Carlos Ramírez López @carlosramirezl3

Venezuela luce judicial y financieramente arrinconada por la amenaza de ejecución de varias sentencias condenatorias que ha emitido el tribunal de arbitraje internacional CIADI en numerosos juicios motivados a las expropiaciones dictadas por Hugo Chávez, trágica situación en la que ha contribuido grandemente la persona a quien la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó designaron para el cargo al que corresponde nuestra defensa, el Dr. José Ignacio Hernández, quien en algún momento deberá ser llamado ante un tribunal para que responda por sus actos.

EL CRIMEN LESA PATRIA

Por mandato constitucional corresponde al Procurador General la defensa de los bienes patrimoniales de la República, y su designación es de la reserva exclusiva del Presidente con autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, se trata de un cargo cuya investidura debe ser discernida por la actuación conjunta de dos de los poderes del Estado, por lo que mal puede reconocerse validez a los actos que en carácter de tal aparecen suscritos por un simple “encargado” que dejó Cilia Flores cuando el 11 de marzo 2013 renunció a dicha posición para irse a la campaña electoral, como es el caso de Manuel Galindo, como tampoco -y mucho menos- de la persona que este “encargado” al renunciar a su vez nombró como “viceprocurador” (22 de diciembre de 2014), como es el caso de Reinaldo Muñoz Pedroza quien desde entonces viene ocupando ilegalmente ese alto cargo.

Ver: “procurador encargado” Manuel Galindo nombra a Reinaldo Muñoz Pedroza como “viceprocurador”.
Gaceta Oficial del 22 de diciembre 2014. Pagina 417.603
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/diciembre/22122014/22122014-4167.pdf

Este es un tema básico, primario, fundamental, que ha sido abusiva e intencionalmente ignorado por el CIADI cuando ha permitido enjuiciar y condenar a Venezuela a pagar exorbitantes sumas de dinero en procesos donde su representación ha estado siendo groseramente atribuida a estos usurpadores Galindo y Pedroza, dos personas que ni las designó el Presidente, ni las aprobó la Asamblea Nacional, por tanto esas sentencias son nulas de pleno derecho. Pero tal defensa tan clara no la vio, ni la alegó, José Ignacio Hernández quien redujo el reclamo al hecho de que a partir de su nombramiento -5 de febrero de 2019- era a él a quien le correspondía representar a Venezuela en los juicios. De esa manera, tácitamente Hernández reconoció como válidas las actuaciones que realizaron los mencionados usurpadores desde esa fecha para atrás -de marzo 2013 a febrero 2019, seis años en total- tiempo en el que se produjeron los actos más importantes de los procesos que llevaron a las condenas contra el país. En resumen, él regaló reconocimiento a los decisivos actos ilegalmente celebrados durante todo ese tiempo en esos juicios.

SE LIMITÓ A PEDIR UNA REBAJITA

Así fue como José Ignacio Hernández, y los costosísimos abogados que contrató, desperdiciaron la oportunidad de hacer un planteamiento serio e irrefutable para anular las sentencias con las que el CIADI tiene a Venezuela sumida en una tragedia financiera pocas veces vista en el mundo. Este funcionario llegó al colmo de haber publicado como un éxito que el CIADI lo reconociera tanto a él como al citado usurpador Reinaldo Muñoz Pedroza, en conjunto y en actuaciones simultáneas, pidiendo que rebajaran 225 millones de la ilegal condena, en vez de exigir su nulidad, petición que de inmediato la demandante ConocoPhiilips aceptó para consolidar rápidamente el fraudulento fallo que le concedió mas de 8 Billones y medio de dólares

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La sentencia dijo que en vista de que tanto José Ignacio Hernández como Reinaldo Muñoz Pedroza, actuando ambos como representantes de Venezuela lo que pedían era una corrección matemática en la suma de la condena, no había conflicto entre ellos por lo que reconocía a los dos y visto que la demandante aceptó que había un error numérico y convenía en su corrección, el organismo procedió a rectificar el fallo rebajando la suma reclamada.

En este enlace puede verse esa sentencia: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10771.pdf

LA INSÓLITA “VICTORIA”

Dictada la sentencia antes mencionada José Ignacio Hernández publicó un tuit: “La República logra una victoria en el caso ConocoPhillipp al lograr la rectificación del laudo dictado en su contra y obtener así un ahorro superior a 200 millones de dólares. La Oficina del Procurador Especial sigue trabajando en la defensa del Estado

Para cerrar este comentario traigo a colación un audio que reprodujo toda la sesión donde la Comisión de Energía y Petróleo de la AN interpeló a Hernández y entre otras revelaciones allí se habló de un acuerdo subterráneo suyo con esta empresa ConocoPhillips para que se le pagara la antes citada fraudulenta sentencia: “Guaidó team favoring ConocoPhipps in Citgo fight

https://www.argusmedia.com/pages/NewsBody.aspx?frame=yes&id=2116168&menu=yes

La publicación está en inglés y de ella extraigo un párrafo que traducido dice:

“…En el audio, cuya veracidad fue confirmada ayer por la Procuraduría General, Hernández describe un “entendimiento” con ConocoPhillips en el que la empresa estadounidense “pausaría” un caso estancado contra Pdvsa en Portugal para centrarse en un caso en curso en un tribunal de Delaware…”

Ese “entendimiento” sería el corolario de tanta ligereza que en el proceso le concedió el señor José Ignacio Hernández.

EL INCREÍBLE CASO CRYSTALLEX

El proceso que ha resultado el mas escandaloso de todos, el de Crystallex, Caso ARB (AF)/11/2, donde José Ignacio Hernández ha estado de los dos lados del pleito, primero trabajando para dicha empresa contratado por los apoderados de ésta, el bufete norteamericano “Gibson, Dunn & Crutcher”; y luego en el lado contrario como representante de Venezuela a título de Procurador especial lo cual ha intentado negar aduciendo que se inhibió pero tal cosa no consta en ninguna parte, no hay un acta, no hay una decisión, no hay la declaratoria con lugar ni la concesión de representatividad a otra persona, y para mayor contradicción afirmó que quien lleva ese caso es el embajador Carlos Vecchio lo cual resulta contradicho por el hecho de que éste no puede ejercer a la vez ese cargo de Procurador sustituto.

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En resumen los actos de José Ignacio Hernández interviniendo en el mismo juicio, primero a favor de la demandante empresa Crystallex y después del lado de la demandada República Bolivariana de Venezuela constituye  un claro caso de conflicto de intereses que se castiga como delito de prevaricación previsto y sancionado en el artículo 251 del Código Penal Venezolano: “El mandatario, abogado, procurador, consejero o director que perjudique por colusión, con la parte contraria o por otro medio fraudulento, la causa que se le haya confiado, o que en una misma causa sirva al propio tiempo a partes de interés opuestos, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la condena.”.

LA OTRA ESCANDALOSA REVELACIÓN

Ahora se ha descubierto que esa empresa Crystallex no es la beneficiaria de la sentencia condenando a Venezuela, que en realidad ese dinero va para una firma que le compró los derechos para demandar el pago, y que tal compra fue por la suma de 76 millones de dólares por los que ahora recibirá el citado monto de la condena, 1.400 millones de dólares que se extraerán de la agonizante Venezuela.

Una investigación periodística revela que la firma denominada Tenor Capital le había comprado a Crystallex el 80 por ciento de los derechos del caso llevó con sus abogados aparentando ser Crystallex como la parte demandante por la suma de 76 millones, y del pago por la condena contra Venezuela ahora recibirá 800 millones. Especulación abusiva, agiotismo puro, al amparo de fraudes cobijados por el CIADI y por a quien le correspondía ejercer la defensa en juicio contra ese fraude que infecta de nulidad el proceso.

Fuente: https://lta.reuters.com/articulo/idLTAL1N1YQ0DA

Unas simples preguntas obligan a una respuesta crucial sobre la validez de la sentencia: Si Crystallex vendió por 76 millones los derechos para reclamar indemnización a Venezuela ¿no sería esa en todo caso la suma que en realidad podría haber sido sentenciada a su favor en vez de 1.400 millones? ¿El Banco Mundial creó al CIADI para legitimar la usura? ¿Responde al propósito de la creación del tribunal de arbitraje internacional esta actividad?

CONTINUARÁ…

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