaura un Estado Comunal Comunista que nos están imponiendo sin capacidad de reacción alguna ante ello, para acabar de desmantelar cualquier autodeterminación del venezolano.

Estamos asediados, bloqueados, arrinconados, acorralados. Estamos a escasos minutos de que coloquen el infranqueable candado para quedar totalmente cercados.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí